Al consenso se puede llegar por varios caminos, el menos habitual de los cuales, aunque pueda parecer lo contrario, es la libre discusión entre las partes. Es más frecuente la imposición del más fuerte, fuente de legitimidad del poder desde que el mundo es mundo. De este modo, el consenso vendría a ser un hermoso eufemismo para ocultar el amordazamiento de los disidentes.
Eso que se llama consenso climático tiene poco que ver con el libre intercambio de pareceres puesto que se basa en la censura de la libre investigación y la libre expresión. Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, ha denunciado que el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), suprema autoridad mundial en estas cuestiones, no es una organización científica aunque pretenda hacerse pasar por tal, sino política. Su función no es recoger las evidencias que surjan de las investigaciones científicas independientes, sino la contraria: pagar a científicos para que les proporcionen datos que respalden la tesis oficial del cambio climático antropogénico. Las revistas científicas, dependientes de los dineros onusinos y gubernamentales, no publican artículos que cuestionen la verdad previamente decidida.
De la ONU hacia abajo, está todo atado y bien atado. A todo aquel que no comparta el alarmismo climático oficial se le condena al ostracismo. Los científicos que sostengan que es el sol, y no el CO2, el principal agente del cambio climático, pierden las subvenciones y se silencian sus trabajos, que ni se publican ni son mencionados por los medios de comunicación. Las editoriales no les publican sus libros, los periódicos y revistas no les entrevistan, no se les invita a los congresos, sus colegas les retiran el saludo, se les desautoriza por ignorantes aunque sean destacados científicos e incluso premios Nobel, las universidades les expulsan y los estudiantes los abuchean. Muchos deciden callarse o prejubilarse para evitar el linchamiento social.
Como contraste, en el lado contrario no sucede lo mismo. A ninguno de ésos a los que se acusa del infamante delito intelectual de negacionismo climático se le ha ocurrido acallar a quienes no comparten sus opiniones. Precisamente lo que desean es debatir con libertad y profundidad. Pero no les dejan.
Los activistas calentológicos, tanto desde las privilegiadas alturas mundialistas como desde las organizaciones izquierdistas que tan eficazmente colaboran con ellas, exigen la censura de los discrepantes e incluso su procesamiento penal. No es exageración: ya se ha propuesto en varios países incluir en los códigos penales el nuevo delito de escepticismo climático.
El papel de los medios de comunicación, esos altavoces del poder, no es desdeñable. Lo más importante es que, mientras que se bombardea continuamente a miles de millones de personas con la inacabable letanía calentológica, las noticias que pudieran desentonar no aparecen en los medios. En España abundan los bustos parlantes que no ocultan su deseo de amordazar a los herejes. Angels Barceló, por ejemplo, declaró desde su mayestática tribuna de la cadena SER que “el cambio climático nos está matando. Y si hay alguien que no lo quiere ver y niega la evidencia, debería estar excluido de la conversación y del debate público”. Por su parte, Gonzalo Miró ha sugerido penar a los que dudan de la doctrina oficial del calentamiento. Más divertida ha sido la cadena pública de radiodifusión alemana ARD, que ha producido un videojuego consistente en matar a los negacionistas climáticos.
No parece lejano el triunfo de esta secta totalitaria de implantación mundial. No hay más que ver cómo su plan avanza a grandes pasos: cumplimiento planetario de la agenda 2030, cumbres de gobiernos para actuar todos a una, dominio de los medios de comunicación, adoctrinamiento escolar, lavado sutil de cerebro mediante el cine y la televisión, fijación de la verdad por ley y amordazamiento de las voces discordantes. No dejan resquicio sin taponar.
Si este triunfo llega —y vistos los hechos, está a la vuelta de la esquina—, vayamos preparándonos para que los gobiernos nos ordenen por ley lo que podremos comer, lo que podremos comprar, los medicamentos que nos tendremos que inyectar, si podremos salir de casa, si podremos viajar a donde queramos, la duración de nuestras duchas, la temperatura de nuestras casas, a qué hora podremos encender la lavadora, las opiniones que podremos expresar…
Y todo ello, en nombre de la democracia, la igualdad, el progreso y la libertad.