Desde la tragedia del pasado 18 de enero, los informativos se llenaron —por fin, y por desgracia— de incidencias ferroviarias. Retrasos interminables, fallos en la señalización, trenes detenidos durante horas, usuarios abandonados sin información y nuevos incidentes. Lo que durante años se presentó como hechos aislados aparece ahora como lo que siempre fue: el síntoma de un sistema deteriorado por una mala gestión prolongada en el tiempo.
No es que pasen más cosas. Es que ahora ya no se pueden esconder.
Porque los trenes no descarrilan por casualidad. Descarrilan cuando se recorta en mantenimiento, cuando se ignoran informes técnicos, cuando se prioriza la foto de la inauguración sobre la seguridad real, cuando los puestos clave se reparten por afinidad política y no por capacidad. Descarrilan cuando la prevención estorba y la propaganda manda.
La lista de avisos ignorados es larga: Valencia, Angrois, otros tantos incidentes silenciados… y ahora Córdoba. Cuarenta y dos fallecidos. Cuarenta y dos personas que no volvieron a casa. Familias destrozadas. Y aquí surge una pregunta incómoda, pero inevitable: ¿por qué no estamos todos en la calle?
No se trata de comparar dolores ni de restar valor a otras causas, pero resulta imposible no señalar el contraste. Hemos visto movilizaciones masivas por cuestiones muy diversas: por decisiones judiciales, por recortes puntuales, por leyes polémicas, por conflictos políticos… asuntos que, sin restarles importancia emocional, no implicaban la pérdida directa de vidas humanas.
Se llenaron plazas por un perro sacrificado. Se organizaron protestas inmediatas, campañas virales, horas de tertulia y una presión social constante. Y, sin embargo, ante 45 muertos por un fallo del sistema público, el silencio ha sido atronador.
No es una crítica a quienes se movilizaron por otras causas. Es una pregunta incómoda sobre nuestras prioridades colectivas. Sobre cómo hemos normalizado que la negligencia institucional mate sin que pase nada. Sobre cómo aceptamos que se hable de «tragedia» cuando, en realidad, hablamos de consecuencias previsibles.
Porque esto no ha sido un accidente inevitable. Ha sido el resultado de años de decisiones mal tomadas, de inversiones mal dirigidas, de advertencias ignoradas y de una cultura política en la que nadie asume responsabilidades. Donde siempre hay un técnico al que culpar, un informe que esperar, una comisión que diluya culpas.
Recordemos el caso de Angrois: aquella investigación tardó casi diez años en avanzar. Diez años de espera para las familias, diez años de silencio institucional, diez años sin respuestas claras. Diez años, en la práctica, para que el siniestro se diluyera en la memoria colectiva. Y ahora, de nuevo, se insiste en que “hay que investigar con calma”, como si la lentitud fuera una virtud y no parte esencial del problema.
Y, por supuesto, ninguna dimisión. El problema de fondo es que hemos aceptado este modelo. Un modelo en el que la gestión pública se evalúa por titulares y no por resultados. En el que la seguridad compite contra el calendario electoral. En el que las víctimas pasan a ser un daño colateral incómodo.
Un país que se toma en serio la vida de su gente se conmueve, se indigna y exige explicaciones cuando mueren 45 personas por un fallo del sistema. Señala responsables. Y cambia las cosas. Un país que no lo hace se limita a pasar página. Porque detrás de cada accidente ferroviario no hay mala suerte. Hay decisiones. Hay negligencias. Hay responsables políticos. Y mientras no se les exijan cuentas —también en las urnas—, la próxima tragedia no será una sorpresa. Será simplemente la siguiente.
