Como preludio a la cuarta edición de la Cumbre CELAC-UE que vincula a Europa con las peores tiranías de Iberoamérica, la ciudad de Santa Marta (Colombia) ha hospedado un encuentro de no menor peso: el Foro de Sociedad Civil ALC-UE 2025. En formato de diálogo interno y planificación estratégica, confluyeron en la localidad caribeña más de 230 ONG de ambas regiones, culminando en una declaración y hoja de ruta conjuntas. El mega-congreso, inédito en sus dimensiones, vino amparado y hecho posible por la colaboración entre el exguerrillero Gustavo Petro, presidente pro tempore de la CELAC, y las instituciones europeas, conquistadas por el progresismo.
Can sólo dos precedentes de menor calado —2015 y 2023 en Bruselas— esta ante-cumbre orientada al papel de la «sociedad civil» en las relaciones birregionales escenificó de modo inconfundible lo que viene denunciando el Centro de Derechos Fundamentales. Asistimos a la consolidación de un tejido continental de activismo neo-marxista, aparentemente espontáneo y asociativo pero dependiente del contribuyente europeo, y diluido en las dinámicas ideológicas y culturales del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y sus referentes narco-autoritarios.
Se trata de un entramado que analizó en detalle, en julio de este año, nuestro estudio La marea rosa de la ayuda europea: cómo Bruselas financia las ONG woke de Iberoamérica que se hacen pasar por sociedad civil. El informe revela con datos oficiales los casi 1.000 millones de euros que la UE ha destinado en subvenciones a ONG de la región, desglosando algunos de los casos más flagrantes a organizaciones radicales e ideológicas, subvenciones a menudo presa de un efecto trinquete, pese a sistemáticas irregularidades señaladas año tras año por el Tribunal de Cuentas de la UE. A la par que se alza una clamor en Europa por la transparencia y la rendición de cuentas, Bruselas ha declarado querer sustituir a la extinta USAID como benefactor principal de este entramado.
El plantel de participantes en la cumbre de Santa Marta no ha debido sorprender a los lectores del informe. Han acudido «Organizaciones de la Sociedad Civil» (OSC) de toda la paleta arcoíris, paladines de todas las causas de la izquierda interseccional: desde el inmigracionismo que busca erradicar las fronteras hasta el movimiento transgénero, pasando por el indigenismo radical, el racialismo, el lobby LGTB y la legitimación de la censura so pretexto de lucha contra la «desinformación».
Sin prescindir del saludo ceremonial indígena, el evento rozó la ironía. La UE invitó a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), antena del castrismo, a un evento para la «sociedad civil». Intervino la vocera para «derechos digitales» del régimen censor y persecutor de Lula da Silva, Marina Meira, para hablar de «no dejar a nadie atrás en la transformación digital» y asegurar la «gobernanza de plataformas», cuartada empleada en Brasil para cerrar redes sociales señalando, enjuiciando, encarcelando y exiliando a disidentes y periodistas críticos. Se habló asimismo de «revertir el debilitamiento de la institucionalidad democrática y las tendencias a restringir las libertades de expresión, asociación y reunión en ALC y Europa», así como el «advenimiento de los fascismos«. Tras estas alambicadas fórmulas, hay un blanco común: las leyes de transparencia que, lejos de restringir su actividad, exigen a las ONG declarar el origen foráneo de sus fondos, allá donde lo reciban. Con legislación reciente de este tipo, países como Paraguay aspiran acabar con el secreto que opaca las injerencias de la UE, pese a las ayudas millonarias que ésta otorgó a ONG que denunciaban un supuesto «hostigamiento» del legislador. Informes como el nuestro —y leyes como las de Paraguay— tratan de levantar el velo sobre el origen y destino de estos fondos opacos, cuya función volvió a asomar a la luz en Santa Marta.
El evento habló, asimismo, de «fortalecer los puentes entre ciencia occidental y conocimientos tradicionales indígenas«, subterfugio para el fomento de la medicina tribal sin fundamento científico o la reclusión de comunidades empobrecidas por el aislamiento. Un rechazo a la medicina y al verdadero conocimiento que delata, asimismo, el Pacto Birregional de los Cuidados al que fue encaminada la cumbre. La UE y la CELAC buscan reconocer “el cuidado como derecho humano, bien público y pilar fundamental del desarrollo sostenible” con compromisos intergubernamentales. Sólo que esa «sociedad de los cuidados» va más allá de la salud y los tratamientos, y comprende una «cooperación feminista y transformadora» que «visibilice los saberes ancestrales», que «evite la cooptación conservadora del discurso del cuidado» y que incorpore «enfoques interseccionales, ecofeministas y decoloniales».
Fue también la primera edición de la cumbre que trató del «crimen organizado, la corrupción trasnacional, la democracia y la seguridad» en esos términos de interrelación. Aunque parezca irónico celebrarla en Colombia, se le podía dar a la UE el beneficio de la duda: quizás no haya mejor interlocutor que la canciller Rosa Yolanda Villavicencio a quien formular preguntas como: «¿qué mecanismos utilizan las redes criminales para esconder el dinero sucio?» o «¿cuál es el vínculo entre crimen organizado, corrupción y democracia?». Si hubiera servido para pedir explicaciones a los altos cargos colombianos en la sala sobre el origen de los fondos de la campaña de Gustavo Petro y los vínculos actuales de su gobierno con el narcotráfico, éstos habrían sido momento y lugar oportunos para celebrar tal cumbre. Pero pedirle a Bruselas máxima distancia con el crimen trasnacional organizado ya no parece una evidencia.
Con la Comisaria europea Hadja Lahbib de coanfitrión, y secundado por partidos de izquierda así como por el Partido Popular Europeo (PPE), el encuentro cumplió una funcionalidad evidente: conectar a los activistas oenegeros de la región con sus referentes europeos, y a su vez con los burócratas de la Comisión Europea que desembolsan fondos a ambos. Asistieron ONG multinacionales y coordinadoras nacionales de cada país —y, como reza nuestro informe, no todas son criticables por igual— pero el evento ha servido de catalizador para un tejido más amplio que comprende ONG de menor dimensión y más radicales, que son el eslabón encubierto de esta red. Todas ellas buscarán su trozo del pastel en la agenda de inversión UE-ALC Global Gateway, a expensas de inversiones en infraestructura o servicios públicos que tanto bien podrían hacer a la región.
Cumbres como ésta ambicionan además una función articuladora que ya denunciaba el informe del Centro, y que la de Santa Marta parece estar logrando. En ellas se forja la «marea rosa» del futuro, a espaldas de todo control y sin rendir cuentas a nadie. Los organizadores reconocen trabajar en un «enfoque birregional feminista, de género e interseccional en la implementación y evaluación de los acuerdos de asociación» UE-CELAC, sentando «las bases de una asociación más allá del propio evento» y asegurando “que los actores no estatales contribuyan a dar forma a las estrategias y acciones birregionales”.
Empoderadas de este modo, entidades no electas acaban mutando en actores decisivos en decisiones del más alto nivel, inclusive sobre su propia financiación. Cumbres como la de Santa Marta dicen integrar a la sociedad civil en los marcos de cooperación, pero la acaban desalojando, al instalar en su lugar un batallón de activistas dependientes de paguitas y chiringuitos. Estos cónclaves, además, pretenden ser un diálogo horizontal—y ciertamente lo son, al poner al mismo nivel a las ONG y sus benefactores bruselenses, hasta el punto de suscitar la pregunta de quién controla a quién.
Pocos vieron venir al Foro de Sao Paulo cuando, en aquella ominosa cumbre en la ciudad brasileña en 1990, se formó, se presentó al mundo, y explicó sin ambages sus propósitos. Con la UE de por medio y las ONG por excusa, en Santa Marta se ha vuelto a dar otro giro antidemocrático al que ningún europeo ni iberoamericano puede permanecer ajeno.
*Jorge González-Gallarza es investigador principal y coordinador para la Iberosfera en la oficina de Madrid del Centro de Derechos Fundamentales (CDF) de Hungría.
