TRIBUNA | ELENA RAMALLO
El sentido común tiene nombre: prioridad nacional
El sentido común tiene nombre: prioridad nacional
Acto de VOX en Almería. Flickr
Por LGI
16 de noviembre de 2026

¿Qué es la prioridad nacional? Es sentido común. En España, prioridad para los españoles. Parece sencillo de entender. Sin embargo, cuando VOX planteó la cuestión, se dijeron auténticas barbaridades. El Gobierno de Sánchez calificó de inconstitucional, racista y xenófoba la Prioridad Nacional recogida en los pactos autonómicos del PP y VOX. Desde el propio PP, dos de sus principales referentes, Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno, descalificaron la propuesta y pusieron en duda su encaje legal y constitucional. En medio de aquella polémica me hice una pregunta. ¿Cómo es posible que sea ilegal dar prioridad a los españoles en el acceso a determinados recursos públicos?

Como ciudadana y como española, quise aportar mi granito de arena a un debate manipulado y tergiversado. Como jurista, quise desmontar aquellas descalificaciones con argumentos. En abril de 2026 publiqué en la revista Claves Jurídicas el artículo académico Prioridad nacional: marco jurídico y constitucional en España. Estudié quién tiene competencia para aplicarla, qué límites debe respetar y cuándo sería necesario modificar la normativa. Lo hice con el propósito de incorporar ese planteamiento al Derecho español, algo que espero ver hecho realidad en los próximos meses.

La Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho en su artículo 1 y proclama la unidad de la nación española en el artículo 2. El artículo 103.1 obliga a la Administración a servir con objetividad los intereses generales. El artículo 31 exige que cada cual contribuya al sostenimiento del gasto público según su capacidad económica y que los recursos públicos se asignen equitativamente. De ahí parte mi argumento. Proteger el interés general de España y atender las necesidades de los españoles es una finalidad legítima y políticamente impecable. Para llevar ese propósito a una norma hay que justificar a quién se da prioridad, por qué y con qué efectos. Mi propósito como jurista es dar a esos criterios un encaje concreto en el Derecho español.

La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el artículo 14, recogida en la STC 76/1990, admite diferencias de trato cuando tienen una justificación objetiva y razonable y sus efectos son proporcionados. Sobre esa base, es jurídicamente defendible ordenar el acceso a recursos limitados mediante un baremo que valore, según la finalidad de cada ayuda, tres criterios verificables que el ordenamiento ya utiliza en distintos ámbitos: el arraigo residencial, la contribución previa al sistema y los vínculos familiares.

Fuera del mundo de los políticos, la idea se entiende enseguida. Si tus hijos o tus padres necesitan ayuda y los recursos de casa son limitados, ¿a quién atiendes primero? ¿A los tuyos o a alguien ajeno a tu vida y a tu comunidad? La respuesta es inmediata. Atiendes primero a los tuyos. Esa es la idea que fundamenta la prioridad nacional. Los vínculos importan.

Pensemos ahora en una familia española que lleva años viviendo y trabajando aquí, pagando impuestos y sacando adelante a sus hijos. Necesita una vivienda pública. ¿Es razonable que, al valorar su solicitud, cuente el vínculo con el lugar donde ha hecho su vida?

Ahí es donde el debate se vuelve concreto. El padrón puede ayudar a acreditar la residencia. Las cotizaciones pueden valorarse cuando guarden relación con la prestación. Y un vínculo familiar puede ser relevante si el programa de vivienda busca facilitar que una persona siga cuidando a un familiar dependiente. En esa misma convocatoria, puntuar los años de residencia permite valorarlos junto con la necesidad de cada hogar. ¿Dónde está, entonces, la supuesta inconstitucionalidad? Quien la afirme tendrá que señalar qué medida concreta vulnera qué norma. Por desgracia, hay políticos que dicen auténticas barbaridades y a los que apenas se les exige que respondan por sus palabras.

VOX defendió la preferencia de los españoles en el acceso a las ayudas y a la vivienda pública y mantuvo su posición pese a las críticas. El 16 de abril, el PP y VOX firmaron el acuerdo de gobierno de Extremadura, que incorporó expresamente la Prioridad Nacional y la vinculó a un arraigo real, duradero y verificable. Por exigencia de VOX, el principio se incorporó al resto de los acuerdos de gobierno. Entre tanto ruido y pese a la oposición del PP, el sentido común empezaba a abrirse paso.

Y el 10 de noviembre, Feijoo presentó el programa electoral del PP. ¿Y qué lleva ese programa? Prioridad en determinadas ayudas para quienes acrediten un vínculo con España. Habla de empadronamiento, permanencia, cotización y contribución al sistema. Lo llama «arraigo real». Después de tanta oposición y tanta descalificación, el PP ha copiado una parte sustancial de una de las banderas de VOX.

Ya a modo de conclusión, defender la prioridad nacional es una posición política legítima y lógica. Los recursos son limitados. Sostener el Estado del bienestar requiere rigor, control presupuestario y criterios de reparto. Cuando una familia española que lleva años trabajando, pagando impuestos y sacando adelante a sus hijos necesita ayuda, es legítimo, y casi inexcusable, que cuente su vínculo con el país en el que ha nacido o ha hecho su vida, porque es su país y sus instituciones tienen el deber de repartir con justicia los recursos que esa familia también ha contribuido a sostener.

Estar al lado de quienes han sostenido a España cuando más necesitan de ella es una cuestión tanto de política como de justicia.

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