Durante años nos dijeron que todo era una conspiración. Que eran bulos. Que eran fangos. Que eran jueces, periodistas y opositores intentando derribar al Gobierno por vías indirectas. Hoy sabemos que no era mentira. Lo sabemos porque ya no habla un medio de comunicación ni un partido político. Habla el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo ha condenado recientemente a José Luis Ábalos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
El mismo José Luis Ábalos que durante años fue la mano derecha de Pedro Sánchez. El mismo Ábalos que dirigía la organización territorial del PSOE. El mismo Ábalos que era presentado como uno de los hombres más poderosos del Gobierno y del partido. La reciente sentencia no sólo condena a Ábalos. También condena años de propaganda política construida para negar la realidad.
La importancia jurídica del fallo va mucho más allá de las penas impuestas. El Tribunal no describe hechos aislados ni errores administrativos. Lo que considera acreditado es la existencia de una estructura estable, con reparto de funciones y continuidad en el tiempo, orientada a utilizar la influencia derivada del poder político para obtener beneficios privados.
En términos jurídicos la diferencia es enorme. No estamos ante una irregularidad. Estamos ante delitos que atacan directamente los principios de imparcialidad, integridad y servicio al interés general sobre los que descansa cualquier Estado de Derecho.
Pero la dimensión política es todavía más grave. Porque José Luis Ábalos no era un ministro cualquiera. No era un cargo secundario ni un dirigente periférico. Era uno de los pilares del sanchismo. Fue el encargado de ejecutar las decisiones más delicadas, de controlar la estructura interna del partido y de sostener políticamente al presidente en algunos de los momentos más difíciles de su trayectoria. Por eso resulta imposible aceptar que la única conclusión política sea que todo termina en Ábalos.
La responsabilidad penal es individual. La responsabilidad política, no. No se trata de atribuir al presidente conductas que la sentencia no le atribuye. Se trata de exigir explicaciones sobre cómo pudo desarrollarse durante años una trama de estas características en el entorno de uno de los ministerios más importantes del Gobierno sin que nadie asumiera responsabilidad alguna.
Lo verdaderamente extraordinario de este caso no es que exista corrupción. España ha conocido demasiados escándalos de corrupción a lo largo de las últimas décadas.
Lo extraordinario es la absoluta ausencia de consecuencias políticas. En cualquier democracia occidental seria, la condena del principal colaborador político del presidente habría provocado una crisis política de enorme magnitud. Habría obligado a comparecer, a explicar, a asumir responsabilidades y a rendir cuentas.
Aquí no. Aquí nadie dimite. Aquí nadie ofrece explicaciones. Aquí nadie parece dispuesto a reconocer que el problema no era una invención de la oposición ni una campaña mediática. La estrategia del Gobierno ha consistido durante demasiado tiempo en desacreditar a quien preguntaba. Primero fueron los periodistas. Después los jueces. Más tarde la oposición. Siempre había un enemigo externo al que culpar. Ahora el problema es que la sentencia existe. Y las sentencias no pueden descalificarse como si fueran un tuit o una tertulia.
Además, esta resolución difícilmente puede considerarse el final de la historia. Varias piezas y actuaciones relacionadas con el entorno de la trama continúan siendo objeto de investigación en otros procedimientos. Eso significa que la presión política sobre el Gobierno está lejos de desaparecer.
Precisamente por eso resulta tan llamativo el silencio de Pedro Sánchez. Porque si Ábalos fue durante años uno de los hombres más poderosos de su proyecto político, la pregunta resulta inevitable: ¿cómo es posible que el presidente no tenga nada que explicar? La sentencia ha cerrado una discusión judicial. Pero acaba de abrir una discusión política mucho más incómoda. La responsabilidad penal corresponde a los condenados. Sin embargo, los hechos descritos por el Supremo han dictado también otro veredicto: el relato con el que el sanchismo intentó negar, minimizar y ridiculizar este escándalo durante años ha quedado definitivamente derrotado. Y esa condena política puede terminar siendo mucho más difícil de revertir que cualquier condena penal.
