El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha ratificado de forma íntegra la condena de 13 años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial a un inmigrante argelino por la violación de una menor de 16 años en Pamplona. La Sala de lo Civil y Penal ha desestimado el recurso presentado por la defensa y confirma tanto la pena privativa de libertad como el resto de medidas acordadas en la sentencia de primera instancia, según recoge el portal Navarra.com.
La víctima presentaba una discapacidad reconocida del 56% y padece el síndrome de Gilles de la Tourette, circunstancias que, según recoge la resolución judicial, determinaron una situación de especial vulnerabilidad de la que el condenado se aprovechó para cometer la agresión sexual. El tribunal considera plenamente acreditados los hechos y concluye que la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial fue correcta y ajustada a derecho.
Los hechos ocurrieron junto al hospital de día al que acudía la menor para recibir tratamiento especializado. De acuerdo con los hechos probados, el condenado abordó a la joven a la salida del centro y, aprovechando sus dificultades físicas, conductuales y emocionales, la forzó y la arrastró hasta una habitación de alquiler, donde consumó la agresión sexual mediante violencia.
La menor consiguió escapar aprovechando un descuido del agresor y abandonó precipitadamente el inmueble, dejando en el interior parte de sus pertenencias, entre ellas el abrigo y la mochila. La víctima fue auxiliada poco después por un vecino al encontrarla bloqueada en el portal del edificio, mientras que el condenado abandonó el lugar apenas unos minutos después.
El condenado huyó posteriormente a Francia para evitar la acción de la justicia, alegando que iba a celebrar el Ramadán. Sin embargo, fue localizado y detenido por la Gendarmería francesa mes y medio después gracias a una orden europea de detención, siendo posteriormente puesto a disposición de las autoridades judiciales.
La sentencia confirma también la expulsión del territorio nacional una vez cumpla la mitad de la pena de prisión, al encontrarse el procesado en situación ilegal en España. Además, le impone la prohibición de regresar al país durante diez años, ocho años de libertad vigilada tras su excarcelación, la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima a menos de 300 metros durante veinte años y el pago de una indemnización de 80.000 euros por el daño moral causado.
