Bajo la égida demócrata, la democracia más poderosa y consolidada del planeta acelera su peligrosa deriva hacia la tiranía ‘woke’. El último paso en esta dirección lo ha dado el Departamento de Justicia, en manos del fiscal general Merrick Garland, el terror de los padres de hijos en edad escolar, con una iniciativa de 10 millones de dólares de coste para combatir los ‘delitos de odio’ y otros incidentes “relacionados con los prejuicios”.
Como todo el mundo sabe, «delito de odio» es la orwelliana etiqueta que se han sacado de la manga las democracias occidentales para poder combatir las posiciones disidentes sin que parezca a la flagrante vulneración de la libertad de expresión que realmente es. Y Estados Unidos va muy adelantado en este camino desde que Joe Biden ocupa la Casa Blanca: hace poco, la Cámara de Representantes ya aprobó leyes que autorizan la creación de oficinas dentro de los distintos departamentos del gobierno para supervisar el “terrorismo interno” y los susodichos delitos de odio.
El Departamento de Justicia ya ha publicado una guía, en colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), para concienciar a la población sobre delitos de odio durante la pandemia.
Y, ya puestos, recompensar a los chivatos. La iniciativa prevé cinco millones en ayudas para establecer «líneas directas de denuncia de delitos de odio» y apoyar «enfoques comunitarios para prevenir y abordar los delitos de odio». El DOJ. por sus siglas en inglés, también contratará a su primer “coordinador de acceso lingüístico”, que no tenemos ni idea de lo que pueda ser, aunque nos tememos lo peor.
“A lo largo de nuestra historia, y hasta el día de hoy, los crímenes de odio han tenido un impacto singular debido al terror y el miedo que infligen en comunidades enteras”, dijo Garland en un comunicado. “Nadie en este país debería tener que temer la amenaza de la violencia alimentada por el odio. El Departamento de Justicia continuará usando todos los recursos a su disposición para confrontar los actos ilegales de odio y responsabilizar a quienes los perpetren”.
El anuncio del DOJ se produce en el primer aniversario de la promulgación de las leyes de Crímenes de Odio COVID-19. Desde enero de 2021, el Departamento de Justicia asegura haber logrado más de 35 condenas de acusados de “delitos motivados por prejuicios”.
