La invasión de Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto una realidad que muchos en Bruselas parecen descubrir únicamente cuando las imágenes dominan las redes sociales y el debate público. De repente, la Comisión Europea habla de proteger las fronteras exteriores, acelerar las devoluciones, reforzar Frontex y responder a la presión de la inmigración ilegal. Sin embargo, quienes llevan años advirtiendo de estos riesgos siguen siendo tachados por el consenso de Bruselas de alarmistas cuando no directamente de «xenófobos» o «islamófobos».
La pregunta es sencilla: ¿quién llevó realmente este debate al Parlamento Europeo antes de que se convirtiera en una evidencia?
La respuesta hay que buscarla precisamente en la Comisión de Seguridad y Defensa (SEDE), creada al inicio de esta legislatura. Hasta julio de 2024, Seguridad y Defensa era únicamente un subcomité parlamentario. La decisión de convertirla en una comisión permanente respondió al nuevo escenario geopolítico abierto tras la invasión rusa de Ucrania y vino acompañada de un extraordinario impulso político, industrial y presupuestario a la política europea de defensa. Sin embargo, mientras Bruselas concentraba el grueso de su planificación estratégica y de los nuevos instrumentos financieros en el flanco oriental, el flanco sur continuaba relegado a un segundo plano, tanto desde el punto de vista de la seguridad como de las inversiones industriales.
Preguntada por el enfoque que han seguido los trabajos de la Comisión de Seguridad y Defensa desde su creación, la asesora política del Grupo Patriotas por Europa para esta materia, la española Paloma Adrados Coart, explica que «desde el inicio de la legislatura la prioridad de Bruselas ha sido construir una política de seguridad diseñada casi exclusivamente alrededor de la guerra de Ucrania y del flanco oriental. Paralelamente, la Comisión Europea ha aprovechado ese contexto para tratar de impulsar una integración cada vez mayor en materia de seguridad y defensa mediante nuevos instrumentos financieros y de planificación estratégica, mientras el flanco sur seguía relegado a un segundo plano». «No deja de ser llamativo que ese impulso federalizador se produzca precisamente en un ámbito donde muchos gobiernos observan con cautela cualquier cesión de competencias en tan sensible materia a las instituciones europeas».
«Quienes vienen advirtiendo desde hace años de la presión de la inmigración ilegal, de la inestabilidad del Sahel, del papel creciente de actores hostiles en el norte de África o de la utilización de la inmigración ilegal como herramienta de presión híbrida han sido acusados de exagerar o de alimentar discursos incómodos para el consenso dominante en Bruselas. Hoy esas mismas instituciones empiezan a decir que existen problemas que durante demasiado tiempo decidieron no convertir en una prioridad política», añade.
La posición de VOX sobre esta cuestión tampoco nació con la creación de la Comisión de Seguridad y Defensa. Desde su llegada al Parlamento Europeo en 2019, la formación de Santiago Abascal viene defendiendo que la seguridad de Europa no puede construirse ignorando el Mediterráneo, el Sahel, el norte de África y las fronteras exteriores del sur. Con la creación de la nueva Comisión SEDE en 2024, esa posición comenzó a trasladarse de forma sistemática a los trabajos parlamentarios.
Esa diferencia de enfoque quedó reflejada de forma especialmente clara en el último informe de la Comisión de Seguridad y Defensa sobre «Guerra híbrida y protección de la integridad territorial de la Unión Europea y de las infraestructuras críticas de seguridad y defensa», cuyo proyecto fue elaborado por una eurodiputada del Partido Popular Europeo.
Mientras buena parte del debate seguía centrado casi exclusivamente en Rusia y el flanco oriental, las enmiendas presentadas por VOX dentro del Grupo Patriotas por Europa introdujeron una visión mucho más amplia de la seguridad europea. En primer lugar, propusieron reconocer expresamente que las amenazas híbridas no afectan únicamente al este de Europa, sino también a Estados miembros especialmente expuestos como España, Italia, Grecia, Malta o Chipre.
En segundo lugar, plantearon incorporar la instrumentalización de la inmigración ilegal por terceros Estados como una auténtica forma de guerra híbrida cuando es utilizada para ejercer presión política sobre las fronteras exteriores de la Unión, trasladando al Mediterráneo un fenómeno que las propias instituciones europeas ya habían reconocido en la frontera oriental con Bielorrusia. En tercer lugar, reclamaron que la planificación estratégica y los futuros recursos europeos en materia de seguridad y defensa dejaran de concentrarse casi exclusivamente en el flanco oriental y contemplaran igualmente las necesidades estratégicas del flanco sur, tanto en términos de capacidades como de financiación.
Estas propuestas quedaron plasmadas en diversas enmiendas oficiales al informe, entre ellas las destinadas a incorporar el flanco sur europeo como espacio prioritario de las amenazas híbridas, a reconocer la utilización de la inmigración ilegal como instrumento de presión por parte de terceros Estados y a exigir un enfoque estratégico equilibrado entre el este y el sur de Europa. Las enmiendas 27, 29, 47 y 98, a iniciativa de Jorge Buxadé, constituyen el núcleo de esa propuesta política y representan probablemente el desarrollo más completo presentado durante la tramitación del informe sobre esta materia.
Frente a ello, las aportaciones del Partido Popular Europeo continuaron orientadas mayoritariamente hacia las amenazas procedentes del flanco oriental. En el caso de la delegación española del PPE, la principal iniciativa relacionada con el Mediterráneo consistió en incorporar una referencia a un incidente marítimo ocurrido frente a Cartagena. No presentó ninguna propuesta equivalente para reconocer el flanco sur como prioridad estratégica de la Unión, para equilibrar la planificación europea entre ambos flancos o para impulsar una reflexión específica sobre la financiación de esa dimensión de la seguridad europea.
Paradójicamente, la misma Comisión Europea, presidida por una dirigente del Partido Popular Europeo, cuyo enfoque sobre Frontex ha sido duramente criticado por Patriotas por Europa por priorizar durante años un modelo centrado en los derechos fundamentales frente a la protección efectiva de las fronteras exteriores, habla ahora de acelerar las devoluciones, reforzar Frontex y proteger las fronteras de la Unión.
Conviene recordar quién llevaba años planteando estas cuestiones en los documentos oficiales del Parlamento Europeo y quién prefirió seguir mirando casi exclusivamente hacia el flanco oriental. Porque la diferencia entre anticipar una amenaza y reconocerla cuando ya ha estallado es la diferencia entre hacer política de seguridad o limitarse a gestionar las consecuencias. Y en esa diferencia se encuentra probablemente una de las mayores carencias de la política europea de seguridad de los últimos años.
