El 19 de noviembre tuvo lugar ante el Tribunal Europeo de Justicia la vista de un caso crucial que ha pasado desapercibido: la Comisión Europea, apoyada por el Parlamento Europeo y la friolera de 16 Estados miembros —un hecho inédito— demanda a Hungría por su ley de protección de los menores. Una legislación nacional que reconoce la identidad basada sobre el sexo biológico y prohíbe exponer a menores a contenidos pornográficos, a la sexualidad improcedente, a la homosexualidad, a la ideología de género y a los cambios de sexo.
Apenas unas horas después de su adopción, Ursula von der Leyen tachó la ley de «verguenza» y anunció ipso facto la apertura de una infracción que culminó un año más tarde (un tiempo record) en una demanda judicial contra el gobierno magyar. Algunos activistas ya describen el caso como la madre de todas las batallas en defensa de los derechos humanos. Hipérboles aparte, no les falta razón aunque no sea por los motivos que esgrimen. Por más que pongan el grito en el cielo, no se trata de una cuestión de discriminación de minorías sexuales, lo que realmente está en juego es la imposición de una ideología a todo un continente sin mandato alguno y, por otra parte, la defensa de la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos y la inocencia de los niños. Un auténtico cisma que está partiendo la Unión y cuya resolución judicial ahondará las fracturas entre países y electorados adeptos de la ideología woke (mayoritariamente, Europa occidental) y los que la rechazan (Europa central y del este). ¿Se ha convertido la UE en un club woke? Ésta es la cuestión.
La primera pregunta que salta a la vista es qué demonios hace la UE inmiscuyéndose en la educación sexual de los niños. ¿Acaso es una competencia europea? No, ni de lejos. Al contrario, el Tratado de la UE deja muy claro que la educación es una prerrogativa de los Estados miembros, punto. Pero, claro, en nombre de «los valores europeos» invocados con ímpetu mesiánico, se ha puesto de moda saltarse a la torera las reglas del juego y buscar excusas espurias para inmiscuirse en un asunto nacional por puro interés político. Una versión tecnocrática de la famosa máxima del cardenal de Richelieu: «Dadme dos líneas escritas de su puño y letra por el hombre más honrado y encontraré en ellas motivos suficientes para encarcelarlo».
Pero lo que más llama la atención es el celo con el que la UE —es decir, la Comisión, el Parlamento y 16 gobiernos— enarbola la ideología de género y promueve la sexualización de los niños. Ya son demasiados países dando marcha atrás, demasiadas voces de jóvenes que «detransicionan», demasiadas noticias espeluznantes publicadas para ignorar la verdad: detrás de la «educación sexual inclusiva» y del «cuidado afirmativo» se esconde una realidad sórdida de mutilaciones, castraciones químicas, hormonaciones, misoginia, daños irreversibles y suicidios. Un escándalo médico dantesco que se explica en gran parte por la codicia de las clínicas y de la industria farmacéutica, por la cobardía —¿corrupción?— de asociaciones de médicos y psiquiatras y la violencia del activismo trans con casos de terrorismo incluido. Sin olvidar, claro está, la asombrosa sumisión de las élites a la hegemónica ideología queer que les lleva a socavar la base de sus sociedades: la familia.
No lo olvidemos, esta ideología es sobre todo un ataque frontal contra la familia, empezando por la autoridad de los padres —socavada en beneficio del estado—, y siguiendo con su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones, reconocido en el artículo 14 párrafo 3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, y flagrantemente ignorado. Y contra los hijos, a los que roban su inocencia a través de una sexualización precoz y una ideologización omnipresente rayana en la pedofilia, según la cual los niños tienen derecho a «tener relaciones sexuales con quién les de la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento» según la abyecta fórmula de Irene Montero. Una noción de consentimiento que la Comisión ha hecho suya, desgraciadamente, aunque en términos más comedidos.
Mientras Estados Unidos empieza a pasar la página del delirio trans, justo cuando jóvenes arrepentidos demandan a los cirujanos que les mutilaron, una UE totalmente a contracorriente se empecina en transformar éste delirio en norma vinculante. Hoy es el turno de Hungría a la que la UE ya ha confiscado billones de euros por su ley de protección de menores y a la que le espera una multa millonaria y, ¿quien sabe? hasta la suspensión de sus derechos de voto. ¿Quién será el próximo? ¿Bulgaria y Lituana que ya tienen leyes similares? ¿Eslovaquia, Rumanía e Italia que las contemplan?
Por lo tanto, sí, es cierto, éste enésimo caso Comisión contra Hungría es de una importancia trascendental. ¿Confirmará el veredicto del Tribunal la pulsión centralista, dogmática y partidista de una UE que interviene e ideologiza hasta la educación sexual de los menores? Alea jacta est, lo doy por hecho. Pero en ese caso, la revuelta no habrá hecho más que empezar.
Este texto fue publicado originalmente en inglés en The European Conservative.
