«Ser es defenderse», Ramiro de Maeztu
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Escuelas Católicas, «preocupada e indignada» por la deriva de Celaá

El cardenal Blázquez, con el secretario general de Escuelas Católicas, Leandro Roldán

Escuelas Católicas quiere expresar su indignación y preocupación al conocer las líneas maestras del proyecto educativo de la ministra de Educación, Isabel Celaá. Sus palabras en la Comisión de Educación del Congreso, con respecto a la enseñanza concertada y a determinados temas incluidos en la propuesta de Pacto Educativo, causan inquietud y desaliento en un sector educativo que representa al 26% del sistema educativo español.

Sorprenden estas declaraciones cuando la propia Ministra, hace pocas semanas, en la toma de posesión del Secretario de Estado de Educación, ofreció diálogo y voluntad de alcanzar un Pacto Educativo estatal y, ahora, defiende planteamientos que atacan frontalmente a los principios de libertad de enseñanza y que generan división, preocupación y controversia en el ámbito educativo.

Escuelas Católicas lamenta el anuncio de querer cambiar, sin el mínimo consenso, la LOMCE para quitar peso a la enseñanza concertada y recuerda, en este sentido, que el Artículo 27.1 de la Constitución reconoce en plano de igualdad el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza. Una libertad de enseñanza que implica, por una parte, la libertad de creación de centros y, por lo tanto, de oferta de un proyecto educativo concreto; y por otra, la libertad de las familias a elegir el tipo de centro conforme a sus convicciones y deseos para sus hijos. Para hacer posible el ejercicio de estos derechos en todas las capas sociales, en una enseñanza obligatoria y gratuita, es imprescindible la financiación pública en los centros que cumplan los requisitos constitucionales.

Asimismo, niega rotundamente que la LOMCE favorezca a la enseñanza concertada (no hay más que revisar los artículos referidos a la FP básica, los ciclos formativos o las condiciones del profesorado, por ejemplo), y subraya que la referencia a la “demanda social” en el Artículo 109 únicamente reconoce que, entre los criterios empleados en la programación de puestos escolares, se tienen que tener en cuenta las decisiones de los padres a la hora de elegir centro.

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