El nuevo ministro de la Secretaría de Comunicación Social (Secom) del Gobierno de Lula, Laércio Portela, tiene una trayectoria profesional que levanta cuestionamientos y suscita discusiones sobre su actuación y alineación política. Portela, de 53 años, asumió el cargo tras la salida de Paulo Pimenta, quien fue trasladado para dirigir la Secretaría Extraordinaria de Apoyo a la Reconstrucción de Río Grande del Sur, elevando así el número de ministerios en la gestión actual de Lula. Será responsable de asignar los fondos de propaganda y publicidad del Gobierno a los medios de comunicación.
Laércio Portela es un nombre conocido en los bastidores de la comunicación política, especialmente por su relación con Franklin Martins, exministro de la Secom en el segundo Gobierno de Lula. Portela trabajó con Martins en la campaña de reelección de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, en 2012, desempeñando un papel crucial en la estrategia de comunicación y en el contacto con la prensa internacional. Según Poder360, Portela fue responsable de gestionar la comunicación con los periodistas y de desarrollar la estrategia de redes sociales de la campaña de Chávez, que estaba liderada por Franklin Martins.
La campaña de Chávez, conocida por su marketing agresivo y por el uso de recursos financieros poco transparentes, fue coordinada por el estratega brasileño João Santana, con el apoyo directo de Lula. En una delación premiada, Mónica Moura, esposa de Santana, reveló que Franklin Martins recibía pagos en efectivo, intermediados por Nicolás Maduro, entonces canciller venezolano, y entregados al equipo de campaña a través de Mónica. Moura afirmó: «Nicolás Maduro siempre fue muy desconfiado, no quería entregar dinero en efectivo a más de una persona, por el riesgo de la negociación» conforme relata la Revista Oeste. Aunque Portela formaba parte del equipo, no fue mencionado en las delaciones de João Santana y Mónica Moura, lo que indica que su participación directa en estos esquemas nunca se comprobó legalmente.
En plena crisis
El regreso de Laércio Portela a la Secom se produce en un momento de intensas críticas a la comunicación del Gobierno de Lula. La comunicación gubernamental ha sido criticada por no transmitir de manera eficaz las acciones y logros del Ejecutivo, especialmente en el área social. El propio Lula reconoció la necesidad de mejoras en esta área, atribuyendo la caída en su popularidad a la ineficiencia de la Secom. Además, Portela enfrentará desafíos internos significativos, como la disputa de poder entre la primera dama Janja Lula da Silva, la secretaria de Estrategia y Redes Sociales Brunna Rosa Alfaia, y los asesores directos del presidente.
Laércio Portela, descrito como un profesional discreto y eficiente, tendrá la difícil tarea de coordinar contratos millonarios para la comunicación digital del gobierno. Está al frente de un contrato valorado en R$ 197,7 millones (cerca de 34 millones de euros), considerado el más grande en la historia del Ejecutivo federal para el sector de comunicación. Su nombramiento, aunque interino, se ve con escepticismo, ya que muchos creen que Paulo Pimenta aún influye en las decisiones de la secretaría. La situación de Portela es compleja, ya que su condición de interino puede debilitar su actuación, pero su cercanía con Lula le garantiza un grado significativo de acceso e influencia.
La máquina de desinformación del Gobierno: «el Gabinete de la Osadía»
El nombramiento de Laércio Portela, con su pasado ligado a Hugo Chávez, levanta interrogantes sobre la dirección que podría tomar la comunicación del gobierno de Lula. En paralelo, el «Gabinete de la Osadía» (“Gabinete da Ousadia” en portugués) de Lula, una entidad de comunicación con raíces en los métodos digitales controvertidos del PT, está bajo escrutinio por su operación dentro del Palacio de Planalto.
Según Vinícius Valfré, este gabinete realiza reuniones matutinas diarias para definir la pauta del día y coordina una red de influencers digitales y agencias de comunicación, como Polo Digital Marketing, que presta servicios al PT desde 2021. El periodista Mario Sabino complementa que el ‘Gabinete de la Osadía’ es una actualización de las prácticas antiguas del PT, que incluye milicias digitales y ‘blogs sucios’, utilizados para atacar a adversarios y difundir desinformación.
Entre los principales nombres de este esquema está Thiago Reis, un influencer digital con más de 1,5 millones de suscriptores en su canal de YouTube, acumulando más de 1 mil millones de visualizaciones desde 2017. Según Estadão, Reis utiliza su plataforma para promover información descontextualizada y noticias falsas, ganando aproximadamente 100.000 euros al mes con esta práctica. Reis es conocido por sus títulos sensacionalistas y por difundir noticias falsas sobre figuras políticas, incluidas alegaciones de que el apuñalamiento a Jair Bolsonaro fue un montaje y que Luciano Hang habría matado a su propia madre durante la pandemia.
Curiosamente, mientras Thiago Reis se continúa lucrando con la difusión de desinformación, los influenciadores de derecha que adoptan prácticas incluso más suaves frecuentemente enfrentan la desmonetización o incluso la eliminación de sus cuentas en las plataformas de redes sociales. Si Thiago Reis estuviera ligado a un ala conservadora, como tantos influenciadores críticos del consorcio de poder PT/STF, muy probablemente su canal ya habría sido desmonetizado o eliminado.
La crítica en torno al «Gabinete de la Osadía» va más allá de la ética. Como relató Mario Sabino en Metrópoles, se trata de un intento descarado de usar recursos públicos para manipular la opinión pública y perseguir a los opositores. El periodista destaca que, a diferencia del pasado, ahora las reuniones ocurren en el propio Palacio de Planalto, evidenciando un claro desvío de finalidad administrativa.
Discrecionalidad judicial
Julia Zanatta, diputada federal (PL-SC), cuestiona: «Cuando era movilización a favor del Gobierno de Bolsonaro, era ‘gabinete del odio’ y ‘milicia digital’. ¿Y ahora? ¿Será que Alexandre de Moraes los incluirá en las investigaciones de milicia digital?». La comparación es pertinente, ya que revela la hipocresía y la selectividad en la condena de prácticas antidemocráticas, dependiendo de quién las comete. Dadas las relaciones íntimas de poder no republicanas entre el PT y el STF, lo más probable es que nada sea investigado.
En resumen, el tercer mandato de Lula está marcado no solo por escándalos políticos y económicos, sino también por un ambiente digital tóxico y manipulado. La estrategia del Gobierno, como observó Sabino, depende desesperadamente de una «propaganda de nada absoluto» para mantenerse en pie, evidenciando la crisis de credibilidad que permea la administración actual. En medio de esta crisis, Brasil paga el precio mientras los «títeres mediáticos» del PT se continúan lucrando con la desinformación, poniendo en riesgo los principios democráticos y la integridad del debate público.
