Según el principio de subsidiariedad, la Unión Europea sólo interviene cuando está mejor situada que los Estados miembros para alcanzar un objetivo específico. ¿Es este el caso en materia de inmigración y de asilo? Treinta años después del establecimiento de la política migratoria común, ¿de verdad está la UE mejor situada para controlar las fronteras, expulsar a migrantes ilegales, concluir acuerdos de readmisión o gestionar la política de asilo?

Lamentablemente, estas preguntas son retóricas, después de tres décadas al mando, es imposible negar que la política de inmigración y asilo de la UE es un fracaso sin paliativos hasta el punto de que la crisis migratoria —y sus consecuencias financieras, de seguridad y su impacto cultural— se ha convertido en el problema político europeo más apremiante y ha derivado en una amenaza existencial para el continente.

Las cifras hablan por sí solas. Mientras que la tasa de natalidad de la UE cae en picado desde hace décadas, su población total ha crecido inexorablemente, impulsada por flujos migratorios en constante aumento. Según la Comisión Europea, «desde 2012, el saldo natural negativo (más muertes que nacimientos) en la población de la UE ha sido compensado por un saldo migratorio positivo». Debido a estas tendencias, muchos países europeos se han convertido en «naciones de inmigrantes», con más del 15% de su población de origen extranjero, una cifra superior incluso a la de los Estados Unidos. Sólo en el ámbito de la protección internacional, la UE ha recibido a 8,5 millones de solicitantes de asilo en la última década, el equivalente al decimoquinto Estado más poblado de la Unión. Según Eurostat, 7,4 millones de personas han ingresado ilegalmente en la UE desde 2014, mientras que apenas una cuarta parte de ellas ha sido expulsada. De manera similar, las cifras oficiales también revelan un claro fracaso en materia de integración, con profundas brechas en las tasas de empleo, el riesgo de pobreza y la actividad delictiva.

¿Cuántas pruebas irrefutables más hacen falta para reconocer la verdadera magnitud y gravedad de la desastrosa gestión de la UE ante esta crisis migratoria sin precedentes? Sin precedentes, en efecto, porque el fenómeno contemporáneo tiene poco que ver con los flujos migratorios posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En un mundo de fronteras cada vez más desdibujadas, movilidad ilimitada y contrastes demográficos, la Convención de Ginebra y su Protocolo de 1967, el principio de «no devolución» (non-refoulement) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no sólo son herramientas obsoletas, son obstáculos que impiden a los Estados afrontar la inmigración y las graves amenazas de seguridad que conlleva.

Es hora de replantear este marco totalmente desfasado y adaptarlo a las circunstancias radicalmente distintas de hoy en día. Debe permitirse que los Estados miembros se liberen del corsé legal en el que se ha convertido en una amenaza existencial. Bruselas —con su lentitud, su falta de ambición, su dogmatismo, su ineficiencia crónica y su jurisprudencia permisiva— es, en gran medida, responsable del actual estancamiento y no puede ser la solución a éste problema.

Por lo tanto, la solución no es una enésima reforma o en un nuevo Pacto migratorio mal concebido y cuestionado antes de ser puesto en práctica. Tras treinta años de fracaso, la única solución es que la UE devuelva las competencias a los Estados miembros y que éstos gestionen la inmigración y el asilo con un enfoque radicalmente nuevo basado en la soberanía nacional.

Este es precisamente el enfoque que proponemos y desarrollamos en nuestro nuevo informe, Taking Back Control from Brussels (“Retomar el control frente a Bruselas”), publicado por el Mathias Corvinus Collegium y el Migration Research Institute, con el apoyo de Ordo Iuris y el European Centre for Law and Justice. Extender el privilegio de exclusión voluntaria (opt-out) del acervo migratorio —del que gozan Dinamarca e Irlanda— a cualquier Estado miembro que lo solicite, limitar el espacio Schengen únicamente a los ciudadanos europeos, prohibir la financiación pública a cualquier organización de la «sociedad civil» que promueva la inmigración ilegal, derogar la Convención de Ginebra o repensar el ámbito de aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos son sólo algunas de las 18 medidas propuestas para resolver la crisis de inmigración masiva y romper el actual e insostenible statu quo. Y aunque este informe se centra en la UE, no debemos olvidar que la inmigración de masas es un problema de escala mundial que afecta particularmente a los países occidentales. Por eso esperamos que estas propuestas también sirvan de inspiración más allá de Europa.

El tiempo se agota, Europa debe afrontar esta crisis existencial y revertir esta situación insostenible. No es momento para medias tintas tecnocráticas, vacilaciones ni cobardía. Es el momento para que los Estados miembros reclamen su soberanía y decidan por sí mismos acerca del nivel de cooperación y de las políticas de inmigración y asilo más adecuadas para sus países.

Coautores de la tribuna:

Viktor Marsai y Róbert Gönczi; Jerzy Kwaśniewski; Ordo Iuris; Grégor Puppinck; Alejandro Macarron Larumbe; Mark Krikorian y Nayla Rush; Matt O’Brien y Pawel Styrna; Guy Dampier; Nick Zangwill; Gladden Pappin; James Carafano y Simon Hankinson; Frank Furedi; Ralph Schoelhammer; István Kiss y Kristóf György Veres; Daniele Scalea; y Miklós Szánthó.