El Gobierno ha encontrado una nueva palabra mágica para justificar un acuerdo político de alto voltaje: «ordinalidad». Suena técnica, casi inocente, como si fuera un término sacado de un manual de matemáticas. En realidad, es el envoltorio jurídico económico de una decisión profundamente política, pactada entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, cuyo objetivo no es tanto mejorar el sistema de financiación autonómica como hacerlo compatible con la aritmética parlamentaria que mantiene al Gobierno en pie.
El principio de ordinalidad, explicado sin eufemismos, establece que una comunidad autónoma no debe perder su posición relativa en el reparto final de recursos tras los mecanismos de redistribución. Dicho de otro modo, la solidaridad es admisible siempre que no resulte incómoda. Ahora bien, conviene introducir un matiz que rara vez se verbaliza: no todos los territorios con alta capacidad fiscal quedan igualmente protegidos, sino aquellos cuya utilidad política resulta evidente. La ordinalidad no actúa como un principio general del sistema, sino como una garantía selectiva, aplicada con bisturí parlamentario.
Aquí el discurso técnico empieza a revelar su verdadera naturaleza. Comunidades con elevada capacidad fiscal pero políticamente díscolas, como la Comunidad de Madrid, quedan fuera de este blindaje implícito. Madrid continúa siendo contribuyente neto, pero sin salvaguarda alguna frente al sistema, lo que demuestra que el criterio no es estrictamente económico. El reparto no se corrige en función de quién aporta más, sino de quién sostiene mejor al Ejecutivo. La igualdad ante la financiación autonómica, como tantas otras cosas, se vuelve contingente.
Desde una perspectiva jurídico constitucional, el planteamiento es inquietante. La solidaridad interterritorial no puede convertirse en una variable dependiente de la estabilidad gubernamental sin vaciarse de contenido normativo. De hecho, no es casual que determinadas críticas al modelo autonómico -habitualmente tachadas de excesivas o alarmistas- encuentren aquí un terreno fértil. La idea de que el sistema de financiación ha dejado de responder a criterios objetivos para transformarse en un mecanismo de cesión permanente al separatismo ya no pertenece solo al discurso más confrontacional, sino que empieza a insinuarse en la propia arquitectura de los acuerdos.
La paradoja es notable. Mientras se descalifica públicamente cualquier cuestionamiento estructural del modelo territorial por considerarlo radical o simplista, se aceptan en la práctica principios que refuerzan exactamente aquello que se dice combatir: un sistema donde la cohesión nacional queda subordinada a pactos bilaterales y donde la igualdad entre españoles depende, en última instancia, de quién tiene capacidad de veto en el Congreso.
Para el español de a pie, el ejemplo sigue siendo tan claro como incómodo. En una comunidad de vecinos, todos pagan según sus ingresos para mantener los servicios comunes. Pero algunos vecinos —los imprescindibles para que el presidente siga en el cargo— reciben una garantía adicional: ayudarán, sí, pero sin riesgo de bajar de planta. Otros, aun pagando igual o más, no disfrutan de esa protección. No es una norma económica ni jurídica; es una regla política.
Así, la ordinalidad deja de ser un concepto técnico para convertirse en una coartada sofisticada. No corrige desigualdades, las administra; no refuerza la solidaridad, la dosifica; y no se aplica con carácter general, sino estratégico. Bajo la apariencia de una reforma neutral, el Gobierno consolida un sistema en el que la financiación autonómica ya no responde sólo a criterios de justicia o necesidad, sino a una lógica más elemental: quién sostiene y quién sobra.
