La titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga ha nombrado un administrador judicial durante un periodo de seis meses en el Málaga CF, por lo que el presidente, Abdullah Al Thani, y sus hijos Nasser, Nayef y Rakan quedan apartados de la gestión del club.
Fuentes judiciales indicaron que la magistrada ha dictado dos autos y que en uno de ellos estima las medidas cautelares solicitadas por el fiscal y la Asociación de Pequeños Accionistas de Málaga (APA), por lo que nombra una administración judicial durante seis meses, periodo que podrá ser prorrogado.
En la otra resolución, la jueza requiere a los querellados que de manera conjunta presten una fianza de 5.443.566 euros a fin de asegurar las posibles responsabilidades civiles que podrían derivarse de los hechos, tras la querella que presentó la APA por presuntos delitos de administración desleal y apropiación indebida.
Estas resoluciones se producen después de que el pasado martes se celebrara una vista en este juzgado malagueño para discutir sobre el recurso de reforma interpuesto por la APA para conseguir la intervención judicial del club.
La magistrada ha adoptado estas medidas cautelares con el objeto de «evitar» que la actividad supuestamente delictiva en la gestión del Málaga «se siga llevando a cabo por los supuestos responsables, con el consiguiente perjuicio e imposibilidad de restauración de la situación inicial si la misma se continuase llevando a cabo».
Nombra como administrador judicial a José María Muñoz Jiménez, que fue propuesto por el Ministerio Público al considerarlo idóneo para esta función por su conocimiento en la materia y procedimientos previos en los cuales ha intervenido.
La administración judicial se desarrollará por un tiempo de seis meses, pero se prorrogará, de forma automática, por periodos iguales de seis meses y comprenderá la totalidad de la organización de la Sociedad Anónima Deportiva Málaga Club de Fútbol y de Nas Football, SLU.
Por tanto, el administrador asumirá la gestión mercantil de ambas sociedades y dará cuenta al Juzgado de forma trimestral de cualquier incidencia relativa a dicha gestión, tanto a requerimiento judicial como de oficio.
La jueza subraya en su resolución que el administrador tendrá acceso a todas las instalaciones y locales de las empresas, además de potestad para recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones, y tomará posesión al día siguiente de la notificación del auto, por lo que previsiblemente comenzará este viernes sus funciones.
Autoriza al administrador para que cuente con ayuda de un auditor, contable o economista, entre otros, si lo considera necesario, además de que tendrá que realizar una evaluación de las cuentas anuales presentadas por los anteriores miembros del consejo de administración y elaborar un informe sobre la solvencia y viabilidad de la entidad.
Estas resoluciones judiciales han sido adoptadas, por un lado, para «asegurar la investigación, evitando la desaparición de pruebas» y, por otro, para «la protección de la víctima del delito», ya que los hechos objeto de la investigación podrían conllevar un delito de administración desleal, apropiación indebida y blanqueo de capitales.
La jueza destaca en su auto el informe elaborado con carácter provisional por la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional -que está incorporado a una pieza declarada secreta-, del que se desprende que esta sociedad limitada unipersonal «no tiene otra actividad que servir de instrumento para conseguir fondos de la SAD (Sociedad Anónima Deportiva) y titularizar un total de unas 583.948 acciones de la misma».
Para la magistrada, resulta evidente que las mayorías detentadas por los querellados en ambas sociedades les ha permitido llevar a cabo «decisiones exclusivamente en su propio interés», como mejoras en su situación económica al fijarse retribuciones como personal de alta dirección.
