Se acaba 2025 y, con él, uno de los periodos más inquietantes que ha vivido la democracia española. No por una crisis puntual ni por una emergencia excepcional, sino por algo mucho más profundo y peligroso: la normalización de un poder político que ha decidido entrometerse en todos los ámbitos de la vida de los españoles como nunca antes.

Este ha sido el año del Gobierno con más injerencias de nuestra historia reciente. Un Ejecutivo que no se conforma con gobernar, sino que pretende dirigir, vigilar, condicionar y reeducar a la sociedad desde el BOE.

Las leyes aprobadas a lo largo de 2025 dibujan un patrón claro. Injerencia en los medios de comunicación, con intentos de control indirecto a través de regulaciones, sanciones, subvenciones selectivas y señalamientos públicos a la prensa crítica. No se censura abiertamente (o sí), pero se presiona, se intimida y se castiga al que no comulga con el relato oficial.

Injerencia en la libertad ciudadana, con normas que restringen movimientos, decisiones personales y estilos de vida, siempre bajo la excusa del bien común, la seguridad o el interés general. El ciudadano ya no es un adulto responsable, sino un sujeto al que hay que tutelar, corregir y vigilar.

Injerencia en la vida cotidiana, regulando desde cómo te mueves, qué consumes, cómo calientas tu casa o qué vehículo puedes utilizar. Todo está sujeto a autorización política, a impuestos disuasorios o a prohibiciones progresivas. Vivir se ha convertido en un acto regulado.

Pero lo más grave ha llegado cuando el poder ha cruzado una línea que jamás debería haberse traspasado: la intimidad. En 2025 hemos visto cómo se normaliza la vigilancia de conversaciones privadas, el control del discurso bajo el pretexto de combatir la desinformación y la criminalización de opiniones incómodas. No importa tanto lo que haces, sino lo que dices, lo que piensas y con quién lo compartes.

Todo esto ocurre mientras el Gobierno sigue cediendo ante quienes llevan años trabajando abiertamente para destruir España. La amnistía, aprobada tras los indultos, no ha sido un punto final, sino un punto y seguido. Un mensaje devastador: delinquir sale rentable si tienes los votos suficientes para sostener al poder… y más aún si eres político. Porque ese privilegio no se extiende al ciudadano de a pie, que sigue respondiendo ante la ley con todo su peso mientras observa cómo otros disfrutan de una impunidad «legalizada», o más bien ad hoc.

Y por si quedaba alguna duda sobre el deterioro institucional, 2025 será recordado como el año en que el Tribunal Constitucional decidió imponerse políticamente al Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial. La revisión y anulación de sentencias firmes, como el caso de los ERE, ha dejado una sensación demoledora: la ley ya no es igual para todos y la justicia puede ser reescrita si el contexto político lo exige.

Todo ello mientras una corrupción persistente rodea al Gobierno. Escándalos, investigaciones, tramas, favores y silencios incómodos. Pero nada parece afectarles. Porque cuando no existe moralidad, ni ética, ni el más mínimo sentido de la pulcritud democrática, la corrupción deja de ser un problema y pasa a ser un daño colateral asumible.

Quienes conocen de primera mano lo ocurrido en países como Cuba o Venezuela reconocen demasiados paralelismos inquietantes. Control del relato, debilitamiento de las instituciones, normalización del abuso de poder y criminalización del disenso. Los que han vivido aquello saben que estos procesos no empiezan de golpe: avanzan poco a poco, hasta que un día ya es demasiado tarde.

Este Ejecutivo no se defiende: resiste. No gobierna: sobrevive. Y lo hace a costa de instituciones, libertades y convivencia.

Cerrar 2025 no es motivo de celebración, sino de alerta. De preocupación por la deriva autoritaria que se ha ido consolidando paso a paso, ley a ley, cesión a cesión.

Pero también es momento de esperanza. Porque algo está cambiando. España está despertando. Cada vez más ciudadanos identifican el problema, pierden el miedo y entienden que la democracia no se defiende sola. Y ese despertar implica, inevitablemente, acabar con este gobierno y con esta forma de entender el poder.

A pesar de todo, no perdemos la esperanza. Mi deseo es que 2026 traiga la libertad y la prosperidad que España merece.