El Partido Comunista de China ha celebrado la tercera sesión plenaria de su XVIII Comité Central. Toda la cúpula del régimen comunista estuvo allí, en un hotel de Pekín: los 205 miembros titulares del Comité –más 165 suplentes– encabezados por el presidente del país y secretario general del Partido, Xi Jinping. La reunión terminó ayer martes. En la agenda, medidas de corrección para una economía que está dando preocupantes señales de fatiga y reformas de carácter social. Los medios oficiales difundieron la impresión de que de aquí iban a salir cambios importantes para el sistema. La prensa oficial habla de “cambios sin precedentes” y de “sorpresas” que marcarán la próxima década. El Partido Comunista Chino (PCCh), al finalizar la reunión, ordenó que “se profundicen las reformas económicas” a fin de garantizar una “economía socialista de mercado” que otorgue un papel “decisivo” a los mercados en la asignación de los recursos. Nada mencionan acerca de garantizar la democracia al estilo occidental. Lo más cercano ha esa reforma se refiere a mejorar el sistema judicial “para mejorar la protección de los derechos y los intereses del pueblo” y fomentar el “imperio de la ley” mediante la edificación de “un sistema judicial socialista justo, eficaz y con autoridad”.
Esta sesión plenaria del Comité llega en un momento de inédita inestabilidad social. En las dos semanas previas, China ha sufrido dos atentados con víctimas mortales. Primero fue un vehículo bomba en la plaza de Tienanmen, en Pekín, que dejó cinco muertos y decenas de heridos. Se ha señalado la autoría del grupo radical independentista Movimiento Islámico de Rukestán Oriental. Después, una cadena de explosiones ante la sede del Partido en Taiyuán, capital de la provincia de Shanxi, la rica región carbonífera china.
La inestabilidad social aflora en un momento de preocupación por la marcha de la economía china. El gigante asiático atraviesa por su etapa de menor crecimiento desde 1999. Hay que recordar que China creció a un ritmo medio del 10% anual entre 1978 (cuando, muerto Mao, llegó al poder Den Xiaoping) y 2008, cuando comenzó la gran crisis. El modelo empezó a renquear en 2008 porque la crisis de la economía occidental provocó una reducción drástica del consumo, con la consiguiente disminución de las exportaciones chinas. Con menos exportaciones, el gasto público –altísimo en China– se hizo insoportablemente gravoso, hasta el punto de endeudar por decenios a numerosos Gobiernos locales. En el último trimestre la cifra de crecimiento se ha reducido al 7,8%. Eso es alarmante porque, según explicaba recientemente el primer ministro Li Kequiang, China no podrá crear el empleo necesario si no crece de manera sostenida por encima del 7,2%. Y sin empleo, la inestabilidad social estallará.
Lo que este tercer plenario del Comité Central ha hecho ha sido determinar el camino de las reformas que el país necesita. El actual equipo, dirigido por Xi, sustituyó hace un año al de Hu Jintao. Se sabe que después de cada relevo suelen venir novedades importantes en la política cotidiana. En este caso, el propio buró político del Partido ya dijo hace escasamente una semana que “esta plenaria acelerará el desarrollo de la economía socialista de mercado, la democracia, el avance cultural, la armonía social y el progreso ecológico”. No son palabras muy distintas a las de otras ocasiones, pero a nadie le ha pasado desapercibido el hecho de que ahora se haga tanto hincapié en el mercado. “Debemos dejar –explicaba el comunicado oficial– que el trabajo, el conocimiento, la tecnología, la administración y el capital desencadenen su dinamismo, que toda la riqueza se expanda y que toda la población disfrute con más justicia los frutos del desarrollo”. Y así se ha decidido: economía, economía, economía.
Había indicios importantes de estas reformas. El número cuatro del régimen, Yu Zhengsheng, aseguró que “las reformas serán esta vez amplias, con gran fuerza y sin precedentes”. El primer ministro, Li Kequiang, ya dijo al tomar posesión de su cargo que se propone liberalizar (en realidad, más bien desestatalizar, que no es lo mismo) sectores estratégicos de la economía como la energía, las finanzas, las telecomunicaciones o las infraestructuras. Esto dará más peso a las empresas privadas, pero dentro de un orden, como se ha determinado en el Congreso con dos frases definitivas: “La principal tarea es edificar un mercado abierto y unificado mediante una competencia ordenada”, y “en un sistema moderno de mercado, las empresas deben tener autorización para operar de forma independiente y competir libremente”.
El adelgazamiento del Estado es improbable que afecte al sector energético, al menos en el campo de la producción. Las reformas afectarán sobre todo al sector bancario y los servicios. Este pasado verano Pekín eliminó los controles a los tipos de interés de los bancos con el fin de estimular la inversión privada. El objetivo inmediato es precisamente ese: fomentar el consumo y la iniciativa privada, y captar más inversiones extranjeras. Los analistas mejor informados tienen sus ojos puestos en el próximo Plan Quinquenal, fechado para 2015, como marco de reformas aún más audaces.
Paradójicamente, esta preocupante situación económica va a permitir a Xi Jinping afrontar otra serie de reformas que el sistema necesita y que hasta ahora no se habían llevado a la práctica por la oposición de buena parte de los cuadros del Partido Comunista. Se trata de la corrupción y la burocratización. La corrupción es un auténtico azote en el país: tan sólo en este año ha habido sonados escándalos en campos tan dispares como el petróleo –con la propia corporación nacional por medio–, la industria farmacéutica y el tráfico de datos bancarios. Es paradigmático el caso de Bo Xilai, ex ministro de comercio y jefe del Partido en Chonquín, héroe popular por sus medidas para perseguir la delincuencia y reducir la desigualdad de ingresos, pero cuya esposa terminó envuelta en el asesinato de un hombre de negocios británico y en una presunta evasión de divisas. Bo Xilai ha sido condenado el pasado 22 de septiembre a cadena perpetua. La actuación de los tribunales chinos ha sido intensa, pero falta destapar la connivencia entre las redes de corrupción y la propia estructura del Partido en los sectores más influyentes de la vida económica. Las nuevas reformas seguramente permitirán hacerlo.
Lo mismo ocurre con la burocratización, que en China es abrumadora: los permisos para abrir empresas tardan muchos meses y requieren el sello de casi un centenar de instancias oficiales. Esto es así porque el país está lleno de oficinas regentadas por cuadros del Partido que obtienen sus sustento precisamente gracias a la desmedida dimensión del aparato público. Ahora se busca másagilidad en la actividad social y económica.
Estos cambios van a afectar sin duda a la estructura del Partido, y aquí es donde más resistencias puede encontrar Xi Jinping. Pero, una vez más, las disfunciones del sistema le ayudan. En los últimos años se ha ampliado de forma dramática la brecha entre ricos y pobres. La casta dirigente se ha convertido en blanco de muchas iras populares, sobre todo a partir de que el colapso del gasto público dejara a los gobiernos locales atados de pies y manos. Ahora salen a la luz numerosas irregularidades que aumentan el malestar social. En el entorno del comité central del Partido se habla abiertamente de introducir cambios en el sistema.
Estos propósitos han levantado en la prensa occidental las habituales expectativas sobre una rápida democratización. Expectativas semejantes a las que desde hace más de veinte años saltan cotidianamente a la palestra y que la realidad se encarga de desmentir con la misma constancia. Los expertos saben que China no está construyendo una gran economía para ponerla al servicio de la globalización; China está construyendo un proyecto nacional de poder a escala mundial. La economía ha demostrado ser el arma más eficiente para ello, pero es sólo un instrumento. Por eso China adquiere cantidades ingentes de deuda norteamericana mientras aumenta de manera exponencial sus reservas nacionales de oro; por eso China se arregla el suministro energético en Asia Central al mismo tiempo que apadrina proyectos estratégicos de nuevas vías de comunicación en África y América. El objetivo chino no es liberalizar la economía; es adquirir un peso determinante en el orden del mundo.
Eso tiene también sus efectos en el plano político. Quien marca el camino es y seguirá siendo el Partido Comunista Chino, único actor relevante en un sistema que no ha dejado de ser una dictadura con libertades públicas muy limitadas. Como el Partido es quien marca el camino, es ingenuo pensar que cualquier democratización de la vida pública vaya a disminuir su hegemonía: las cosas se harán de modo que el PCCh siga “dirigiendo al pueblo en la marcha hacia la victoria”, como dice la fraseología oficial.
“Redirigir y redefinir China”. Así define el influyente boletín norteamericano Stratfor el horizonte que tiene ante sí Xi Jinping. En una perspectiva de largo plazo, la actual crisis significa el final de la China de Deng Xiaoping: más de treinta años de crecimiento exterior y saneamiento político después del prolongado colapso del maoísmo. Deng tuvo que decidir qué era China y adónde quería ir, y el resultado es la China actual. La decisión que ha de tomar Xi no es tan trascendental porque su herencia es incomparablemente mejor, pero el momento es igualmente crucial. Se trata de volver a definir la relación entre el Partido, la economía y el pueblo de tal modo que se mantenga la centralidad del PCCh, pero desprendiéndose de sus lastres. Reformar el Partido para que sea una máquina eficaz, cambiar la organización y las reglas de la economía, levantar la mano en cuanto a derechos y deberes de los ciudadanos… Esas son las tareas urgentes que deben aplicarse finalizado el pleno del Comité Central