El panorama económico mundial es poco alentador. El debilitamiento del crecimiento de China con el consiguiente descenso del precio de las materias primas, lo que repercute a su vez seriamente sobre las perspectivas a medio plazo de los países emergentes, los conflictos sin aparente solución en Oriente Medio y en el Cáucaso y las masivas oleadas migratorias que ponen una tremenda presión sobre la Unión Europea, configuran un cuadro de incertidumbre que sin duda es desfavorable para las inversiones, los índice bursátiles y la actividad en general. Sin llegar a las apocalípticas predicciones de algunos analistas que anuncian otra recesión global muy profunda de forma inminente, cuando apenas nos hemos repuesto de la última, no cabe duda de que los motivos de optimismo de cara a los próximos años en términos de creación de empleo y de prosperidad son más bien escasos.

Dentro de este cuadro general, en España estamos amenazados por un factor propio que se suma a los elementos negativos anteriores: el considerable riesgo político que añade aún más dificultades a las abundantes que ya venimos arrostrando a lo largo del último sexenio. Dos citas electorales antes de que acabe 2015 presentan características que las convierten, según sea su resultado, en sendas bombas en el corazón de nuestro sistema productivo o, lo que es lo mismo, de nuestra capacidad de generar riqueza, trabajo y bienestar para el conjunto de los españoles. También es cierto, y esta es la parte buena, que las urnas pueden, si los votantes deciden de manera racional y serena, proporcionar un valor añadido notable a nuestra competitividad en forma de confianza y seguridad, dos parámetros intangibles de relevancia primordial a la hora de mejorar los indicadores económicos de contenido material. Es una evidencia rotunda que nadie con un mínimo de seso discute que una victoria del independentismo en Cataluña el 27 de septiembre y del populismo liberticida en diciembre en los comicios generales provocaría una reacción devastadora en los mercados que nos haría perder cualquier posibilidad de recuperación durante por lo menos una legislatura y que causaría un deterioro tan terrible que una rectificación posterior necesitaría una década larga para reparar los estragos.

Sorprendentemente, los dos principales responsables del auge del independentismo catalán y de la aparición pujante de un chavismo a la española, el PP y el PSOE, no parecen ser conscientes de la gravedad de la situación y continúan empecinados en un enfrentamiento maniqueo, que añadido a la falta de renovación en la cúspide del partido del Gobierno y a una política de alianzas suicida en no pocos ayuntamientos y autonomías del líder de la oposición, apuntan al cumplimiento de los peores vaticinios. Por consiguiente, los únicos que están en condiciones de reconducir el rumbo de la Nación, hoy directamente dirigido a la catástrofe, somos los ciudadanos con nuestra papeleta, primero en las autonómicas catalanas y después en las legislativas. No se trata ahora, por duro que suene, de emitir el sufragio de acuerdo con preferencias ideológicas o de simpatías personales, se trata de una cuestión de supervivencia desde una óptica estrictamente económica. Todo elector que se acerque a los colegios de aquí a final de año, en Cataluña y en España en su totalidad, ha de saber que es esencial para sus intereses más básicos, que consisten ante todo en no verse en la pobreza, que cada voto a Podemos o a la lista de Junts per el sí, le va a vaciar el bolsillo. Con el fin de votar equipado de la información indispensable, este es un punto esencial que debería servir de guía útil a cada integrante del censo en el momento de decidir a quién apoyar. Suele decirse que el instinto de conservación es la garantía de los seres vivientes para salvar ocasiones de extremo peligro. Veremos si esta ley de la naturaleza se cumple en nuestro país en una coyuntura tan crucial como la que atravesamos.