¿Qué está pasando en Galicia y en las aulas de nuestros centros educativos? ¿Desde cuándo defender determinadas ideas políticas puede convertirse en motivo de amenazas, insultos, intimidación o violencia? ¿Dónde están las instituciones encargadas de garantizar nuestros derechos?
No hablo de oídas. No milito en VOX, no ocupo ningún cargo público ni pertenezco orgánicamente a ningún partido político. Soy profesora, jurista y defensora de los derechos humanos. Expreso mis opiniones políticas libremente, fuera de mi actividad docente. Sin embargo, estos días, la Guardia Civil ha tenido que acudir a mi centro educativo para protegerme a la salida y entrada de clase.
¿Hemos llegado al extremo de que una profesora pueda necesitar protección por ejercer sus libertades en su ámbito privado? ¿Es esta la libertad que garantizan nuestras instituciones y nuestros centros educativos? ¿Cómo es posible que insultar y señalar a un profesor se haya normalizado en los centros escolares?
Lo que está ocurriendo en Galicia merece explicaciones. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el Partido Popular, que gobierna esta comunidad, no pueden desentenderse de una situación que afecta directamente a derechos fundamentales y a menores de edad.
El 21 de octubre de 2026, la visita de Santiago Abascal a A Coruña terminó con graves disturbios, enfrentamientos con la Policía Nacional, dos detenidos y doce agentes lesionados. Mientras VOX, una formación política legalmente constituida, celebraba un acto en la plaza de María Pita, se desarrollaba una concentración contraria a su presencia.
Manifestarse es un derecho. Agredir, intimidar o intentar impedir mediante la violencia que otros ejerzan sus libertades no lo es. Ninguna organización puede atribuirse la potestad de decidir quién tiene derecho a expresarse públicamente en función de sus ideas.
Uno de los aspectos más preocupantes de aquella jornada fue la convocatoria de una movilización estudiantil en horario lectivo contra la presencia de Santiago Abascal. No se trataba de una protesta para exigir mejoras educativas, más profesores o mejores instalaciones. Era una convocatoria expresamente política contra unas ideas, un partido y un dirigente de VOX, promovida por el Sindicato de Estudiantes y respaldada por Galiza Nova, organización juvenil del BNG, y otros colectivos políticos juveniles.
Según informaciones publicadas, tres centros educativos de A Coruña reconocieron ausencias del alumnado durante aquella jornada: IES Eusebio da Guarda, IES Rosalía Mera e IES Ramón Otero Pedrayo.
Estamos hablando de centros públicos y de estudiantes entre los que se encuentran menores de edad. La legislación reconoce determinadas formas de inasistencia colectiva, pero su ejercicio no puede confundirse con una autorización para instrumentalizar políticamente la enseñanza pública.
¿Qué clase de educación estamos ofreciendo si existe el riesgo de que los alumnos aprendan a identificar al adversario político como un enemigo al que agredir? ¿Sólo son legítimos los valores de la izquierda, del nacionalismo o de quienes pretenden imponer una determinada visión política? ¿Hubo profesores que promovieran la participación de menores, en horario de clase, en una movilización contra una formación política concreta? ¿Existieron actuaciones que pudieran constituir adoctrinamiento?
La escuela pública debe enseñar a pensar, no a rechazar a quienes piensan diferente. La libertad de pensamiento no puede ser selectiva. Un alumno debe poder defender ideas conservadoras, progresistas o nacionalistas sin sentirse señalado por ello. ¿Dónde está la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia? ¿Qué actuaciones ha llevado a cabo para esclarecer lo ocurrido?
Paralelamente, la Delegación del Gobierno en Galicia ha promovido una gira educativa de la obra teatral Melón Pelado, centrada en la represión de mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra. La misma representación llegó al Congreso de los Diputados el 4 de noviembre.
Entre los centros vinculados a esta programación figuran el IES Martaguisela y el IES Lauro Olmo, en O Barco de Valdeorras; el IES Chapela, en Redondela; el IES Basanta Silva, en Vilalba, y un centro educativo en Culleredo.
La educación no puede convertirse en adoctrinamiento. Las administraciones no deben utilizar actividades educativas financiadas con dinero público para imponer a los menores una interpretación política única de nuestra historia, coincidente con el relato que defiende el Gobierno de Pedro Sánchez.
Los menores tienen derecho a conocer los hechos históricos, analizarlos y desarrollar su propio juicio crítico, no a recibir conclusiones políticas previamente elaboradas por un Gobierno. La historia no pertenece a ningún partido y las aulas no pueden convertirse en instrumentos de propaganda institucional. ¿Y dónde está nuevamente la Xunta de Galicia? ¿Quién supervisa estas actividades, sus contenidos y su financiación?
Quiero dirigirme directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Educación, Román Rodríguez. ¿Qué está pasando en las aulas gallegas y qué está haciendo la Xunta para garantizar la libertad ideológica de nuestros estudiantes y profesores?
El Partido Popular gobierna Galicia y ejerce las competencias educativas. No puede limitarse a criticar las políticas del Gobierno de Sánchez mientras evita ofrecer explicaciones sobre lo que sucede en los centros públicos de la comunidad que administra.
¿Ha abierto la Consellería alguna investigación sobre las circunstancias de la movilización estudiantil del 21 de octubre? ¿Se ha comprobado si existieron presiones sobre menores? ¿Qué controles se realizan sobre las actividades de contenido político o histórico promovidas por otras administraciones? Y, especialmente, ¿qué protección ofrece la Xunta a los profesores que denunciamos situaciones de intimidación relacionadas con nuestras opiniones personales, expresadas fuera del ejercicio de la docencia?
La educación pública no pertenece al PSOE, al BNG, a ningún otro partido político ni a ningún sindicato. Pertenece a todos los ciudadanos y debe garantizar el respeto a todas las convicciones, con especial protección de los menores.
Tampoco corresponde a Galiza Nova, al Sindicato de Estudiantes, a UGT o a Comisiones Obreras decirme qué debo pensar, qué opiniones puedo expresar en mi vida privada o cómo debo ejercer mi libertad ideológica. Ninguna organización puede atribuirse el derecho a condicionar las libertades de quienes no comparten sus ideas.
Llevo muchos años dedicada a la enseñanza, al Derecho y a la defensa de los derechos humanos. Mi obligación como profesora es transmitir conocimientos, fomentar el pensamiento crítico y respetar las convicciones de mis alumnos, no trasladarles mis preferencias políticas. Tampoco acepto que ningún docente, sea de izquierdas, de derechas o nacionalista, utilice su posición para imponer su ideología a los estudiantes, como está ocurriendo. Ni que quienes somos de derechas tengamos que ocultar nuestras ideas para evitar ser señalados, en el mejor de los casos, insultados o acabar necesitando la protección de la Guardia Civil.
No quiero que mis alumnos piensen como yo. Quiero que aprendan a pensar por sí mismos. No pretendo imponerles una ideología conservadora ni progresista. Exijo exactamente lo mismo a quienes tienen responsabilidades educativas.
No voy a tolerar que mis opiniones personales, expresadas legítimamente fuera de mi actividad profesional, puedan convertirse en motivo de intimidación. Por eso exijo a Alfonso Rueda y a Román Rodríguez que investiguen las situaciones denunciadas, aclaren qué está ocurriendo en los centros educativos gallegos y garanticen la transparencia de las actividades financiadas con dinero público, la neutralidad ideológica de la enseñanza y la protección efectiva del profesorado y del alumnado.
Los centros educativos están para enseñar, no para adoctrinar, imponer una visión ideológica de la historia ni fomentar el enfrentamiento político.
Galicia no puede convertirse en una comunidad dominada por la intolerancia o el pensamiento único, donde discrepar signifique vivir amenazado y determinados sectores pretendan decidir qué ideas merecen respeto y cuáles deben ser silenciadas.
La libertad ideológica no es patrimonio de la izquierda, de la derecha ni de ningún partido. Es un derecho fundamental de todos los españoles y las instituciones tienen la obligación de garantizarlo.
Lo denuncio como profesora, como ciudadana y como madre. Y no pienso renunciar a mi libertad. Lo decía estos días durante la presentación de mi libro El grito de los libres y hoy lo reitero.
Elena Ramallo.
Doctora en Derecho, Inteligencia Artificial, Justicia y Derechos Humanos