«Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán». La frase la pronunció José Luis Rodríguez Zapatero el 13 de noviembre de 2003, en un mitin dado en Barcelona unos días antes de la celebración de unas elecciones que situaron a Pascual Maragall en la presidencia de la Generalidad de Cataluña. Las 16.000 personas que llenaban el Palacio de Sant Jordi aplaudieron con entusiasmo la declaración de intenciones de quien hoy, dos décadas después, es uno de los principales valedores de Nicolás Maduro.
Muchos son los que sitúan el origen de la, por llamarlo suavemente, deriva territorial de España en esa fecha, directamente relacionada, por lo que a los resultados electorales se refiere, con los atentados del 11 M. Cuatro años después de que el Tribunal Constitucional dictaminase que gran parte del Estatuto que su partido apoyó sin fisuras en el Congreso de los Diputados no tenía cabida en la Carta Magna, Zapatero, durante una entrevista televisiva, matizó su desahogo barcelonés. El daño, sin embargo, ya estaba hecho y reforzado por las políticas de enfrentamiento y sectarismo que impulsó durante su etapa presidencial, finalizada abruptamente por los efectos de una crisis económica a la que no fueron ajenas las tensiones que provocó por su ambición monclovita, a las que se unieron el caso Faisán y la apertura de las puertas de la legalidad de su brazo político. Un daño que, en el caso de Cataluña, el propio Zapatero agravó cuando manifestó que «Los ciudadanos de Cataluña se sienten defraudados porque han votado un Estatut y luego llega un Tribunal Constitucional y anula una serie de artículos. Esto es un fallo del sistema y a partir de ahí se ha desencadenado una dinámica por parte de las principales fuerzas políticas catalanas nacionalistas de derecho a decidir y de la consulta».
En aquel Estatuto ya figuraba la creación de una Agencia Tributaria de Cataluña para, en palabras diseñadas por los propagandistas orgánicos, satisfacer la singularidad de esa región singularmente narcisista y victimista. Engolfado en su silencio venezolano, el otrora Bambi, el impulsor, con el turco, de la Alianza de Civilizaciones, ha sido rehabilitado, y con él, la murga federalista que, en realidad es confederal. O lo que es lo mismo, las políticas más reaccionarias que puedan imaginarse en una nación política a cuyos ciudadanos se les adula recordándoles que «se dieron» una Constitución… en la que se mantenían residuos del Antiguo Régimen. En efecto, el famoso cupo vasco, «pufo» según el vasco Mikel Buesa, legitima, de algún modo, la concesión de una financiación hecha a medida de los 7 votos necesarios para que la maquinaria de Ferraz siga engrasada. De salir adelante la nueva financiación, tras recibir las bendiciones del Tribunal Constitucional, las pocas voces que hoy se alzan contra él por motivos puramente cortoplacistas y apegados al terruño serán acalladas con dosis de antifranquismo y ardorosas proclamas feministas, a las que pudieran sumarse heroicos cortes de mechones de pelo, hazaña a la que ya se sumaron, en su día, Begoña Gómez y Cuca Gamarra. El nihil obstat de las togas convertiría en constitucional el sablazo singular, por lo que todo serian facilidades para un Partido Popular que aspira a heredar el poder sin alterar, la experiencia así lo dice, lo transformado por el PSOE. Vana ilusión, la del regreso a la Moncloa, pues una vez se blinde esa Hacienda, enmendando un «fallo del sistema», los ciudadanos educados en inmersiones y desconexiones con el resto de España, no darán su voto a quienes siquiera insinúen que vienen a acabar con el dulce sonido de la bossa.
