Como tantos sistemas políticos, el régimen colombiano de 1991 contenía en sus gérmenes los factores de su propia destrucción. Y digo que estaban presentes desde su inicio, pues no falta sino ver la foto de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. Álvaro Gómez y Horacio Serpa, a nombre del desgastado —y hoy añorado— bipartidismo, proclamando en coro con el ex guerrillero Antonio Navarro un régimen constitucional, liberal y democrático montado sobre dos premisas suicidas; la destrucción de los partidos políticos y la aceptación del narco-comunismo como elemento consustancial de ese nuevo orden. Ya dijo Marx que todo se repite dos veces, primero en tragedia y luego en comedia, siendo la tragedia ver a Álvaro abrazado con Navarro y la comedia ver a Santos abrazando a «Timochenco». (Álvaro terminó asesinado, Santos con un nobel de paz)
Porque Álvaro Gómez —y hasta cierto punto Santos— representó la ingenuidad de la clase política tradicional, convencida de que era posible hacer el «acuerdo sobre lo fundamental» con guerrilleros marxistas que no creen en la democracia liberal. El abrazo de Álvaro con Navarro, o el de Santos con Timochenko, no fue el de Laureano con Alberto Lleras, medio siglo antes en Sitgues. Ni el M-19 ni las FARC representaron jamás el republicanismo que si encarnó Lleras en 1957, o Uribe en 1902, después de la última guerra civil que tuvo Colombia. Las narcoguerrillas colombianas encarnan una ideología antagónica al Estado de derecho, demostrando, con Iván Cepeda —el incuestionable candidato de las FARC—, que la combinación de todas las formas de lucha si es un medio óptimo para destruir la democracia liberal. El reciente asesinato de Miguel Uribe no hace sino confirmar tan horrorosa práctica.
Las instituciones de 1991 contuvieron en algo el ímpetu de Petro, pero no tendrán fuerzas para contener al candidato de las FARC si este resultara electo. En un país en donde las presidenciales se ganan por un margen de votación relativamente pequeño, el esfuerzo necesario para que entre las narco guerrillas, demás carteles y el gobierno de Petro logren el desempate a favor de su candidato no será una empresa difícil. Recuerden que Ernesto Samper le ganó a Andrés Pastrana por 200.000 votos que obtuvo gracias al cartel de Cali. ¿Cuánto no sumará en favor de Cepeda el «pacto de la Picota»?
Con eufemismos como «la Paz», o «la inclusión», el establecimiento liberal colombiano lleva 35 años invitando a que los narco-guerrilleros de todos los pelambres «se sumen» a la institucionalidad; desde el vergonzoso Caguán hasta el proceso de Santos, pilares de la sangrienta «paz total» de Petro.
Indultándoles los crímenes más atroces, montándoles una falsa justicia paralela de forma que no paguen un día en la cárcel, lavándoles la imagen y sentándolos en el Congreso. Con ello creyeron que la presencia de estos arcángeles dentro del establecimiento no haría sino fortalecer las instituciones democráticas. Invitaron al lobo al gallinero y ahora lloran la probable destrucción del Estado de derecho a manos de un estalinista ultraortodoxo que nunca ha creído en la democracia liberal de 1991 y que se prepara —lo ha dicho públicamente— para destruir la Constitución a partir del 7 de agosto próximo. Al liberalismo colombiano hay que decirle lo mismo que a Boabdil cuando perdió Granada.
