El Gobierno de Pedro Sánchez entregó 56 millones de euros públicos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales. Así lo desvela Libertad Digital, tras acceder a un documento con las treces ayudas que el Ejecutivo socialista concedió a la RFEF entre 2019 y 2022. Las partidas fueron adjudicadas por los Ministerios de Cultura y Economía a través del Consejo Superior de Deportes y el Instituto de Crédito Oficial.
La mayor parte de los fondos públicos, 37.600.000 euros, eran, supuestamente, para «la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado». La titular del Juzgado de Instrucción nº 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, investiga al expresidente de la RFEF en una trama de mordidas. En concreto por presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Según el mismo medio, el Gobierno adjudicó en el 2019 a la Federación 60.429 euros en «ayudas las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer». También 131.220 euros en «ayudas para la protección social de los deportistas de alto nivel», entre otras cosas.
Entregó 8.360.540 euros en «ayudas en 2020 para la protección social y el fomento del asociacionismo en el fútbol femenino y aficionado». Se otorgsron 10.500.000 euros en «avales a financiación a empresas y autónomos para paliar efectos del COVID-19».
Además de investigar estos pagos, la magistrada pedía a unos 15 bancos que le faciliten información sobre 36 cuentas bancarias de las que es titular Rubiales. Igualmente, quiere detalles de 96 cuentas bancarias a nombre del exjugador del FC Barcelona Gerard Piqué.
Según consta en un auto, Delia Rodrigo, acordó dichas diligencias en diciembre de 2022 —a petición de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil—. La instructora ordenó los requerimientos a las entidades bancarias en el marco de una pieza separada que estaba bajo secreto de sumario. Tanto las acusaciones como las defensas han tenido conocimiento esta semana, después de levantar el secreto el 27 de marzo. Y avisaba de que la Fiscalía Anticorrupción y la UCO podrían pedir «directamente» a las entidades bancarias nuevos datos «según vaya avanzado la investigación».
Asimismo, ha emplazado a los bancos a que le informen si desde las cuentas que señala se realizaron transferencias internacionales en dicho periodo. También reclamaba que identifiquen cualquier producto bancario o financiero, así como cajas de seguridad que tengan.
