VOX ha vuelto a dirigirse a la Comisión Europea para exigir respuestas sobre los riesgos para la seguridad derivados de la aplicación en España de la llamada ‘ley de nietos‘. La formación denuncia que el Ejecutivo comunitario ha dejado sin contestar cuestiones concretas sobre los controles de antecedentes penales y la contratación de empresas públicas cubanas para gestionar el proceso.
El jefe de la delegación de VOX en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, ha firmado una nueva pregunta escrita en la que reclama un pronunciamiento expreso sobre estos asuntos y rebate los argumentos utilizados por la Comisión para descartar la comparación con el programa maltés de concesión de nacionalidad.
En su respuesta del 27 de agosto, el comisario Michael McGrath recordó que corresponde a los Estados establecer los requisitos para adquirir la nacionalidad, respetando el Derecho de la Unión. También sostuvo que las disposiciones españolas consultadas no parecen comparables con el caso de Malta, porque no aprecia un procedimiento de concesión de nacionalidad a cambio de inversiones o pagos.
Sin embargo, la contestación no incluyó una valoración específica sobre los riesgos de conceder la nacionalidad sin exigir antecedentes penales ni sobre la intervención de empresas públicas cubanas. VOX considera insuficiente esta respuesta y exige que la Comisión se pronuncie sobre las cuestiones planteadas.
La delegación reafirma que la concesión de la nacionalidad es una competencia nacional y que corresponde al Gobierno de España responder por su actuación. Al mismo tiempo, reclama que la Comisión examine, dentro de sus competencias, las implicaciones que el proceso puede tener para el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
En relación con Malta, la repregunta sostiene que la sentencia del Tribunal de Justicia también debe examinarse atendiendo a la relación de solidaridad y lealtad entre un Estado y sus nacionales. Sobre esa base, Buxadé vuelve a preguntar por la compatibilidad de las concesiones cuestionadas con el vínculo que VOX considera exigible, y rechaza que el análisis se limite a la existencia de una contraprestación económica.
La iniciativa se suma a la ofensiva de VOX contra la aplicación de la ‘ley de nietos’. La formación acusa al Gobierno de Sánchez de utilizar una instrucción administrativa para ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad y alterar el censo electoral. En España, el Tribunal Supremo ha acordado medidas cautelares sobre las inscripciones censales afectadas.
