Una juez ha admitido a trámite la demanda presentada por Julio Iglesias contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por una presunta vulneración de su derecho al honor, a raíz de las declaraciones públicas que realizó sobre las acusaciones de abusos sexuales y explotación laboral formuladas por dos antiguas trabajadoras del cantante. El artista reclama a la dirigente de Sumar una indemnización de 50.000 euros y exige que rectifique públicamente las manifestaciones que considera perjudiciales para su reputación.

La resolución judicial, adelantada por OkDiario, corresponde al Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 33, cuya titular es la magistrada María Teresa de la Asunción. La letrada de la Administración de Justicia Carmen Várez ha acordado iniciar la tramitación del procedimiento y conceder a la ministra 20 días hábiles para responder a la demanda. En caso de que no comparezca dentro del plazo establecido, podrá ser declarada en rebeldía procesal.

El enfrentamiento judicial tiene su origen en enero de 2026, cuando Díaz difundió en la red social Bluesky una información periodística relacionada con las denuncias contra Iglesias. Un día después, la vicepresidenta volvió a pronunciarse sobre el asunto durante una intervención en el programa La Hora de la 1, emitido por Televisión Española.

La defensa del cantante sostiene que la dirigente socialista atribuyó públicamente a Iglesias conductas relacionadas con abusos sexuales, explotación de trabajadoras y vulneraciones de derechos fundamentales, sin que existiera una resolución judicial que acreditase tales hechos. Sus abogados consideran que aquellas afirmaciones dañaron gravemente la imagen pública del artista y cuestionan que la vicepresidenta actuase con la prudencia exigible a una integrante del Gobierno.

La demanda solicita una compensación económica de 50.000 euros por los supuestos perjuicios ocasionados y reclama una retractación pública. Sin embargo, la admisión a trámite no implica que la Justicia haya dado la razón al cantante, sino que el procedimiento reúne los requisitos necesarios para que sus pretensiones sean examinadas judicialmente.

El tribunal ha determinado que el asunto seguirá los cauces del juicio ordinario al afectar a derechos fundamentales relacionados con el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen. Por este motivo, también ha establecido la intervención obligatoria del Ministerio Fiscal y ha dispuesto que las actuaciones se desarrollen con carácter preferente.

El Supremo rechazó previamente examinar la demanda

La resolución llega después de que Julio Iglesias intentara resolver el conflicto por otras vías. Inicialmente, el artista promovió un procedimiento de conciliación para conseguir que Yolanda Díaz rectificase sus declaraciones. La vicepresidenta rechazó esa posibilidad al considerar que sus palabras no constituían una vulneración del honor del cantante.

Posteriormente, Iglesias acudió al Tribunal Supremo debido a la condición de aforada de Díaz. No obstante, la Sala de lo Civil rechazó admitir el procedimiento el pasado 29 de septiembre al entender que correspondía a los órganos judiciales ordinarios examinar la reclamación.

Tras esta decisión, los representantes legales del artista trasladaron el asunto a la jurisdicción civil de Madrid, donde finalmente se ha admitido a trámite. La vicepresidenta deberá comparecer mediante procurador y contar con asistencia letrada para presentar sus argumentos.

El decreto también contempla la posibilidad de presentar un recurso de reposición contra la resolución en un plazo de cinco días, aunque esta actuación no paralizaría automáticamente el procedimiento.

Julio Iglesias mantiene otros procedimientos judiciales abiertos

La demanda contra Díaz se enmarca en la controversia surgida después de que dos antiguas empleadas de Julio Iglesias denunciaran al artista por presuntos delitos de trata de seres humanos con fines de trabajo forzado, agresión sexual, lesiones y vulneraciones de los derechos de los trabajadores.

La Fiscalía archivó inicialmente aquellas denuncias al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos. Sin embargo, las denunciantes presentaron posteriormente una querella ante la Audiencia Nacional, en cuyo marco el Ministerio Público ha respaldado la apertura de una investigación, según la información publicada.

Paralelamente, Julio Iglesias ha emprendido acciones judiciales contra varios periodistas de elDiario.es, el medio que publicó las acusaciones de sus antiguas trabajadoras. Entre los denunciados figura el director del periódico, Ignacio Escolar, contra quien el cantante ha presentado una querella por presuntas injurias, calumnias y un delito contra la integridad moral. Según OKDIARIO, Escolar ha pasado a tener la condición de investigado en ese procedimiento.

En cuanto al conflicto con Yolanda Díaz, la vicepresidenta dispone ahora del plazo fijado judicialmente para responder a las acusaciones y defender la legalidad de sus declaraciones. La Justicia deberá determinar si sus manifestaciones estuvieron amparadas por la libertad de expresión o si supusieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor del cantante.

Por el momento, no existe una sentencia sobre el fondo de la demanda ni se ha establecido responsabilidad civil alguna de la ministra. La admisión del procedimiento abre una nueva fase judicial en la que ambas partes podrán presentar sus argumentos y las pruebas que consideren pertinentes.