El 28 de abril del 2025 España se quedó a oscuras. 50 millones de personas en España y el sur de Francia vivieron un episodio más propio de la Venezuela del régimen chavista que de un país desarrollado. Muchos culparon del apagón a la generación renovable, a las malvadas eléctricas, incluso a la «fachosfera» y sus bulos, pero la realidad es que los culpables estaban y están en el Gobierno de España. Y no sólo los actuales, que esto viene de lejos.
La verdadera causa del apagón está en la falta de planificación de la infraestructura de red necesaria para absorber la energía disponible, independientemente de su procedencia y llevarla hasta los puntos donde se consume. Si cambias los puntos de conexión de la generación y no actualizas la red es como si te llevas Madrid a Soria y no haces autopistas nuevas, el colapso circulatorio está asegurado. Parece de perogrullo, pero a veces las cosas más sencillas explican los problemas más complejos. Y la responsabilidad de que no se haya hecho lo necesario para que toda la generación renovable llegue hasta el punto donde se demanda el consumo sin que la red colapse es del gobierno.
La generación renovable no es culpable de nada, sino que gracias a ella hemos sido conscientes de los pecados del omisión Gobierno en materia de planificación de la red eléctrica de la misma manera que los conflictos internacionales en Ucrania o el cierre del estrecho de Ormuz nos han mostrado las consecuencias reales de abandonar la soberanía como base de nuestra política energética abandonándonos a la agenda de descarbonización impuesta por el Pacto Verde.
Lo que podría ser hoy nuestra mejor arma contra los vaivenes de la geopolítica internacional, la generación renovable y la capacidad de generación nuclear, se han convertido, por descuido de la red y el calendario de cierre de las centrales, en nuestro talón de Aquiles.
Pero no está todo perdido, todavía. Hace pocos días Jordan Bardella, acompañado por Santiago Abascal, expuso una nueva forma de ver la política económica de la Unión Europea que propone el grupo de los Patriotas. Denunció sin tapujos de la vulnerabilidad de las economías de los países miembros a las crisis energéticas. Cada céntimo de euro que sube la luz es una pérdida de competitividad para nuestra industria.
Y los efectos se hacen patentes, sobre todo en España. El Fondo Monetario Internacional ha advertido de la nefasta «excepción española», la única economía del euro que pierde productividad desde 2018 pese a recibir cien mil millones de fondos europeos. La subida de los costes laborales acompañada de la subida de los precios energéticos y la sobrecarga de costes regulatorios y fiscales que los elevan a récords históricos está en la base del problema. Y no busquemos culpables fuera de nuestras fronteras, porque los culpables se sientan cada martes en el Consejo de Ministros.
Pero ahí no acaba todo, no es sólo la economía, es también la vivienda. Según datos publicados por el BBVA Research, la construcción de vivienda nueva tiene en el acceso a la red eléctrica un freno mayor que la falta de mano de obra. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, hay 300 subestaciones eléctricas saturadas, sin capacidad de absorber demanda. Así aunque hay suelo suficiente para desarrollar más de cien mil viviendas, solo cuarenta mil podrían conectarse a la red salvo que se repotencien las subestaciones saturadas. Desarrollos urbanísticos como los Ahijones, Los Berrocales, Valdecarros o Madrid nuevo Norte puede que terminen de construir, pero sin luz, no podrán entregar. Y quién finaliza una obra, quién invierte en material y fuerza de trabajo si no va a poder entregar y cobrar las viviendas construidas.
La situación es crítica. Hay soluciones, sí, y VOX las ha recogido en su programa de Desregulación: eliminar el tope regulatorio a la inversión en redes eléctricas, tramitar de forma exprés los permisos necesarios para la construcción de redes y subestaciones, y asegurar a inversores en construcción de vivienda o industriales el acceso a una red eléctrica fiable con unos precios de la energía razonables. Y aunque tardarán en desplegar sus efectos, aplicarlas creará una expectativa muy atractiva para los constructores e inversores.
España no necesita frenar la inversión de las empresas eléctricas, sino potenciar la reinversión de los beneficios obtenidos, no debemos parar sino acelerar la construcción de infraestructuras, y a aquel que venga a invertir no tenemos que espantarlo sino captarlo. La hoja de ruta es clara. Ahora falta el apoyo de los españoles para sacarlo adelante y ver que realmente España, por fin, enciende la luz.
