La noticia gira en torno al mayor control sobre las operaciones realizadas a través de Bizum, pero conviene no quedarse en el titular ni en el detalle técnico. Lo que está en juego va mucho más allá de una aplicación concreta o de un método de pago determinado. El control del Bizum es sólo un ejemplo —uno más— de una tendencia creciente que afecta a la relación entre el Estado y el ciudadano.
Se vigilan los medios de pago digitales, se dificulta el uso del dinero en efectivo y se normaliza que sacar tu propio dinero del banco requiera explicaciones. El mensaje es claro: el dinero es tuyo… mientras el poder lo considere oportuno. La economía personal deja de ser un ámbito privado para convertirse en un espacio supervisado. Por tu bien, claro.
El control también alcanza a las comunicaciones privadas. En nombre de la protección de los menores, enviar por WhatsApp una foto inocente de tus hijos al padre, a la abuela o a un familiar puede convertirte en sospechoso automático. La presunción de inocencia se sustituye por filtros, algoritmos y vigilancia preventiva. Primero se vigila; luego, si acaso, se justifica. Proteger ya no significa confiar, sino controlar.
En paralelo, el Gobierno avanza en el control del relato público. Las llamadas leyes contra la «desinformación» otorgan al poder la peligrosa capacidad de decidir qué es verdad y qué no. Cuando el Estado se erige en árbitro de la verdad, la libertad de expresión deja de ser un derecho y pasa a ser una concesión revocable. La historia demuestra que los gobiernos siempre creen tener razón… hasta que dejan de tener límites.
Los medios de comunicación tampoco escapan a esta lógica. La publicidad institucional se utiliza como herramienta de premio y castigo, generando dependencia económica y debilitando la pluralidad informativa. No hace falta censura explícita cuando se puede asfixiar financieramente o premiar la docilidad. La información deja de ser libre cuando necesita la bendición del poder para sobrevivir.
A esto se suma la colonización de instituciones que deberían ser independientes. Organismos de control, tribunales, fiscalías y entes públicos pierden credibilidad cuando se reparten por afinidad política. Sin contrapesos reales, el ciudadano queda indefenso frente a decisiones arbitrarias. La separación de poderes se mantiene en el discurso, pero se diluye en la práctica.
El control fiscal completa el círculo. Más vigilancia, más burocracia, más presunción de culpabilidad. El ciudadano ya no es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino sospechoso permanente al que hay que vigilar «por si acaso». Perseguir el delito concreto resulta más incómodo que vigilar a todos.
No podemos olvidar el precedente del estado de alarma, cuando se suspendieron derechos fundamentales mediante decretos y sanciones masivas. El contexto fue excepcional, pero la lección quedó clara: el poder aprendió hasta dónde puede llegar… y comprobó que la sociedad obedecerá. Los precedentes autoritarios nunca desaparecen; esperan.
También se avanza en la regulación del lenguaje y del pensamiento, imponiendo marcos ideológicos y sancionando expresiones incómodas. Cuando el Estado entra en lo que puedes decir, la libertad interior empieza a reducirse. No hace falta prohibir ideas si se consigue que la gente tenga miedo de expresarlas.
Y, como remate, se fomenta una ciudadanía dependiente de ayudas, subvenciones y favores condicionados. Una sociedad dependiente es una sociedad menos crítica. No es justicia social cuando se utiliza como herramienta de docilidad política.
Pero quizá lo más inquietante no sea el poder, sino nuestra reacción. Callamos, asentimos y aceptamos. Nos tratan como borregos y, en demasiadas ocasiones, actuamos como tales, convencidos de que todo esto es normal, inevitable o incluso necesario. El control no avanza solo por imposición, sino por resignación.
Una democracia sana limita al poder y protege al individuo. Cuando el Estado decide cómo pagas, qué dices, qué lees, qué comunicas y bajo qué sospecha permanente vives, la libertad deja de ser un derecho y se convierte en un permiso temporal.
Llamar a esto libertad es una perversión del lenguaje. No es libertad. Es control. Y si sigue avanzando, no será solo responsabilidad del Gobierno, sino de una sociedad que prefirió el silencio cómodo a la defensa incómoda de sus derechos.
Frente a este avance acelerado del control, disentir no es una opción: es una obligación cívica. No aceptar como normal lo que no lo es, no asumir como inevitable lo que se puede frenar, no callar cuando el poder invade espacios que nunca debieron pertenecerle. Tenemos un Gobierno que, de forma progresiva y cada vez más descarada, está recortando libertades fundamentales mientras lo envuelve todo en un discurso de protección y progreso. La libertad no se pierde de golpe: se erosiona cuando la ciudadanía se acostumbra a obedecer sin cuestionar. Defenderla exige incomodidad, crítica y resistencia. Lo contrario es resignarse a vivir vigilados… y llamarlo democracia.
