El mito de la educación pública es probablemente uno de los fetiches que más fanatismo produce en la izquierda. Y decimos mito, porque a estas alturas, esa pretensión no es más que voluntarismo que no reconoce el aporte de otras instituciones como las iglesias y corporaciones a la educación. Finalmente, no importa tanto quién dé la educación, sino que ésta sea de calidad.

Contrario a lo que ha sido la pretensión homogeneizante de la educación pública, el sistema educativo chileno se ha caracterizado por otorgar el derecho preferente a los padres a educar a sus hijos y darles la libertad de elegir el proyecto educativo que quieren para ellos. Este sistema también ha permitido que diferentes actores de la sociedad civil puedan participar de la provisión de educación a través de diferentes proyectos educativos, que han permitido asegurar la diversidad de nuestra educación. De esta forma, se ha asegurado que la libertad de enseñanza sea efectiva y que los padres pueden elegir el proyecto más adecuado que consideran como familia, para sus hijos.

Actualmente, el 55% de los niños más vulnerables de Chile estudia en un colegio que es una fundación educacional privada sin fines de lucro, y el 90% las familias no pagan una mensualidad. Para que las familias no paguen, es el Estado quien da un aporte a este tipo de establecimientos, así quienes tienen menos recursos, no solo tienen la opción de elegir dentro de los colegios estatales cercanos a su hogar, sino que también pueden elegir entre más opciones gracias a un Estado que permite y financia a la sociedad civil para proveer de diferentes proyectos educativos, facilitando el acceso de las familias más vulnerables a proyecto educativo diversos.

Sin embargo, el proceso constituyente ha puesto en riesgo estas libertades. La izquierda que demoniza como “neoliberal” o “capitalista” cualquier opción que no sea el estatismo asfixiante, los ha llevado a querer destruir uno de los motores del desarrollo chileno de los últimos 30 años. Estos derechos consagrados en nuestra Constitución vigente y en diferentes tratados internacionales dejarán de existir, puesto que el prejuicio ideológico de la izquierda es desconfiar de todo cuanto no esté fuera de la férula estatal, sobre todo si son los individuos o las familias quienes tienen la decisión en sus manos.

La convicción de la izquierda es que debe ser el Estado quien tome la decisión respecto de la educación de miles de niños y adolescentes, y no sus padres. El rol subsidiario y solidario del Estado no son más que un pretexto para «someter» a las reglas del mercado derechos sociales como la educación.

Pero lo cierto es que lejos de lo que piensa la izquierda, la libertad de enseñanza es más que un derecho que tiene una dimensión de prestación estatal: es la garantía para que las familias puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Es un presupuesto para cualquier sociedad que pueda decirse verdaderamente libre y plural. Sin ello, sólo queda la alternativa del Estado que, controlado por la élite de turno, tiene a su disposición un arma tan poderosa como silenciosa: administrar los recursos educativos, definir sus contenidos y, en definitiva, la posibilidad de configurar la mentalidad de millones de personas.

En Chile, la Convención Constitucional ha innovado y creó una libertad de enseñanza sui generis en la nueva Constitución, en que ésta es posible no en tanto existan infinitas ideas y corrientes de pensamiento en el universo social coherente con un sano pluralismo democrático, sino únicamente en razón de los principios y valores propios de la nueva Constitución. Es decir, se trata de una libertad de enseñanza condicionada a las concepciones prefijadas en la nueva Constitución.

La libertad de enseñanza requiere de un compromiso concreto del Estado con las organizaciones y los cuerpos intermedios de la sociedad, no sólo de respetar las motivaciones para emprender un proyecto educativo, sino que, además, incentivarlos jurídicamente y económicamente. La realización material y espiritual de las personas va inseparablemente ligada a la educación. Si el Estado debe contribuir decididamente al bien común, es decir, a la mayor realización material y espiritual posible de todos y cada una de las personas, debe contribuir directamente a la consolidación de un sano pluralismo social a través de la garantía de la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Esto no inhibe del todo la acción del Estado, sino que lo circunscribe a su rol subsidiario: dónde y cuándo sea necesario, no como actor monopólico ni protagonista.

Estas definiciones que algunos, sin el menor rubor, han denominado “pretensiones neoliberales”, están reconocidos actualmente en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, particularmente el Pacto de San José de Costa Rica. En ese sentido, resulta cuestionable que la nueva Constitución pretenda ir contra una norma que trasciende la coyuntura político-constitucional de Chile, que está consagrada como derecho humano en un tratado y que, por mandato constitucional, está impedido de realizar modificaciones.

El camino tomado por la Convención Constitucional no es el que las familias chilenas quieren ni necesitan. A pesar de que la propaganda política ha puesto en entre dicho la educación particular privada y subvencionada, han sido éstas las que han permitido extraordinarios niveles de escolaridad.

Inevitablemente, la falta de una norma que reconozca la libertad de enseñanza impone el germen totalitario en nuestra sociedad, so pretexto de introducir igualdad. ¿No ha sido siempre esta la excusa para controlar la vida pública y privada de las personas?

Ninguna sociedad es verdaderamente libre ni plural sin libertad de enseñanza. Corremos el riesgo de ser una sociedad tutelada por pedagogos-burócratas, cuya cátedra no sea más que lo útil y conveniente para sobrevivir, y no lo verdadero y necesario para trascender.