La convocatoria de nuevas elecciones, que parece a estas alturas la salida más probable del impasse creado por la incapacidad de los tres partidos constitucionalistas para articular un acuerdo de gobierno, puede desembocar en un Congreso de los Diputados de composición similar al actual o experimentar modificaciones que, aunque ligeras, permitan la formación de un Ejecutivo respaldado por una mayoría aritméticamente sólida e ideológicamente sostenible. Se supone que los votantes han aprendido algo de estos cuatro meses patéticos de idas y venidas, declaraciones y contradeclaraciones, ofertas y reproches, con sesión de investidura fallida incluida. Lo que muchos españoles llamados a pronunciarse de nuevo han constatado es que existen incompatibilidades personales insuperables por un lado y posiciones políticas irreconciliables por otro.

Entre las personales, es evidente que Rajoy y Sánchez se detestan hasta un punto tal que no van a sentarse juntos en la mesa del Consejo de Ministros antes del 2 de Mayo ni van a permitir por activa o por pasiva que su rival lo presida. Este obstáculo seguirá presente, sea cual sea el veredicto de las urnas. Las líneas rojas políticas son la unidad nacional y el rechazo absoluto por parte del PP, de Ciudadanos y se supone del PSOE, a un referendo de autodeterminación en Cataluña, y el cumplimiento de los objetivos de reducción de déficit, que imposibilitan el entendimiento entre fuerzas que discrepen en punto tan sustancial. Tampoco estos obstáculos van a desaparecer, por lo que un hipotético Gobierno de pura izquierda mantendrá su inviabilidad.

A la vista de estas condiciones de contorno, es bastante posible que se produzca un realineamiento de sufragios en busca de la estabilidad. Una parte de los apoyos a Podemos puede volver al PSOE con el fin de reforzarlo de cara a un Gobierno de coalición de centro-izquierda, una fracción de antiguos votantes del PP pasados a Ciudadanos pueden verse tentados de regresar a su casa de origen deseosos de evitar la repetición de la frustrante situación surgida del 20-D, y una coalición Podemos-IU puede intentar optimizar electoralmente el ámbito de la extrema-izquierda, compensando así el previsible descenso de Pablo Iglesias y sus mareas. Sin embargo, no hay que descartar que Ciudadanos reciba la recompensa a su actitud a lo largo de este confuso período porque ha sido la formación que se ha mostrado más abierta, razonable y constructiva, poniendo el interés general por encima de otras consideraciones, sin permitirse en ningún momento concesiones contradictorias con su ideario y su programa.

Por supuesto, la sustitución de los cabezas de cartel del PP y del PSOE antes del 26 de Junio por figuras no contaminadas por la corrupción y dotadas de mayor carisma contribuiría positivamente a mejorar las expectativas de ambos a la vez que facilitaría la concreción de pactos posteriores. Esta maniobra no parece factible habida cuenta de la rigidez interna de los partidos en España, carentes de los mecanismos orgánicos necesarios para reaccionar con agilidad ante los requerimientos del mercado electoral.

Ahora bien, en caso de reproducirse una composición del Congreso tan inmanejable como la que nos disponemos a dejar atrás, los líderes de las tres opciones “sensatas” se verían obligados a buscar una solución venciendo todos sus prejuicios e intereses egoístas porque de lo contrario la reacción de la ciudadanía se los podría llevar por delante. La sociedad española no toleraría otro espectáculo lamentable como el que se le ha hecho padecer y, por mucho que les costase, Rajoy y Sánchez, si fuesen ellos los jefes de filas de sus respectivas organizaciones, deberían hacer de tripas corazón y componer un Gobierno de concentración.

En cualquier caso, la presencia de Ciudadanos en la fórmula que se adoptase garantizaría un impulso reformador del que carecen tanto el PP rajoyista como el PSOE sanchista, sin el cual los grandes problemas de nuestro país no tienen solución.