Por primera vez en la historia de la Humanidad, y con sorprendente unanimidad de países y partidos, los gobernantes europeos han demostrado que no les preocupa la continuidad de sus respectivos pueblos. Si se lo hubieran explicado a cualquier gobernante de hace tan solo algunas décadas, monarca absoluto o presidente republicano, civil o militar, de izquierda o derecha, creyente o ateo, desde Lisboa hasta Moscú, no habría podido comprenderlo.
La causa de este sorprendente comportamiento es que todos ellos, incurables cosmopolitas desarraigados, están convencidos de que las naciones son como un espejismo, o mejor aún como las constelaciones: creemos que las estrellas que las forman están vinculadas entre sí, cuando son independientes, lejanas y ajenas. Solamente nosotros, microbios que las contemplamos desde aquí abajo, las percibimos como una unidad debido a que su brillo parecido las destaca sobre el oscuro fondo del firmamento. Pues lo mismo, según los aspirantes a apátridas, sucede con las naciones.
Y aun en el caso de admitir que las naciones existen, se trata de cosas retrógradas, heredadas de oscuros pasados antidemocráticos que hay que demoler para que dejen de provocar guerras y enfrentamientos. ¡Cuánto mejor, más justo y más libre será el mundo futuro cuando esté regido por una sola ley, un solo gobierno y un solo amo! Además, la Santa Iglesia de los Derechos Humanos estableció hace ya mucho el dogma de que lo que cuentan son los individuos, que carecen de escalones intermedios entre ellos y su común pertenencia al género humano, por lo que son masivamente intercambiables según las necesidades políticas o económicas de cada momento.
La prueba de esta voluntad de barrido de las naciones europeas –en el resto del mundo no sucede– es que los gobernantes hacen todo lo posible para arrinconar a sus nacionales y dar un trato privilegiado a los que llegan de fuera, incluidos los que lo hacen de manera ilegal y hasta violenta. No merece la pena intentar dar cifras y porcentajes exactos porque cada fuente dice una cosa, porque cambian a gran velocidad por el incesante torrente inmigratorio, porque son distintos según cada comunidad autónoma y, sobre todo, porque la información proveniente de fuentes oficiales arrastra una manipulación de décadas para servir a los intereses del sistema. Pero si The Times publica que personas no nacidas en el Reino Unido han obtenido el 75% de los puestos de trabajo creados en ese país en las últimas décadas, habrá que creerlo.
Con cuatro pinceladas sobre lo que reciben cientos de miles de personas que nunca han pagado un euro de impuestos en España se puede empezar a contemplar el sorprendente e irritante panorama: cientos de euros mensuales de salario social; muchos los reciben en sus países de origen sin necesidad de vivir en suelo español; otros tantos cientos de euros si en la familia hay hijos; ayudas para pagar el alquiler; cientos de miles de extranjeros cobran pensión sin haber cotizado nunca; sanidad gratis para todos, incluidos los ilegales; transporte público gratis; los hijos de extranjeros, aunque sean ilegales, tienen preferencia sobre los españoles para recibir becas de comedor y conseguir plazas en los colegios; y a todo esto hay que sumar lo que reciben de organizaciones onusinas varias, Cáritas, el Ejército de Salvación y otras entidades parecidas.
Compárese todo esto, y muchísimo más que podríamos añadir, con la situación de los españoles: pagadores de impuestos durante toda su vida, prisioneros de la edad de jubilación, sujetos a un millón de normas, vigilados por un Estado que no les deja moverse… y receptores de unos servicios menguantes, ineficaces y a menudo insultantes en comparación con lo pagado por ellos. Y sin disfrutar de ninguno de los privilegios que reciben quienes no pagaron nada y, en muchos casos, no tienen la menor intención ni de trabajar ni de integrase en una sociedad civilizada.
Una pregunta inocente provocada por los datos reflejados por El País el pasado 16 de marzo. Si la marroquí, con 883.000 personas, es la principal nacionalidad presente en España, y si hay 343.000 marroquíes afiliados a la Seguridad Social, ¿de qué viven los 540.000 restantes?