Hubo un tiempo en que España era sinónimo de normalidad funcional. Los trenes salían a su hora, los aeropuertos eran motivo de orgullo, las carreteras resultaban seguras y la administración —con todas sus imperfecciones— servía al español y no al revés. Nadie se planteaba si coger un vuelo era una aventura incierta o si un trayecto por autovía acabaría en un slalom de baches. Ese país existió. Hoy contemplamos su desguace silencioso.
Lo que está ocurriendo con los servicios públicos no es una cadena de incidencias: es el síntoma de un Estado que ha dejado de respetar a quienes lo sostienen con sus impuestos. Aeropuertos desbordados a la mínima tormenta, trenes sin fiabilidad, carreteras agrietadas y peligrosas… No hablamos de fatalidades, sino de décadas de mala gestión.
Durante años se nos vendió la fantasía del país de cartón piedra. Se levantaron aeropuertos gigantes, terminales desproporcionadas y ampliaciones faraónicas que nunca hicieron falta. Miles de millones enterrados en infraestructuras pensadas para la foto inaugural. Hoy muchas están medio vacías y, pese a su tamaño, ni siquiera funcionan con eficacia. El despilfarro del pasado es la inoperancia del presente.
El estado de las carreteras completa el retrato: firmes destrozados, señalización deficiente, puentes envejecidos y autovías saturadas sin alternativas. Pagamos impuestos al combustible, tasas y peajes para acabar conduciendo por vías indignas de un país europeo. Desplazarse se ha convertido en un riesgo asumido.
No hablo de teorías, hablo de lo que he vivido esta misma semana. En dos ocasiones he sufrido retrasos, cancelaciones y desinformación. En las salas de espera conversé con personas de todo tipo. Estoy segura de que muchas no compartían mi tendencia política, que quizá jamás votarían lo que yo voto. Y, sin embargo, todos decíamos lo mismo: esto no es normal, nos están abandonando a nuestra suerte. Ese acuerdo espontáneo valía más que cualquier debate televisivo.
Conviene decirlo con claridad: esto no es una guerra de siglas. O sí, pero contra todas a la vez, porque el bipartidismo, turnándose en el poder, ha ido desmontando lo que decía proteger. El malestar es transversal. Lo siente quien vota a la derecha, a la izquierda o quien ya no vota a nadie. Muchos, además, quizá no apoyan otras alternativas porque nunca han podido escuchar su versión real, silenciada por unos medios más preocupados por proteger al sistema que por contar la verdad.
Nada de lo que ocurre es inevitable: es político. Se sustituyó la profesionalidad por el amiguismo, la planificación por la propaganda y la inversión responsable por el gasto electoral. Pagamos impuestos de país serio y recibimos servicios de país improvisado. El dinero que debía mantener lo esencial se diluyó en proyectos megalómanos y redes de intereses.
Nos han acostumbrado a aceptar lo inaceptable: retrasos como norma, hospitales saturados, carreteras peligrosas, trámites imposibles. Y siempre la misma excusa oficial: la lluvia, el viento, el contexto. Nunca la incompetencia.
Resulta vergonzoso vivir en un país con esta situación. Resulta lamentable y hasta doloroso pensar en las generaciones venideras, que heredarán aeropuertos vacíos, deudas gigantes y servicios públicos que se caen a pedazos. España no era esto.
Indigna el mal funcionamiento, pero indigna más la impunidad. Nadie dimite, nadie asume responsabilidades. Los gestores fracasan hacia arriba mientras el ciudadano acumula horas perdidas y averías por el mal asfalto.
Esta crítica nace del amor a un país que merece algo mejor. Defender lo público es exigir que vuelva a funcionar, que las carreteras sean seguras, que los trenes lleguen y que los aeropuertos se dimensionen con sentido común. Porque lo que está en juego no es sólo la comodidad o la economía cotidiana: lo que está en juego es la seguridad de los españoles, su futuro e incluso su vida.
