Primero fue el diésel. Durante años no fue una opción secundaria ni una apuesta arriesgada: fue la elección oficialmente correcta. Administraciones, gobiernos, expertos subvencionados y campañas institucionales lo presentaron como la alternativa sensata, eficiente y responsable. Menos consumo, menos emisiones, más ahorro. El mensaje era inequívoco: si querías hacer lo correcto, comprabas diésel.
Millones de españoles hicieron exactamente eso. Compraron coches, firmaron préstamos, organizaron su economía y su vida diaria en torno a esa decisión. No fue una moda: fue obediencia a la hoja de ruta marcada desde el poder. Años después, el mismo poder decide que aquello que promovió ahora es inaceptable.
El Gobierno anuncia nuevas reformas fiscales «inevitables! para cumplir con Europa. Más impuestos, más penalización, más castigo. El diésel pasa a ser poco menos que un pecado. ¿El argumento? Que contamina. Un dato que no ha cambiado, pero cuyo uso político sí. No ha habido avances científicos milagrosos: simplemente ha cambiado el dogma.
Pero conviene decirlo claramente: este cambio no es una política ambiental, es un impuesto encubierto. Bajo el pretexto de «alinearse con Bruselas», el Gobierno elimina la histórica menor fiscalidad del diésel para equipararla —o incluso superarla— a la gasolina. No se presenta como una subida de impuestos, sino como un ajuste técnico o normativo, pero el efecto es el mismo: cada repostaje será más caro. Se grava un bien de consumo esencial sin debate fiscal real, trasladando el coste directamente al ciudadano. Es una forma clásica de recaudar más sin llamar a las cosas por su nombre.
El resultado, como siempre, recae sobre el ciudadano. El valor de su coche se desploma, su libertad de elección desaparece y su bolsillo vuelve a pagar. Sin compensaciones reales, sin asumir errores pasados y sin que nadie dé explicaciones.
Y aquí aparece un problema aún más grave: ni siquiera se gobierna para garantizar algo esencial en cualquier democracia, la libertad de decisión. No se ofrecen alternativas reales ni se permite elegir con información estable y coherente. Se impone un modelo único, se señala al disidente y se castiga al que no puede o no quiere adaptarse. Gobernar se ha convertido en dirigir la vida privada desde el BOE.
Cuando el diésel deja de servir, el nuevo mandamiento es el coche eléctrico. No como opción voluntaria, sino como obligación encubierta. Subvenciones selectivas, propaganda constante y una presión creciente para que vuelvas a invertir miles de euros. Si no puedes permitirte el cambio, el mensaje es claro: no encajas en el modelo.
Y la contradicción es tan evidente como inquietante: hoy te dicen “cómprate un eléctrico, es el futuro” y mañana te dirán que no puedes cargarlo. Apagones, limitaciones horarias, avisos de una red eléctrica saturada y restricciones “temporales” que siempre acaban siendo permanentes. Primero te obligan a cambiar y después te restringen el uso. Libertad de movimiento condicionada, racionada y vigilada.
Mientras tanto, quienes toman estas decisiones viven en otra realidad. Desde el Falcon o desde aviones privados viajan a cumbres europeas donde se decide cómo debes moverte tú, qué coche puedes conducir y qué hábitos son aceptables. Allí, entre discursos grandilocuentes y fotos oficiales, se acuerda privarte de libertades y endosarte dogmas ideológicos que ellos jamás sufrirán en primera persona. No hacen colas para cargar un coche, no temen apagones y no ajustan su economía a final de mes.
Todo esto ocurre mientras suben los impuestos, los peajes, las sanciones, las zonas de bajas emisiones y el coste de la vida en general. Siempre hay una coartada: Europa lo exige, el clima lo demanda, el futuro lo necesita. Pero el sacrificio nunca es compartido. Siempre lo asume el ciudadano común, el que cumple, el que paga y el que no tiene alternativa.
No se gobierna para el bien común real, sino para imponer una agenda ideológica cambiante, desconectada de la realidad y blindada frente a la crítica. Hoy se criminaliza lo que ayer se incentivaba. Mañana se prohibirá lo que hoy se subvenciona. Y pasado mañana se volverá a pedir comprensión.
En esta historia hay una constante que nunca falla: pagar. Pagar por obedecer. Pagar por adaptarte. Pagar por no poder adaptarte. Y pagar también cuando quienes te señalaron el camino deciden que estaba equivocado. Porque de asumir responsabilidades, nada. Eso, sencillamente, nunca entra en la agenda.
