La Generalidad de Cataluña ha solicitado al Gobierno central una importante inyección económica para asumir de forma progresiva la gestión de todos los impuestos, en el marco de las negociaciones que mantiene con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según fuentes cercanas al proceso, el despliegue de un sistema fiscal propio implicará costes elevados, especialmente en materia de recaudación, personal y estructura, lo que ha llevado a los responsables catalanes a exigir un respaldo financiero estatal.
Uno de los argumentos clave planteados por los técnicos catalanes es el elevado coste de gestionar tributos desde una administración autonómica. En el modelo vasco, por ejemplo, las diputaciones forales presentan un coste de recaudación un 80% superior al de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). La Generalidad, que carece de experiencia en este campo, estima que sus gastos podrían ser incluso mayores en los primeros años, lo que justificaría la necesidad de apoyo económico adicional.
Además del dinero, Cataluña reclama un marco legal que ampare este nuevo esquema fiscal. Para ello, propone introducir una disposición adicional en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), que permita excluirla del sistema común, tal como ocurre actualmente con el País Vasco y Navarra. Esta modificación necesitaría ser tramitada y aprobada en el Congreso de los Diputados.
El acuerdo entre el Gobierno y la Generalidad, que forma parte de los compromisos con los partidos separatistas para garantizar la estabilidad parlamentaria, incluye también un refuerzo del papel de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en la gestión del IRPF. Durante la campaña de la renta de 2024, la ATC ya colaboró de forma activa junto a la AEAT en la atención a los contribuyentes, y ambas administraciones han acordado ampliar esta cooperación en la campaña de 2025.
