El acuerdo con Mercosur ha conseguido algo que parecía difícil: convertir un tratado comercial en una radiografía jurídica del vaciamiento democrático europeo. No hablamos ya de aranceles, cuotas o exportaciones de carne; hablamos de cómo decisiones con consecuencias estructurales para millones de ciudadanos se adoptan mediante mecanismos que bordean, cuando no traspasan, el espíritu mismo del Estado de Derecho. Y resulta especialmente llamativo que quienes durante años han invocado la «Europa de las normas» parezcan ahora cómodos aplicando acuerdos de enorme impacto económico por la puerta lateral de la provisionalidad administrativa.

Desde la perspectiva de cualquier jurista mínimamente respetuoso con la jerarquía institucional, la situación resulta difícil de explicar sin recurrir a la ironía. El Parlamento Europeo pide garantías jurídicas, se plantea acudir al Tribunal de Justicia, existen dudas abiertas sobre competencias y alcance del acuerdo… y la respuesta ejecutiva consiste en aplicarlo igualmente.

Es decir, primero se ejecuta y después, si acaso, se discute la legalidad. Una curiosa inversión del principio de seguridad jurídica que, de producirse en cualquier administración nacional, provocaría escándalo parlamentario inmediato y probablemente más de un recurso contencioso.

Se nos repite que Mercosur es inevitable, moderno y estratégico, términos que en el lenguaje político contemporáneo suelen significar simplemente que nadie piensa someterlo a un verdadero debate democrático. Porque si algo incomoda de este acuerdo no es su contenido técnico, sino el método: decisiones adoptadas lejos del control ciudadano y justificadas mediante un lenguaje tecnocrático que pretende convertir la política en una fatalidad económica. La globalización, al parecer, funciona como una cláusula eximente universal: si algo perjudica a sectores enteros, no es responsabilidad de nadie; «lo exige el mercado».

El problema es que el mercado no vota, pero los agricultores sí. Y los ganaderos. Y las miles de familias cuya supervivencia depende de competir bajo reglas que Bruselas endurece dentro de Europa mientras flexibiliza alegremente fuera de ella. La paradoja jurídica alcanza niveles notables: a los productores europeos se les exige cumplir estándares medioambientales, sanitarios y laborales cada vez más estrictos —bajo amenaza de sanción— mientras se facilita la entrada de productos elaborados bajo condiciones distintas. No es libre competencia; es competencia regulatoria asimétrica, una figura que cualquier abogado identificaría rápidamente como un desequilibrio normativo deliberado.

Se invocan cláusulas de salvaguarda, como siempre. También abundan en contratos abusivos: tranquilizan al firmante mientras trasladan el riesgo al más débil. La experiencia demuestra que llegan tarde o se pierden en la burocracia europea, eficaz para redactar informes, pero rara vez para salvar explotaciones.

Lo verdaderamente revelador es la reacción política ante las críticas. Quien cuestiona el acuerdo es acusado automáticamente de proteccionista, populista o enemigo del progreso, como si la defensa de la soberanía económica fuese una excentricidad ideológica y no una competencia básica de cualquier Estado.

Desde el punto de vista jurídico-político, Mercosur evidencia un fenómeno cada vez más evidente: la progresiva sustitución del consentimiento democrático por la gestión tecnocrática. Las grandes decisiones se fragmentan en procedimientos complejos, se dispersan responsabilidades y finalmente nadie parece haber decidido nada, aunque las consecuencias sean perfectamente reales. Es la versión institucional del «no hay alternativa», elevada a categoría normativa.

Quizá lo más preocupante no sea el impacto económico inmediato, sino el precedente. Si acuerdos de esta magnitud pueden aplicarse provisionalmente pese a controversias jurídicas abiertas y oposición política significativa, el mensaje es claro: la excepcionalidad se convierte en método. Y cuando la excepción se normaliza, el Derecho deja de ser límite del poder para convertirse en su instrumento.

Europa corre así el riesgo de transformarse en un espacio donde la legalidad se invoca con solemnidad hacia abajo —para regular al ciudadano— y con flexibilidad hacia arriba —cuando las instituciones consideran urgente avanzar sin demasiadas preguntas—. Como abogado, cuesta no admirar la sofisticación técnica del procedimiento; como ciudadana europea, resulta bastante más difícil celebrar sus consecuencias.

Porque al final Mercosur no está poniendo únicamente a prueba al campo europeo. Está poniendo a prueba algo más incómodo: hasta qué punto la Unión sigue creyendo en aquello que afirma defender, o si el Estado de Derecho ha pasado a ser, como tantas otras cosas en Bruselas, una magnífica declaración de principios acompañada de abundantes notas a pie de página.