El obispo nigeriano Wilfred Anagbe ha acudido a la Cámara de Representantes de Estados Unidos para denunciar lo que describe como una campaña sistemática de exterminio contra la población cristiana en Nigeria. Ante legisladores estadounidenses, el prelado de la diócesis de Makurdi, en el estado de Benue, ha expuesto un relato detallado de violencia, desplazamientos masivos y ataques continuados que, según ha afirmado, están poniendo en riesgo la supervivencia misma de las comunidades cristianas del país.

Anagbe ha explicado que Benue, un estado de más de seis millones de habitantes y de mayoría abrumadoramente cristiana, se ha convertido en uno de los epicentros de la ofensiva de milicias islamistas y grupos extremistas. Ha denunciado que estos ataques no sólo buscan expulsar a los agricultores cristianos de sus tierras fértiles, sino también borrar su presencia mediante asesinatos, secuestros, violaciones y la destrucción sistemática de aldeas e iglesias.

Según su testimonio, la violencia en Nigeria no es un fenómeno aislado, sino una estrategia prolongada para homogeneizar la población y reducir la influencia cristiana en vastas zonas del país. Ha asegurado que esta agenda opera tanto mediante acciones armadas como mediante decisiones políticas que marginan a los cristianos de puestos de poder, restringen su libertad y debilitan su presencia social. Ha citado como ejemplo el cierre de escuelas en 12 estados del norte durante el Ramadán, una medida que ha calificado de imposición sectaria sin precedentes.

El obispo también ha responsabilizado a milicias fulani —a las que ha descrito como «grupos terroristas» que actúan con total impunidad— de haber arrasado aldeas enteras, asesinado a decenas de personas y destruido numerosas parroquias, clínicas y centros educativos. Ha recordado episodios recientes en los que líderes locales pidieron auxilio al Ejército y la Policía sin recibir respuesta, lo que permitió que las masacres siguieran su curso.

Durante su intervención, Anagbe ha alertado de que el número de desplazados internos en Benue y en otras regiones se ha multiplicado en los últimos años. Sólo en su diócesis, ha afirmado, existen al menos nueve campos donde miles de familias sobreviven hacinadas, sin acceso adecuado a servicios básicos y sin posibilidad de regresar a sus hogares, ahora ocupados por grupos armados que incluso han cambiado el nombre de los pueblos conquistados.

El obispo ha criticado la actitud del Gobierno nigeriano, al que ha acusado de pasividad, complicidad e indiferencia ante el avance de las milicias. También ha lanzado una advertencia sobre el riesgo de una crisis humanitaria de dimensiones regionales, recordando que un conflicto abierto en Nigeria provocaría un desplazamiento masivo imposible de absorber por los países vecinos.

Por ello, ha pedido a Estados Unidos que considere a Nigeria como un país de «especial preocupación», una figura que, según ha explicado, tendría un importante peso diplomático y serviría para presionar a las autoridades nigerianas a proteger a su población. También ha instado a Washington a reforzar su cooperación con organizaciones religiosas y actores locales que trabajan por la paz, la reconstrucción y la defensa de los derechos humanos.