Primero creímos hallarnos ante unos políticos que se corrompían, como tantas otras veces. Pronto descubrimos que no, que aquí había mucho más: un grupo que venía corrompido ya de casa y que se había apoderado de un partido, primero, luego de un Gobierno y, por último, de un Estado. Pero ahora, después de las últimas revelaciones policiales, constatamos que hay algo todavía más serio: una especie de Estado paralelo que se ha ido construyendo mediante la penetración en instituciones clave como la Fiscalía General, la Guardia Civil, la policía, las empresas públicas (la SEPI) y sabe Dios cuántas más. La famosa “colonización de las instituciones” de la que suele hablar la oposición es una broma en comparación con esto otro: aquí no se trata ya de que un partido se solape con el Estado, sino de que el Estado se ponga a trabajar al servicio de una organización criminal. Es inaudito.
Un Estado paralelo no es una mafia: es algo más complejo y también más peligroso. Una mafia, como explican los que saben de estas cosas, es una organización que pone al Estado a su servicio, pero que no aspira a cambiarlo: al revés, suele interesarle mucho más mantener las cosas como están, para seguir explotando las instituciones a su antojo. Por encima de la imagen tópica del capo criminal, envuelto en negocios de prostitución y droga, se encuentran habitualmente los que mueven los hilos decisivos, perfectamente camuflados dentro del andamiaje institucional. Pero esto no es un Estado paralelo: es un veneno dentro del Estado, pero no lo cambia. Por el contrario, lo que caracteriza al Estado paralelo es que lleva en sí un proyecto político propio, tan imbricado con la actividad criminal que el uno y la otra llegan a hacerse indistinguibles. Y da la impresión de que eso es lo que estamos viendo emerger en nuestro país.
El ejemplo más claro de esta dinámica es la Venezuela de Chávez y Maduro. Desde el Gobierno se emprendió, paso a paso, la demolición del Estado para construir una institucionalidad nueva: hipertrofia del poder ejecutivo mediante la toma de la Administración y del poder policial y militar, creación de una clientela política propia sobre la base de las «misiones» (una especie de ONGs) dependientes del erario público, sometimiento del poder judicial cambiando a los jueces del Tribunal Supremo y convirtiéndolo en una prolongación del Ejecutivo, neutralización del poder legislativo anulando al Parlamento y poniendo en su lugar una asamblea sometida al Gobierno, control directo de las principales empresas del Estado (véase Pedevesa), etc. Al mismo tiempo, se construía una densa red de intereses criminales vinculada directamente al funcionamiento del Estado: narcotráfico, minerales, petróleo… Los beneficios del gran negocio alimentaban la máquina del Estado y éste, por su parte, adaptaba su perfil institucional a las necesidades del negocio. Nada de todo eso habría sido posible sin el concurso de personas clave en la Judicatura, la Administración o las Fuerzas Armadas; personas que en un momento determinado decidieron, por interés o miedo o convicción, ponerse a las órdenes del «proyecto bolivariano». Así se construyó un Estado paralelo. Hasta que el Estado paralelo reemplazó completamente al orden institucional anterior.
Lo que está pasando hoy en España no es lo mismo, pero guarda asombrosas similitudes: control delincuencial sobre la policía y la guardia civil, utilización de la Fiscalía para defender a los corruptos, recurso al Tribunal Constitucional para torcer el brazo de la legalidad, multiplicación de instancias paragubernamentales regadas con abundante dinero público so capa de «ayudas a la cooperación» o cosas por el estilo, saqueo a conciencia de la SEPI, anulación del Parlamento, creación de clientelas mediante subsidios o incluso ampliación del censo electoral… Cuando vemos envueltos en esta ciénaga a varios generales de la guardia civil, altos mandos policiales, fiscales de primer nivel, tres presidentes sucesivos de la SEPI, altos cargos de la Hacienda pública y tribunales tan señeros como el Constitucional o el de Cuentas, sólo cabe pensar en un embrión de Estado paralelo. Todo lo que estamos viendo surgir en los casos judiciales ahora abiertos es, probablemente, sólo la punta del iceberg de la corrupción. Y todo ello anudado estrechamente a un proyecto político de desconstrucción de la nación española en provecho de oligarquías separatistas, de intereses extranjeros y de un partido, el socialista, que ambiciona convertirse en gestor perpetuo del nuevo Estado. Peor que una mafia, en efecto.