Bad Bunny se ha convertido esta semana en el nuevo oráculo moral de nuestros días. Su imagen viral y muy medida en la Super Bowl ha sido compartida con devoción litúrgica por aquellos que, al mismo tiempo, reniegan de cualquier tradición que huela a España. Resulta curioso que quienes abominan de la Hispanidad como si fuera una mancha histórica celebren sin rubor a un artista cuya industria, letras incluidas, se sostiene sobre la cosificación más descarnada de la mujer. La ‘cosificación’ de la que tanto habla la izquierda se esfuma cuando el negocio es global y el ritmo bailable. Las letras están ahí, al alcance de cualquiera y, desde luego, no hace falta reproducirlas. Basta con abrir Spotify para comprobar que la mujer es, demasiadas veces, deseo de usar y tirar. Moral selectiva, parece ser. Como telón de fondo al show, las políticas migratorias de Donald Trump. Al otro lado del Atlántico, la conversación sobre la inmigración ilegal va más allá del mero ‘trendig topic’. Como realidad cotidiana, como noticia que se repite semana tras semana en demasiadas calles españolas. Agresiones, robos, violencia, delincuencia. Y una sensación creciente de que el discurso oficial y la experiencia diaria muestran imágenes diferentes.
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana la ley de multirreincidencia. Endurece las penas para delitos leves cuando se repiten, como el hurto de móviles. Tres delitos de la misma naturaleza podrán acarrear prisión. Lo llamativo no es sólo el contenido, sino la matemática necesaria para esa luz verde: el PSOE ha unido sus votos a Junts y a la derecha para sacarla adelante. ERC se ha abstenido, presionada por alcaldes que pisan la calle y ven lo que ocurre cada día. La ideología empieza a chocar con la realidad. Y la realidad, a veces, gana. VOX ya registró una propuesta similar en 2022. Entonces fue anatema para la mayoría. Así funciona la política española: lo que ayer era exageración, hoy es necesidad. Barcelona, por ejemplo, lidera los robos de móviles: una media de 155 al día en los primeros meses de 2025. No es un dato ideológico. Es un dato. La realidad. En Aragón, en municipios como Caspe, Ricla o Fraga, VOX ha disparado sus resultados en las últimas autonómicas. No por casualidad y la realidad parece explicar esos números. La política migratoria ya no se dirime sólo en despachos europeos, sino en barrios concretos. Y cuando el vecino percibe que su seguridad, la de su familia, y la convivencia se resiente, el voto deja de ser teórico.
Desde la izquierda se insiste en que la inmigración es imprescindible para sostener pensiones y compensar el invierno demográfico. Se habla de regularizar a cientos de miles de personas como si la cifra, por sí sola, resolviera el problema estructural. Pero el debate no es únicamente económico. Es cultural, social, identitario. Cuando algunos recién llegados no comparten, algunos directamente desprecian y vomitan sobre los valores básicos de convivencia, la discusión cambia. Y el relato de mujeres y niños buscando un futuro mejor no siempre coincide con las imágenes que llegan cada día a nuestras costas.
Europa, que durante años fue presentada como solución casi mística («España es el problema y Europa, la solución», decía Ortega y Gasset), atraviesa su propia crisis de identidad. Francia, Alemania, Italia lidian con tensiones derivadas de una inmigración desbordada. Giorgia Meloni ha reactivado en Italia el llamado plan Albania y vuelve a hablarse de impedir el cruce de aguas territoriales cuando se aprecia una amenaza grave para la seguridad. Suiza votará en junio si fija un límite máximo de población. No son debates aislados o marginales, son cuestiones nacionales. Aquí, en cambio, votamos cada cuatro años y entregamos un cheque en blanco. Los programas electorales se diluyen y las promesas se reinterpretan en base al futuro del presidente de turno. El ciudadano decide siglas y luego observa cómo esas siglas se negocian, pactan o rectifican en función de equilibrios y aritméticas parlamentarias que poco tienen que ver con lo prometido. El PSOE hoy gobierna sostenido por minorías que representan a pocos pero que condicionan a todos.
Vivienda, sanidad, agricultura, inmigración. Los problemas se acumulan mientras el lenguaje se transforma. No es inmigración ilegal, es «política humanitaria y responsable». No es imposición cultural, es diversidad. El poder del lenguaje consiste en eso: en dulcificar lo incómodo hasta que parezca casi anecdótico, como si no existiera. Igual que el efecto invernadero mutó en calentamiento global y terminó en cambio climático. Las palabras moldean la realidad que estamos dispuestos a aceptar. Sin embargo, este tema ya no es patrimonio de la izquierda o la derecha y trasciende las siglas. Hay votantes socialistas que empiezan a cuestionar el eslogan antirracista cuando sienten que su barrio cambia demasiado rápido y no siempre para mejor. Defender la convivencia no es odiar al diferente. Exigir control no es negar la ayuda. Pero reducir cualquier crítica a la xenofobia es una estrategia que da demasiados síntomas de agotamiento.
Quizá España necesite abrir un debate más directo, más honesto. Tal vez incluso preguntar. Un referéndum nacional es una herramienta. Si Suiza puede plantearse un límite poblacional, si Italia redefine sus políticas, ¿por qué aquí todo cuestionamiento se tacha de extremismo? Los países deben decidir sobre sí mismos. También España. No contra Europa, pero sin entregarse a ella con fe ciega. Gobernar no es resistir en el poder; es responder a los ciudadanos. Y los ciudadanos, cada vez más, reclaman algo tan simple como eso: que se les escuche.