El Gobierno de Pedro Sánchez ha señalado en una respuesta parlamentaria por escrito al grupo parlamentario VOX que destina 14 instalaciones militares para la atención y acogida de inmigrantes ilegales. Son tres en Las Palmas, cinco en Santa Cruz de Tenerife, dos en Cartagena (Murcia), una en Granada, una en Alicante y dos en Madrid.

El Gobierno ha respondido que el Ministerio de Defensa ha puesto estas instalaciones (acuartelamientos, parcelas…) a disposición del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y del Ministerio del Interior.

VOX es el único partido que se opone a la acogida de estos inmigrantes ilegales en España. Asimismo, en los últimos meses ha impulsado una batería de medidas en los municipios en los que gobierna para hacer frente a los empadronamientos ilegales «y los delitos derivados de este fraude». Estas medidas incluyen inspecciones y visitas domiciliarias, coordinación entre instituciones, canales de denuncias anónimas, sanciones contra los fraudes o la retirada inmediata de ayudas públicas a inmigrantes ilegales.

«Estos empadronamientos favorecen la lacra de la inmigración ilegal y con ella la inseguridad, la precariedad y el abuso de los servicios públicos que en muchas ocasiones llegan al colapso», ha manifestado la formación liderada por Santiago Abascal, al tiempo que ha alertado del «efecto llamada» y el favorecimiento «a las organizaciones criminales que se lucran con el tráfico de seres humanos».