Hay lugares en los que la presencia de un dirigente político adquiere un significado que trasciende cualquier discurso. Ceuta es hoy uno de ellos. Y el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, estar allí significa recordar algo que nunca debería haber necesitado reivindicación: que la soberanía española no termina donde comienzan las dificultades, que nuestras fronteras no son una cuestión secundaria y que los españoles que viven en ellas merecen la misma protección y atención que quienes residen en cualquier otro lugar de España.
Santiago Abascal ha elegido Ceuta para celebrar el Día de la Fiesta Nacional. Estará con quienes debe estar: con los españoles que viven en nuestra frontera y afrontan las consecuencias de una invasión que exige respuestas del Estado. El valor político de esa decisión reside precisamente en situar el foco donde existen problemas que no pueden resolverse mediante ceremonias, declaraciones institucionales o disputas sobre el protocolo.
Ceuta no es un escenario electoral. Es una parte irrenunciable de España. Sus ciudadanos necesitan seguridad, estabilidad, recursos y explicaciones sobre lo ocurrido durante la crisis fronteriza. Necesitan conocer qué mecanismos de prevención fallaron, qué decisiones se adoptaron y qué garantías existen para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse. La gravedad de lo sucedido no desaparece porque las cámaras dejen de mirar hacia la frontera, ni las obligaciones del Estado pueden quedar sometidas al calendario político.
La responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de fronteras, relaciones exteriores y seguridad nacional exige un escrutinio especialmente riguroso. No basta con invocar la complejidad de la situación ni con anunciar actuaciones extraordinarias cuando la emergencia ya se ha producido. Los ciudadanos tienen derecho a conocer las decisiones adoptadas, los plazos de respuesta y los resultados obtenidos. Gobernar exige anticiparse a las crisis, coordinar los recursos del Estado y garantizar la seguridad de los españoles. Y cuando se produce una emergencia de semejante magnitud, las explicaciones no pueden quedar sustituidas por declaraciones solemnes ni por promesas que terminan olvidándose.
La proximidad de las elecciones generales convierte estas cuestiones en asuntos especialmente relevantes para el debate público, pero su importancia es muy anterior a cualquier convocatoria electoral. La soberanía nacional, la integridad territorial y la seguridad de los españoles son responsabilidades permanentes que ningún Gobierno puede relegar. Ceuta merece respuestas concretas, una estrategia de seguridad sostenida y una política exterior que permita mantener la cooperación con Marruecos sin renunciar a la defensa de los intereses españoles.
El Gobierno debe rendir cuentas por la respuesta desplegada, por los mecanismos de coordinación activados y por las medidas de prevención previstas. También debe explicar qué objetivos persigue en su relación con Marruecos y cómo garantiza que la cooperación bilateral sea compatible con la protección efectiva de los intereses españoles. La complejidad diplomática no puede servir para sustraer estas decisiones al escrutinio público. España necesita mantener relaciones de cooperación con sus vecinos, pero esa cooperación debe asentarse sobre el respeto a su soberanía y la defensa de sus intereses nacionales.
En ese debate también importa la trayectoria de cada partido. VOX ha situado la soberanía nacional, la integridad territorial y el control de las fronteras entre sus principales prioridades políticas. La presencia de Abascal en Ceuta este 12 de octubre expresa esa posición y permite trasladar al debate público las preocupaciones de quienes viven directamente las consecuencias de la crisis fronteriza. El Partido Popular, por su parte, tendrá que explicar su actuación parlamentaria, sus coincidencias y discrepancias con el Ejecutivo y las medidas que propone para garantizar la seguridad de la ciudad. Los españoles tienen derecho a conocer no sólo las declaraciones de sus representantes, sino también las decisiones que han adoptado.
Porque el problema de Ceuta no empieza ni termina el 12 de octubre. Tampoco desaparecerá cuando concluya la campaña electoral. Las necesidades de sus ciudadanos, las obligaciones del Estado y la complejidad de nuestras relaciones con Marruecos seguirán existiendo cuando se apaguen los focos y termine el recuento electoral. Precisamente por eso, lo que se diga durante estas semanas debería poder exigirse también después.
La política necesita símbolos, pero los símbolos adquieren valor cuando obligan a mirar una realidad que otros preferirían dejar fuera del debate. El Día de la Fiesta Nacional es una ocasión para celebrar nuestra historia, nuestra identidad y la continuidad de España como nación. También para recordar que esa continuidad exige responsabilidades concretas y que la soberanía no puede reducirse a un concepto ceremonial.
El 12 de octubre debería servir para recordar que España es mucho más que sus instituciones reunidas en una tribuna. España también está en sus fronteras, en las familias que viven con incertidumbre y en quienes esperan que el Estado ejerza sus competencias con eficacia.
La verdadera importancia política de Ceuta reside en que obliga a discutir qué entendemos por soberanía nacional y qué debemos exigir a quienes ejercen el poder. No basta con proclamar que una frontera es española. Hay que garantizar que el Estado dispone de los medios, la capacidad de coordinación y la determinación institucional necesarios para protegerla.
Ceuta es territorio español. Y su seguridad no puede ser una preocupación ocasional.