Los cuatro fiscales del juicio al procés se han rebelado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al negarse a apoyar la amnistía de los delitos de los políticos secesionistas juzgados por el Tribunal Supremo. Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno han manifestado que mantendrán su informe inicial, argumentando que la orden de García Ortiz es ilegal e improcedente. Según el Estatuto Fiscal, no firmarán el informe favorable a la amnistía, por lo que la decisión final deberá ser tomada por la Junta de Fiscales de Sala.
La controversia surgió tras una reunión en la que los fiscales entregaron un documento explicando que no están a favor de aplicar la amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación. En su informe, sostienen que el ex presidente catalán tuvo ánimo de lucro y afectó a los intereses financieros de la Unión Europea, actos que, según ellos, quedan fuera de la amnistía según la propia ley. No obstante, consideraron que sí sería posible aplicar la amnistía a los delitos de desobediencia y desórdenes públicos relacionados con el procés.
En un encuentro previo, García Ortiz ya había señalado que no consideraba que el delito de malversación fuera inamnistiable y subrayó la importancia de cumplir el propósito de Pedro Sánchez de eliminar todos los delitos de los independentistas catalanes. Sin embargo, los fiscales insisten en que no acatarán su orden y pedirán la aplicación del artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Este artículo permite que, si un fiscal recibe una orden que considera contraria a las leyes o improcedente, puede elevar la cuestión a la Junta de Fiscalía para su reconsideración.
García Ortiz quiere situar a su número dos, María Ángeles González Conde, al frente de este caso de especial relevancia política y judicial. La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha ganado influencia en la Junta de Fiscales de Sala en los últimos años, lo que podría facilitar que García Ortiz consiga imponer su criterio sobre la amnistía, revertiendo así el informe de los fiscales que condenaron a los líderes del Gobierno autonómico de Cataluña por el referéndum ilegal.
El conflicto entre los fiscales y el fiscal general se intensificó cuando las medidas cautelares acordadas y las órdenes de detención contra Puigdemont no fueron levantadas al publicarse la Ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según fuentes fiscales consultadas, García Ortiz convocó a los fiscales para transmitirles que no aceptaba su informe y les ordenó presentar otro alternativo, a lo que los fiscales respondieron que no firmarían ningún informe distinto al suyo.
