La exministra de Igualdad Irene Montero no ha tardado en reaccionar a la absolución de Dani Alves por presunta violación, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Lejos de asumir el varapalo judicial que ha supuesto para su fallida Ley del «sólo sí es sí», Montero ha vuelto a cargar contra los jueces, acusándolos de «violencia institucional» y de representar una «justicia patriarcal». Es decir, ha señalado directamente a quienes aplican las leyes que ella misma impulsó.
Montero, autora intelectual de una de las reformas legales más desastrosas del Gobierno de Sánchez, ha criticado que el tribunal no haya condenado al futbolista a pesar de que la fórmula «sólo sí es sí» quedó incorporada al Código Penal por obra de su ministerio. Según esa redacción, el consentimiento sólo existe cuando se manifiesta «libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona». Pero los jueces no lo han visto así.
Y no es el primer caso. Desde que entró en vigor la ley hace más de dos años, las audiencias provinciales y los tribunales superiores han dictado decenas de absoluciones por falta de pruebas, como en el caso de Alves. Lejos de suponer un avance, la ley de Montero acabó vaciando de contenido conceptos esenciales como la violencia o la intimidación, rebajando las penas a más de 1.200 agresores sexuales y liberando a más de un centenar. Un auténtico boquete legal que el propio Tribunal Supremo terminó confirmando como inevitable: los jueces solo aplicaron lo que la ley permitía.
En el caso de Dani Alves, la sentencia que inicialmente lo condenó a cuatro años y medio —ya por debajo de los seis que le habrían correspondido sin la reforma— ha sido revocada por el TSJ catalán. ¿El motivo? Vacíos, contradicciones y falta de pruebas sólidas. Y todo ello decidido por un tribunal compuesto por tres mujeres y un hombre, todos con trayectoria en causas feministas, algunos incluso propuestos por el PSOE o miembros de asociaciones judiciales progresistas.
La sentencia deja claro que no se acredita la versión de la denunciante. Eso no significa que se dé por buena la de la defensa, pero basta con sembrar la duda razonable para que el acusado sea absuelto. Es la base del Estado de derecho: la presunción de inocencia.
Aun así, el caso no está cerrado. La denunciante y la Fiscalía pueden presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Pero el estrecho margen de la casación y el hecho de que la absolución no se basa en un error jurídico, sino en la valoración de las pruebas, hace muy difícil que se revoque.
Si el Supremo confirma la absolución, Dani Alves podrá incluso reclamar una indemnización por los 14 meses que pasó en prisión provisional. Y Montero, una vez más, quedará retratada como la autora de una de las leyes más nocivas para las mujeres, la Justicia y el sentido común.
