Soy abogado y no necesito que nadie me explique que la Justicia en España está al borde del colapso. Lo veo cada día en los juzgados, en los plazos que no se cumplen, en los señalamientos que se retrasan meses, en los expedientes que se atascan o directamente desaparecen en un sistema digital mal implantado. Lo que está ocurriendo no es una percepción ni una exageración corporativa: es una realidad cotidiana que sufrimos quienes trabajamos dentro del sistema y quienes dependen de él, y frente a la que además nos vemos obligados a dar la cara ante los clientes, intentando explicarles que el retraso, el desorden y la ineficacia no son responsabilidad de quienes ejercemos la abogacía ni de quienes trabajan en la Administración de Justicia, sino de quienes la gestionan desde despachos políticos sin haber hecho pasillo en su vida, sin conocer un juzgado por dentro y sin haber asumido jamás la responsabilidad directa de un procedimiento real.

En este contexto, las advertencias recientes de jueces y decanos sobre el riesgo de colapso a raíz de las reformas impulsadas por el Ministerio de Justicia no hacen sino confirmar lo que muchos profesionales llevamos tiempo denunciando. Pero el problema va mucho más allá de un aviso puntual. El colapso no es sólo una consecuencia posible: es el resultado lógico de una serie de decisiones políticas profundamente equivocadas.

Se ha apostado por una digitalización acelerada, sin medios suficientes, sin formación adecuada y sin refuerzos técnicos reales. Como abogado, ya estoy viendo expedientes incompletos, documentos que no constan, actuaciones que se duplican o se pierden. La digitalización, mal entendida, no moderniza la Justicia: la fragiliza. La seguridad jurídica no puede depender de plataformas inestables ni de funcionarios desbordados a los que se exige adaptarse a sistemas nuevos sin recursos ni tiempo.

A esto se suma la llamada «ley de eficiencia», cuyo nombre resulta casi ofensivo para quienes sufrimos sus efectos. La imposición de la mediación obligatoria previa no ha agilizado nada; al contrario, ha generado un retraso monumental en el acceso a la tutela judicial efectiva. Se obliga a pasar por trámites que, en muchos casos, son puramente formales, sin voluntad real de acuerdo, solo para cumplir un requisito legal que retrasa la judicialización del conflicto. No se reduce la carga de trabajo, se difiere el problema y se desespera al ciudadano.

Especialmente sangrante resulta el gasto absurdo en cambiar nombres y estructuras de órganos judiciales sin resolver los problemas de fondo. Nuevas denominaciones, nuevos «tribunales de instancia», nueva cartelería y nuevos manuales, mientras faltan jueces, letrados, funcionarios y medios materiales. Como abogado, me preocupa más que un juzgado funcione que cómo se llame. Esta obsesión nominalista, más ideológica que técnica, recuerda peligrosamente a modelos de justicia de países como Cuba o Venezuela, donde el envoltorio institucional esconde sistemas ineficaces y politizados.

Pero el abandono de la Justicia no es casual. La Justicia no da votos, no corta cintas y no permite inauguraciones vistosas. Invertir en jueces, en funcionarios o en medios materiales no genera titulares favorables ni rédito electoral inmediato. Por eso se posterga, se parchea y se utiliza como campo de experimentación ideológica. El deterioro es progresivo y deliberado, porque una Justicia lenta y desbordada deja de ser una prioridad social y pasa a ser un problema normalizado.

A ello se añade una deriva preocupante en el acceso a la carrera judicial y fiscal, donde se diluyen los principios de mérito y capacidad en favor de fórmulas cada vez más politizadas y alejadas de la exigencia técnica que debería presidir una función esencial del Estado. Rebajar requisitos, alterar sistemas de acceso o priorizar criterios ajenos a la excelencia profesional no fortalece la Justicia: la debilita desde dentro y compromete su independencia futura.

Llegados a este punto, es legítimo plantearse si este caos no resulta funcional para quien gobierna. Una Justicia lenta, saturada y confusa es una Justicia menos incómoda para el poder. Cuando se desoyen de forma sistemática las advertencias de jueces, abogados y funcionarios, y aun así se acelera la implantación de reformas sin medios ni consenso, cuesta creer que estemos ante simples errores de gestión.

Como abogado, creo que la Justicia no necesita más propaganda, ni más cambios cosméticos, ni más leyes mal diseñadas. Necesita medios, estabilidad, planificación y respeto institucional. Todo lo demás es ruido. Y en un Estado de Derecho, cuando el ruido es constante, suele ser porque se quiere tapar algo mucho más grave.