La decisión del Gobierno de declarar secretos los documentos relacionados con la regularización masiva de inmigrantes no sólo abre un debate jurídico o administrativo. Abre, sobre todo, un problema político de fondo: cuando un Ejecutivo oculta información sobre una cuestión tan sensible, alimenta inevitablemente la desconfianza social.

Y esa desconfianza ya no se limita a la oposición política. Cada vez más españoles perciben que decisiones de enorme impacto demográfico, económico y social se están tramitando bajo criterios de opacidad y sin un debate público transparente. Incluso dentro del bloque que sostiene al Ejecutivo empiezan a aparecer discrepancias sobre la gestión migratoria y el creciente desgaste social que provoca la percepción de descontrol en amplios sectores de la población.

El problema ya no es únicamente la política migratoria en sí, sino la sensación de que determinadas decisiones se toman sin transparencia, sin control efectivo y de espaldas a los ciudadanos.

El argumento oficial para justificar el secreto se apoya en supuestas razones técnicas o administrativas. Sin embargo, resulta difícil sostener que una decisión de semejante impacto social deba mantenerse oculta a los ciudadanos. No existe una justificación convincente para esconder información relacionada con una «regularización» masiva que afecta directamente al futuro económico, demográfico y social del país.

La realidad es más simple: el Gobierno actúa con claros criterios electoralistas. Es consciente del creciente rechazo social que generan estas políticas y, por ello, evita un debate público transparente sobre sus verdaderas consecuencias. Además, muchos ciudadanos perciben que, coincidiendo con el aumento de la presión judicial y mediática sobre los casos de corrupción que afectan al Ejecutivo y a su entorno, se intensifica la atención política y comunicativa sobre otros asuntos que desvían el foco de dichas investigaciones. Y eso resulta especialmente grave en una cuestión tan sensible como la inmigración.

Lo que está ocurriendo en España no es un fenómeno aislado ni puntual. Es el resultado de años de irresponsabilidad política y de una política migratoria basada en mirar hacia otro lado. Tanto PSOE como PP han permitido durante décadas el incumplimiento sistemático de la legislación de extranjería, tolerando entradas ilegales, relajando controles y normalizando situaciones que jamás debieron consolidarse.

Lo que debía ser excepcional terminó convirtiéndose en rutina: primero se permite la entrada ilegal, después se tolera la permanencia y finalmente llega la regularización masiva. Ocultar documentos relacionados con una medida de semejante impacto no da lugar a dudas: el propio Ejecutivo teme el rechazo social que podrían generar las verdaderas cifras y consecuencias de esta operación.

Porque una inmigración masiva y deficientemente controlada tiene efectos reales sobre la vida cotidiana de millones de españoles: presión sobre la vivienda, saturación de servicios públicos, precarización laboral y crecientes dificultades de integración y convivencia en determinados entornos. Resulta irresponsable impulsar regularizaciones amplias mientras persisten graves deficiencias en el control de entradas y en la verificación de identidad y antecedentes. Un Estado serio no puede gestionar una cuestión tan sensible mediante improvisación, opacidad o cálculos ideológicos.

Mientras millones de españoles tienen dificultades para acceder a una vivienda, formar una familia o llegar a fin de mes, el Gobierno sigue impulsando un modelo migratorio cuyos costes, alcance y consecuencias reales ni siquiera explica con transparencia.

En una democracia parlamentaria, las decisiones públicas de enorme impacto social no pueden quedar sustraídas al debate y al control ciudadano. El principio de transparencia en la actuación de los poderes públicos constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y resulta inseparable del adecuado control parlamentario y democrático de la acción del Gobierno.

La Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno nació precisamente para evitar que decisiones de enorme trascendencia pública quedaran fuera del escrutinio ciudadano.

Los españoles tienen derecho a conocer cuántas personas se verán afectadas, cuál será el impacto económico real, qué costes asumirán los servicios públicos, cómo afectará al empleo y a los salarios, y qué controles existen realmente sobre identidad y antecedentes.

La Constitución Española garantiza, en su artículo 9.3, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Y aunque el Gobierno dispone de amplios márgenes de decisión en política migratoria, esa discrecionalidad no puede confundirse con opacidad permanente ni con la ausencia de rendición de cuentas ante los ciudadanos.

España necesita una política migratoria seria, compatible con el control efectivo de fronteras, la integración real y la defensa de los intereses nacionales. Porque una nación que renuncia a controlar quién entra en su territorio termina renunciando también a proteger su seguridad, su cohesión social y su futuro. Ninguna democracia sólida puede sostenerse sobre el secretismo permanente ni sobre decisiones impuestas sin transparencia a toda una sociedad. La transparencia no es una concesión política: es una exigencia inherente al funcionamiento normal de cualquier Estado democrático y de Derecho.