El domingo pasado estuve dando una vuelta por Olot (Gerona), un municipio de unos 40.000 habitantes, tocando ya a Francia. Me sentí en minoría. Es cierto que era a primera hora de la tarde y había poca gente por la calle Mayor. Pero mi mujer y yo éramos casi los únicos autóctonos. Vi magrebíes, pakistaníes, subsaharianos e incluso a sijs. Los únicos establecimientos abiertos eran un supermercado 24 horas, comúnmente conocidos por «pakis», y un kebab.
Olot era antaño una de las ciudades de la denominada «Cataluña catalana» junto a Vic o Berga. Feudos de CiU. Incluso, retrocediendo más en el tiempo, del carlismo. De Olot, por ejemplo, salió Pere Macias, que tras haber sido alcalde (1984-1996), fue consejero de Medio Ambiente y de Política Territorial con Pujol. Ahora es comisionado de no sé qué de Rodalies con Salvador Illa.
Actualmente tiene unos 38.000 habitantes, de los cuales más de 10.000 son extranjeros. Un 26% en total. Aunque las cifras oficiales, como los presupuestos de obras públicas, siempre van a la baja. Los sin papeles no salen —obviamente— en las estadísticas oficiales; los nacionalizados dejan de salir y los hijos constan como españoles aunque sociológicamente no se sientan como tales.
Sin embargo, Olot no es una excepción, es la norma. Muchas localidades catalanas han superado ya lo que sería un porcentaje «apropiado» de inmigración, aquel que permite al recién llegado integrarse en la sociedad que lo acoge.
L’Hospitalet tiene un 26% de población extranjera, Badalona un 17%, Tarrasa y Sabadell un 14%, Lérida un 22%, Santa Coloma de Gramanet casi un 23%, Mataró un 17%, Reus un 18%, Manresa más de un 20%, Igualada un 14%. Por no decir Salt, que roza casi un 40%. Insisto: son datos estadísticos. Seguro que es más.
Por ejemplo, yo vivo en Martorell (Barcelona). Teóricamente hay un 16,5%, pero el otro día entrevistaron al alcalde, Xavier Fonollosa, en Rac1 porque ha prohibido a los okupas abastecerse de agua en las fuentes públicas y reconoció que era de un 35% «entre inmigrantes e hijos de inmigrantes». Por eso, luego pasa lo que pasa. Al día siguiente de mi visita dominical salió el último barómetro del CEO de la Generalitat, el CIS catalán. Varios datos significativos: la inmigración ha pasado a ser el segundo problema de los ciudadanos (10%) después del de vivienda (31%). Aunque hay que añadir que la inseguridad ciudadana, con frecuencia vinculada al primero, es el tercero con el 9%. Las «relaciones Cataluña-España» —el famoso proceso— han pasado a ser la octava preocupación con apenas un 4%.
Pero hay todavía más datos relevantes: casi el 70% considera que «el Gobierno ha perdido el control de quién entra en el país”. La frase no deja de ser un eufemismo para indicar que la gente cree que el Ejecutivo no controla las fronteras. Mientras que el 60% considera que hay «demasiada» inmigración.
Hasta hace poco, el organismo de la Generalitat encargado de las encuestas ni siquiera preguntaba por esta cuestión. Era un tema tabú. Se nota que ha irrumpido en la agenda política y mediática. Como los Mossos, que al igual que la Ertzaintza difundirán a partir de ahora el origen de los detenidos. El relato se desmorona por momentos.
Todo ello tiene que traducirse necesariamente en el mapa electoral. De hecho, el sondeo auguraba que el partido de la alcaldesa de Ripoll empataría con Junts. Pasaría de los dos escaños actuales a nada menos que a 19-20. Mientras que VOX superaría al PP: 13-14 frente a 12-13
Aunque me llamó la atención sobre todo el apartado que se refiere a preferencias para presidente del Gobierno. Santiago Abascal salía… ¡en segunda posición! El primero era todavía Pedro Sánchez con un 32%, pero luego el líder de VOX con un 7%. Abascal ganaba no sólo a Yolanda Díaz (7%), sino incluso a Feijoo, que quedaba último con un 3%. Todo ello en Cataluña. Algo está cambiando.