El sistema de tutela de menores en España falla. Y, sobre todo, falla a las personas: deja muchas vidas por el camino y, en ocasiones, la única solución que se les ofrece es morir.

El caso Noelia debería ser el punto de partida para mirar de una vez por todas de frente a lo que está pasando con el sistema de tutela en España y proceder a una investigación y reforma a fondo. En el caso de Cataluña, donde estaba Noelia, hablamos de uno de los sistemas de tutela más grandes de España: el más externalizado y con mayor volumen económico, gestionado por la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA).

Operaciones policiales y judiciales como Trinity y Damocles ya señalaron explotación de menores, redes de abuso y fallos gravísimos dentro del sistema. Gestión en manos de fundaciones, cooperativas y ONG, con enormes irregularidades detectadas: contratos sin concurso, falta de control y pagos por plazas vacías.

Hablamos de un sistema que retira la custodia por vía administrativa, sin juez inicial; casos en los que hay una cercanía evidente y —por qué no decirlo— perversa entre las administraciones y las entidades gestoras que reciben cantidades ingentes de dinero. Esta situación, más común de lo que parece y no exclusiva de Cataluña, exige muchísimas explicaciones, además de una transparencia que hoy no existen. Ejemplo paradigmático y escandaloso (hay más) fue el de Ricard Calvo (vinculado a Esquerra Republicana de Cataluña), procedente de Plataforma Educativa —entidad receptora de fondos públicos— y posteriormente nombrado al frente de la DGAIA.

Además, al tratarse de un sistema con enormes incentivos económicos, se ha evidenciado una tendencia a cronificar la tutela abusando del concepto de desamparo. Y es que, cuántos más menores tutelados, más pasta.

El Tribunal Constitucional, en distintas sentencias, ha señalado que la retirada de menores —medidas que afectan intensamente a la vida familiar— debe ser proporcional y estar rigurosamente justificada, evidenciando excesos en casos que fueron denunciados.

La propia Asociación para la Defensa del Menor en España (APRODEME), que el 3 de diciembre del año pasado participó en un congreso internacional celebrado en el Parlamento Europeo, fue clara al denunciar el «fracaso del sistema de protección de menores» y advertir del riesgo de separaciones injustificadas y cronificación de la tutela.

Demasiadas preguntas sin contestar. Absoluta falta de control. Demasiado grave. Demasiado oscuro.

Y, mientras tanto, mientras no pocos siguen dándole a la manivela en ese sistema de repugnante financiación y enriquecimiento de algunos, lo que demasiadas veces se intenta silenciar: delitos dentro de centros, falsos menores de dudosa o desconocida trayectoria, agresiones y abusos sexuales a menores tutelados —como el caso del entonces marido de Mónica Oltra, condenado por abusar de una menor en un centro—, o los gravísimos casos de explotación sexual de menores tuteladas en Baleares, y sí, también violaciones en grupo, y explotación sexual de niñas y niños.

El caso más reciente, el de Noelia del Castillo, vuelve a poner el foco en los inmensos fallos de un sistema —para muchos— muy rentable y, para otros, algunos menores tutelados, letal.