Hay una pregunta cada vez más difícil de esquivar para millones de españoles: ¿para qué trabajo más, si cada euro adicional parece servir para pagar más impuestos, perder ayudas y terminar abonando de mi bolsillo servicios que el Estado ya me ha cobrado?

La polémica ha vuelto a ponerse encima de la mesa con una comparación publicada estos días: en determinados supuestos familiares, la diferencia entre vivir de un salario de 25.000 euros brutos anuales y percibir prestaciones públicas puede reducirse a unos pocos cientos de euros al mes. La comparación concreta exige matices, pero el problema que revela es mucho más profundo que un titular.

En 2026, la renta garantizada del Ingreso Mínimo Vital para una unidad monoparental formada por un adulto y dos menores alcanza los 1.335,15 euros mensuales. A esa cantidad puede añadirse, cuando proceda, el Complemento de Ayuda para la Infancia. No son cifras inventadas: son las publicadas por la propia Seguridad Social.

Y aquí está la cuestión. El problema no es que España ayude a quien verdaderamente lo necesita. Una sociedad digna debe proteger al vulnerable. El problema empieza cuando el sistema castiga de hecho a quien madruga, trabaja, cotiza, asume responsabilidades y trata de mejorar la vida de su familia.

Porque el trabajador no recibe su nómina y se marcha a casa con ella intacta. Antes ha pagado cotizaciones e IRPF. Después paga IVA prácticamente cada vez que consume, impuestos sobre la vivienda, carburantes, electricidad y una interminable sucesión de tributos directos e indirectos. Y cuando necesita aquello que teóricamente financiaba con todos esos impuestos, descubre demasiadas veces que tampoco lo tiene.

¿Guardería pública para poder seguir trabajando? Puede no haber plaza. ¿Una consulta o una prueba médica en un plazo razonable? Puede acabar recurriendo a la sanidad privada. ¿Vivienda? Se le exige solvencia para pagar precios disparados mientras muchas ayudas desaparecen precisamente porque su nómina supera por poco el umbral establecido. El mensaje que recibe la clase media es devastador: eres demasiado rico para que te ayuden y demasiado pobre para que no te duela pagar por todo.

Mientras tanto, el propio diseño del Ingreso Mínimo Vital reconoce el riesgo de desincentivar el empleo. Desde marzo de 2026, su incentivo al empleo permite que los primeros 6.000 euros de incremento de rentas del trabajo queden exentos para calcular la prestación y que, a partir de esa cantidad, solo compute el 50 %. La finalidad declarada es que comenzar a trabajar o trabajar más aumente la renta disponible del beneficiario.

Perfecto. Pero entonces surge una pregunta elemental: ¿dónde está el incentivo equivalente para quien ya estaba trabajando, ya estaba cotizando y ya estaba sosteniendo el sistema?

En agosto, el IMV alcanzaba a 893.820 hogares y 2.725.899 personas. La prestación media era de 502,8 euros mensuales por hogar y la nómina del mes ascendió a cerca de 474,7 millones. Son magnitudes suficientemente importantes como para exigir un debate serio sobre incentivos, fiscalidad y contraprestaciones públicas.

Y en este debate tampoco puede existir un tabú llamado inmigración. Mientras una familia española que trabaja descubre que gana demasiado para determinadas ayudas, que no encuentra plaza pública para sus hijos o que debe pagar un seguro privado para no soportar determinadas esperas, el Estado dedica también recursos públicos a acogida, asistencia, alojamiento y atención de personas llegadas a España. La cuestión no es negar la asistencia humanitaria ni confundir unas prestaciones con otras. La cuestión es mucho más elemental: quién paga, cuánto paga y cuáles son las prioridades cuando el dinero no alcanza para todo.

Porque el contribuyente tiene derecho a preguntarse por qué se le exige cada vez más mientras recibe cada vez menos. Y esa pregunta no desaparece llamándola insolidaria ni expulsando del debate cualquier referencia a la inmigración. Si existen recursos para ampliar políticas de acogida, deben poder examinarse y compararse políticamente con los recursos destinados a guarderías, dependencia, vivienda, sanidad o apoyo a las familias que sostienen el sistema.

La solidaridad deja de ser sostenible cuando quien la financia empieza a sentirse el último de la fila. Y un Estado que exige solidaridad a los españoles tiene también la obligación de explicarles cuánto cuesta, a quién beneficia y por qué unas necesidades reciben prioridad sobre otras.

El Gobierno puede multiplicar prestaciones, organismos, estructuras administrativas y políticas públicas. Pero no puede olvidar una verdad elemental: antes de repartir dinero público hay que recaudarlo. Y detrás de la expresión aséptica «ingresos públicos» hay personas que se levantan cada mañana, trabajan, emprenden, contratan, cotizan y pagan impuestos.

La solidaridad deja de ser sostenible cuando se transforma en agravio. Un sistema social necesita proteger a quien cae, pero también garantizar que levantarse, trabajar y progresar merece claramente la pena. No sólo moralmente. También económicamente.

Porque quizá el síntoma más peligroso no sea que alguien prefiera una ayuda a un empleo. Es que quienes llevan toda la vida trabajando empiecen a preguntarse para qué pagan. No quieren que el Estado les regale nada. Saben que el Estado no regala nada: antes tiene que quitárselo a alguien vía impuestos. Lo que resulta difícil de explicar es que quien sostiene el sistema pague una y otra vez y, cuando necesita una guardería, una vivienda accesible o una atención sanitaria en un plazo razonable, descubra que para él no hay. Mientras, el dinero que aportó sí existe para financiar otras prioridades.

El problema no es que al que trabaja no le «toque» una ayuda. El problema es que paga la cuenta y cada vez decide menos sobre las prioridades de aquello que está pagando. Porque nada de lo que da el Estado es gratis. Siempre hay alguien que lo ha pagado antes.