Los incendios que arrasan León, Galicia y Extremadura no sólo destruyen bosques y amenazan Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, sino que muestran la cara más dura de la gestión de Óscar Puente. Miles de familias viven en vilo y más de 33.000 pasajeros quedan atrapados sin trenes ni alternativas, mientras el ministro se dedica a burlarse en Twitter.

La oleada de indignación no se hizo esperar: «Es usted un irresponsable»; «Deje de frivolizar», fueron sólo algunas de las recriminaciones que recibió. Mientras los ciudadanos tenían que organizar autobuses de forma privada para volver a casa y al trabajo, al fin de sus vacaciones, el máximo responsable del transporte nacional se permitía burlarse del sufrimiento colectivo.

La situación se agrava al considerar que, según apuntó el alcalde de Orense, las chispas de un tren podrían haber sido el origen de varios de estos incendios, versión que coincide con testimonios de personal ferroviario a los viajeros afectados. Si esto fuera confirmado, la frivolidad de Puente no sólo sería irresponsable, sino gravemente insensible ante un desastre que podría estar vinculado al transporte que él mismo supervisa.

Lo de Puente no es un error aislado. Arrastra dos años de gestión nefasta: averías constantes, retrasos crónicos, cancelaciones sin aviso y una degradación sistemática del servicio ferroviario para la que siempre encuentra excusa. Para los españoles, subirse a un tren en España es hoy un ejercicio de incertidumbre constante.

No es casualidad que figure, junto a Fernando Grande-Marlaska, como uno de los ministros más reprobados de la legislatura. Pero lejos de rectificar, Puente ha hecho de la burla y la soberbia un estilo inaceptable de gestión política.

Bomberos, soldados y vecinos se juegan la vida contra las llamas, familias enteras ven peligrar su patrimonio y su futuro y mientras miles de viajeros quedan abandonados, el ministro juega a provocar en redes sociales. Esa actitud no sólo es intolerable: es una afrenta a quienes confían en el Estado para protegerles y servirles. Y una vez más, les falla.

Es cierto que, desde un punto de vista estrictamente legal, la actuación de Óscar Puente no encaja en los artículos del Código Penal que sancionan la dejación de funciones de un cargo público. Pero la política no se limita a tecnicismos jurídicos: esta excusa no lo exime de su responsabilidad política. Lo que estamos viendo es mucho más grave; es la incapacidad de un ministro para cumplir con su deber esencial de proteger a los ciudadanos y ofrecer soluciones efectivas en momentos de crisis, por el contrario, dedica su tiempo a la frivolidad y a burlarse de su sufrimiento.

Por ello, la conclusión es ineludible: Puente debe dimitir ya porque no somos únicamente los políticos quienes reprobamos su gestión, son los propios ciudadanos a los que debe servir, los que a diario sufren en todas las estaciones de España su incompetencia.

Ahora son ellos quienes lo señalan, y esa percepción exige su cese inmediato. Mantenerlo en el cargo sería prolongar la humillación de los usuarios y de toda España. Y si no lo hace, el presidente del Gobierno tiene la obligación de cesarlo de inmediato.

Cada día que Puente permanezca en el cargo, cada tuit burlón que publique, será un nuevo desprecio a los ciudadanos y un golpe a la credibilidad de España. Su cese inmediato no es opcional: es una exigencia de justicia y sentido común.