La responsabilidad política va mucho más allá del miedo a que a uno lo etiquete como parte de la llamada «fachoesfera». Gobernar exige asumir decisiones que trascienden el cálculo electoral y las polémicas pasajeras. Un gobernante tiene el deber de proteger el patrimonio histórico cuando tiene la oportunidad de hacerlo, aunque esa decisión incomode a determinados sectores.

La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al anular las medidas cautelares sobre las actuaciones en el Valle de los Caídos tras constatar que el conjunto no gozaba de la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿por qué la Comunidad de Madrid nunca protegió mediante esa figura el conjunto monumental? El propio razonamiento que llevó al tribunal a adoptar inicialmente las medidas cautelares partía de la convicción de que el monumento merecía una especial protección patrimonial. Si esa protección jurídica hubiera existido, la situación sería hoy muy distinta.

Isabel Díaz Ayuso decidió declarar Bien de Interés Cultural la Escolanía, una institución de indudable valor histórico y cultural. Sin embargo, dejó fuera el elemento más emblemático del conjunto: la basílica, el recinto monumental y, especialmente, la cruz del Valle de los Caídos, la cruz más alta de la cristiandad y una de las construcciones religiosas más impresionantes del mundo.

El Valle de los Caídos no es un monumento cualquiera. Más allá de las interpretaciones políticas que cada uno haga sobre su origen, constituye una de las mayores obras arquitectónicas del siglo XX en España. Su basílica excavada en la roca, la magnitud de su cruz y el conjunto artístico que alberga forman parte del patrimonio histórico de la nación. Son elementos que difícilmente podrían volver a construirse hoy y cuya conservación debería ser una prioridad para cualquier administración responsable.

El Valle de los Caídos pertenece a la historia de España, guste más o guste menos. Los pueblos que respetan su pasado no lo destruyen ni lo reinterpretan mediante el cincel o la piqueta, sino que lo conservan para que pueda ser estudiado y comprendido. La función del patrimonio histórico no es imponer una visión oficial del pasado, sino permitir que cada ciudadano conozca los hechos y extraiga sus propias conclusiones. El deber de las instituciones no es reescribir la historia, sino protegerla. Porque una vez desaparece un monumento histórico, desaparece también una parte irrecuperable de nuestra memoria colectiva.

Las políticas tibias rara vez frenan a quienes tienen un proyecto claro. Cuando unos avanzan con determinación para transformar la realidad, la pasividad de otros termina facilitando ese avance. La prudencia política no puede convertirse en resignación permanente.

Si finalmente se producen modificaciones irreversibles en el Valle de los Caídos, las consecuencias las asumiremos todos los españoles, independientemente de nuestro «bando» o de nuestra ideología. Porque el patrimonio histórico, una vez alterado o destruido, deja de pertenecer a unos para dejar de pertenecer a todos.

La protección del patrimonio no debería depender de la coyuntura política ni del temor a la polémica. Precisamente para eso existen figuras jurídicas como la declaración de Bien de Interés Cultural: para blindar aquello que trasciende a los gobiernos y pertenece a todos los españoles. Cuando se renuncia a utilizarlas por cálculo o por tibieza, las consecuencias pueden ser irreversibles.

La responsabilidad política consiste precisamente en anticiparse a estos escenarios. La Comunidad de Madrid tenía la posibilidad de blindar jurídicamente uno de los conjuntos monumentales más importantes de España… y no lo hizo.

Gracias por nada, Ayuso.