Hay imágenes que emocionan y avergüenzan al mismo tiempo. Vecinos formando cadenas humanas con cubos de agua. Agricultores poniendo sus tractores al servicio del pueblo. Jóvenes, mayores y familias enteras luchando codo con codo para salvar las casas donde han crecido sus hijos, los recuerdos de toda una vida y el fruto de décadas de trabajo.
Es imposible contemplar esas escenas sin sentir una profunda admiración por quienes, arriesgándolo todo, se niegan a abandonar a sus vecinos. Pero también es imposible no hacerse una pregunta: ¿cómo hemos llegado a que sean los propios españoles quienes tengan que suplir las carencias de quienes tienen la obligación de protegerlos?
Cuando un pueblo entero sale a combatir las llamas con cubos, mangueras y tractores, no estamos asistiendo únicamente a un ejemplo de solidaridad. Estamos contemplando también el fracaso de la política y la inutilidad de una Administración que muchas veces aparece tarde, descoordinada y atrapada en su propia burocracia.
Nadie puede permanecer indiferente ante el dolor de quienes han perdido su hogar, su explotación agrícola, sus animales o el paisaje que ha acompañado a generaciones enteras. Detrás de cada hectárea calcinada hay familias, empleos, proyectos de vida y un patrimonio natural que tardará décadas en recuperarse. Lo primero hoy es estar con ellos, ayudarlos y reconocer el trabajo heroico de bomberos, brigadas forestales, Guardia Civil, UME, voluntarios y todos los profesionales que se están dejando la piel para contener el fuego.
Pero precisamente por respeto a ellos y a las víctimas hay que exigir responsabilidades. La empatía no obliga al silencio, y la solidaridad no puede utilizarse como coartada para encubrir la falta de previsión. Al contrario: cuanto mayor es la tragedia, mayor debe ser la exigencia de saber qué se hizo, qué no se hizo y por qué volvemos a llegar tarde.
Llevamos años escuchando que todo se explica por el «cambio climático». Es evidente que las temperaturas extremas, la sequía y el viento agravan el riesgo. Pero convertir el “cambio climático” en una respuesta total sirve demasiadas veces para diluir responsabilidades concretas. El «cambio climático» no limpia los montes, no mantiene cortafuegos, no acondiciona pistas forestales, no reduce el exceso de combustible vegetal ni dota de más medios humanos y materiales a los servicios de prevención y extinción. Eso corresponde a las administraciones públicas.
Mientras se multiplicaban las leyes verdes, los planes estratégicos, las declaraciones de emergencia climática y la propaganda institucional, muchos montes seguían acumulando maleza, abandono y combustible. Se ha legislado mucho sobre sostenibilidad, pero la prevención real ha quedado demasiadas veces relegada a un segundo plano. La naturaleza no entiende de eslóganes, campañas de comunicación ni páginas del Boletín Oficial del Estado. Un monte no se protege con una consigna: se protege con gestión, limpieza, pastoreo, aprovechamiento forestal, desbroces, cortafuegos y presencia permanente sobre el terreno. En definitiva, con el sentido común y el conocimiento de quienes han vivido y trabajado el campo durante generaciones.
También hay que decirlo con claridad: determinadas políticas supuestamente verdes han convertido cualquier actuación en el monte en una carrera de obstáculos. En demasiados lugares se ha demonizado la actividad rural, se han impuesto restricciones alejadas de la realidad del territorio y se ha olvidado que un monte cuidado no es un monte abandonado a su suerte. Proteger la naturaleza no significa convertirla en un museo intocable, sino gestionarla para que pueda sobrevivir.
En España, la gestión forestal ordinaria corresponde principalmente a las comunidades autónomas. Son ellas las responsables de organizar la prevención, regular las actividades de riesgo, aprobar planes de defensa y mantener los dispositivos necesarios durante todo el año. Pero sería jurídicamente falso sostener que el Gobierno de España carece de responsabilidad. La Ley 43/2003, de Montes, exige la coordinación de las distintas administraciones en la prevención y lucha contra los incendios forestales y contempla tanto la normalización de los medios materiales como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas.
A ello se suma la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil, que configura un sistema integrado de coordinación entre todas las administraciones, atribuye al Estado funciones de planificación y seguimiento y prevé la disponibilidad de recursos estatales cuando la emergencia lo exige. Las competencias podrán estar repartidas, pero la responsabilidad de proteger a los ciudadanos es compartida. Por eso, cuando las catástrofes alcanzan esta magnitud, ya no sirven las excusas ni el intercambio de culpas entre gobiernos.
El Gobierno de Pedro Sánchez no puede limitarse a contemplar la tragedia desde la distancia, enviar mensajes de condolencia y presentarse después como una Administración ajena al desastre. Debe coordinar, prever, apoyar y activar todos los medios disponibles. Y las comunidades autónomas tampoco pueden refugiarse en el Gobierno central cuando han desatendido sus obligaciones ordinarias de prevención y gestión. La descentralización no puede convertirse en una máquina perfecta para que nadie responda de nada.
Lo preocupante es que este modo de actuar empieza a convertirse en una costumbre. Lo vimos con la DANA: mientras miles de ciudadanos sufrían sus consecuencias, las administraciones se dedicaban a discutir quién tenía la competencia, quién debía haber avisado y quién debía asumir el coste político. El resultado fue una dolorosa sensación de abandono y la misma conclusión que hoy vuelve a repetirse: cuando la Administración falla, el pueblo acude al rescate del pueblo.
También resulta legítimo preguntarse si la tragedia está siendo utilizada políticamente como una cortina de humo frente a los casos de corrupción que cercan al Gobierno y como una nueva oportunidad para extender el miedo, la excepcionalidad y el control sobre los ciudadanos. Allí donde existan indicios de incendios provocados, deben investigarse hasta el final, identificar a sus autores y depurar todas las responsabilidades, sin convertir sospechas en verdades oficiales ni utilizar el dolor de las víctimas como arma partidista. Lo que no puede aceptarse es que, bajo la invocación permanente de la emergencia, se pretenda repetir el esquema vivido durante la COVID-19: decisiones extraordinarias, restricciones crecientes y ciudadanos tratados como menores de edad, mientras quienes gobiernan eluden el escrutinio por su gestión y por la corrupción. Una democracia madura combate el fuego con medios, investigación y prevención; no con propaganda, miedo ni silencios impuestos.
Después llegan las comparecencias, los anuncios de ayudas y las fotografías institucionales. Pero gobernar no consiste en visitar la zona cuando todo se ha convertido en cenizas ni en prometer reconstrucciones que tardarán años. Gobernar es anticiparse. Es prevenir. Es invertir antes de la emergencia, no sólo después. Es escuchar a quienes viven del campo y conocen el monte; no diseñar desde un despacho normas que impiden cuidarlo.
España no necesita más propaganda climática ni más guerras de competencias. Necesita gestores que rindan cuentas; medios suficientes durante todo el año; brigadas estables y no sólo temporales; coordinación efectiva; planes que se ejecuten y no se limiten a aprobarse; y una política forestal compatible con la ganadería, la agricultura y el aprovechamiento responsable de los recursos.
Y, sin embargo, una vez más, quien ha dado la lección ha sido la sociedad española. Mientras algunos discutían competencias, los vecinos actuaban. Mientras unos buscaban responsables ajenos, otros se jugaban la vida para salvar la casa del de al lado. Mientras la burocracia seguía su ritmo, el pueblo demostraba que la solidaridad sigue siendo uno de los mayores patrimonios de España.
Esas imágenes deben conmovernos, pero también incomodarnos. No podemos normalizar que españoles sin medios tengan que enfrentarse a las llamas para defender lo suyo. No podemos convertir en épica lo que es abandono institucional. La valentía de un pueblo no puede servir para disculpar la negligencia de quienes debían protegerlo.
Ojalá llegue el día en que esas escenas sean únicamente el reflejo de la grandeza de nuestros compatriotas y no la consecuencia de la insuficiencia de quienes debían haber evitado que la tragedia alcanzara estas dimensiones. Porque es admirable que el pueblo salve al pueblo. Lo que no debería ser admisible es que tenga que hacerlo una y otra vez.
