El procesado fiscal general del Estado ha sido premiado con un nuevo y relevante puesto en la cúpula judicial: la Fiscalía de lo Social del Tribunal Supremo. Un nombramiento que no sólo desafía el sentido común jurídico, sino que lanza un mensaje devastador: en la España del régimen, la lealtad política se recompensa incluso cuando la ejemplaridad está en entredicho.
No escribo estas líneas con rabia. Escribo con tristeza. Tristeza profesional. Tristeza cívica. Tristeza como española.
Porque cuando la Justicia —esa institución que debería ser el último refugio frente al abuso del poder— da la sensación de premiar la fidelidad política por encima de la ejemplaridad, no estamos ante una anécdota administrativa. Estamos ante un fracaso moral del sistema.
No se trata de un nombre concreto. Se trata del mensaje. Y el mensaje que hoy recibe la sociedad es demoledor: no importa lo que hayas hecho, importa a quién sirvas.
Para quienes creemos en el Estado de Derecho, esto duele profundamente. Porque la Justicia no vive sólo de sentencias; vive de confianza, de prestigio, de la certeza de que quienes ocupan puestos de máxima responsabilidad lo hacen por su trayectoria intachable, no por su utilidad al poder.
La independencia judicial no es un concepto abstracto reservado a manuales de Derecho Constitucional. Es una garantía práctica para el español común, para quien acude a un juzgado esperando que su caso sea resuelto sin interferencias, sin favoritismos y sin cálculos políticos. Cuando esa independencia se percibe como frágil o condicionada, el daño no es solo institucional: es social.
Cuando un nombramiento genera escándalo social, incredulidad ciudadana y desafección institucional, algo se ha roto. Y lo más grave es que nadie parece dispuesto a asumirlo. No hay autocrítica. No hay explicaciones. Sólo silencio y arrogancia.
Este tipo de decisiones no son neutras. Erosionan la separación de poderes, normalizan la colonización de las instituciones y envían una señal clara a la carrera judicial y fiscal: el mérito ya no es suficiente; la obediencia puede ser más rentable. Y cuando ese mensaje cala, el deterioro es profundo y duradero.
Como profesional del ámbito jurídico —y como ciudadana— no puedo callar. Porque callar sería aceptar que la Justicia ya no debe parecer justa, sólo obediente. Y eso no es Justicia: eso es régimen.
Un régimen en el que las formas se mantienen mientras el fondo se vacía. En el que las instituciones siguen existiendo, pero pierden su función esencial. En el que se pide confianza a los ciudadanos mientras se debilita aquello que debería merecerla.
España merece algo mejor. La Justicia debe ser independiente o no será creíble. Debe ser ejemplar o no será respetada. Y cuando quienes tienen la responsabilidad de protegerla optan por degradarla, el deber cívico —y profesional— es decirlo en voz alta.