La Vanguardia titulaba el pasado lunes en primera página El Gobierno empieza el traslado de menores en plena oleada de xenofobia. Ojeé la página dos, donde va el artículo del director, y vi que estaba al mando un sustituto progresista. El periodismo catalán, ya saben, va por cuotas.
Pero de todos esos que están a favor de acoger menas… ¿cuántos estarían dispuestos a acoger a uno en su casa? Hay vídeos en las redes con la prueba del algodón. En cuanto el periodista que les pregunta les enseña un subsahariano que busca vivienda, se echan para atrás con cualquier excusa. Yo se lo pregunté una vez al entonces consejero de Exteriores de la Generalitat, el republicano Alfred Bosch, durante una rueda de prensa en Palau. Me dijo que era un asunto privado. O sea, que no debió acoger ninguno.
En otra ocasión, tras una rueda de prensa en el Parlament —cuando no estaba vetado—, le pedí al diputado también de ERC Rubèn Wagensberg que dijera la escuela a la que había ido. Wagensberg era el de papeles para todos. Al final, tras mucho insistir, me dijo que a una concertada. Pero comprobé que era a una concertada pija. Por eso es muy fácil hablar sobre inmigración cuando vives en barrios sin apenas inmigración. Yo, quizá por eso, siempre he estado en contra de acoger a los menas. Desde luego, tiene que ser un drama humano jugarse el pellejo en el Atlántico o en el Sáhara. Pero tienen familia. El verdadero drama es que los padres, tras haberlos tenido, quieran desembarazarse de ellos.
Hace poco me comentaron el caso de una comisaría de los Mossos. Los padres fueron de visita a una localidad catalana con un elevado porcentaje de población extranjera. Y luego le dijeron al chaval que encaminara sus pasos hacia la citada comisaría. Que lo tratarían bien. Les aseguro que no es la primera vez que pasa. Habría que hacer con los menores extranjeros lo mismo que se hace con los menores nacionales que se escapan de casa: devolverlos a sus familias. Excepto en el caso de que hayan cometido un delito, que entonces pasan al juzgado de menores. Y si no a las autoridades marroquíes. La mayoría proceden de este país. No he entendido nunca la posición defensiva de España respecto a Rabat en política exterior. Es cierto que hay los contenciosos habituales —quizá debería decir amenazas—: Ceuta y Melilla, Canarias, la pesca… ¿Pero cuántos marroquíes hay en España? Oficialmente son más de 800.000. Aunque todo el mundo sabe que son más. Los sin papeles no salen en las estadísticas. Y los nacionalizados, tras diez años de residencia en España; tampoco.
En ocasiones me pregunto también si diez años es también suficiente. La última vez que fui a renovar el DNI entablé conversación con la funcionaria de turno. Me llamó la atención que había mujeres magrebíes, de edad madura, que iban a buscar su documento de identidad. Oficialmente eran ya españolas. Pero iban con la nieta. No hablaban ni catalán ni castellano. Entiendo perfectamente que debe ser difícil aprender otro idioma tan distinto al árabe. A fin de cuentas, el catalán y el castellano son lenguas románicas. Sin embargo, indica también un nivel nulo de integración.
Además, repartir a los menas por toda la península —excepto Cataluña— va a provocar un efecto llamada. Me imagino a los chavales diciendo, a través de sus redes sociales, que los tratan bien. Y que —en algunos casos— hasta los han alojado en hoteles de cuatro estrellas.
Por otra parte, no hay que olvidar que se ha creado un negocio floreciente. Basta ver la ONG de Canarias investigada por presuntos malos tratos. O los más de 160 millones desviados por la Dirección General de Atención a la Infancia catalana (DGAIA). De momento, Salvador Illa le ha cambiado el nombre y ha empezado a reclamar las cantidades pagadas indebidamente. ¿Cómo van a devolverlas? Lo que tendría que haber hecho es presentar denuncia. Pero los consejeros afectados son —en su mayoría— de ERC, sus socios parlamentarios. No quiero pensar mal.
A los 18 años se los deja de patitas en la calle. Si no encuentran trabajo, es inevitable que caigan en la pequeña delincuencia. Hurtos, robos a pensionistas —que son los más indefensos—, trapicheo, etc. Y de la pequeña delincuencia o la mediana delincuencia a la gran delincuencia a veces sólo hay trecho. Por no hablar de las okupaciones. En Cataluña estamos encima de todo el ranking: más de 40% se producen en esta comunidad autónoma. Entre otras razones, porque tuvimos una alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y un presidente de la Generalitat, Quim Torra, que dijeron que las leyes injustas había que incumplirlas. Se cargaron de un plumazo el principio de legalidad. Menudo ejemplo.
Es curioso: no ocupan ni los asiáticos ni los pakistaníes, sólo los magrebíes. Lo he visto con mis propios ojos. Desconozco qué política de vivienda hay en Marruecos, pero estoy seguro de que es menos laxa que aquí. Seguro que no van con tantos miramientos. Por todo ello, lo que decía: no a los menas.