El Gobierno ha tenido que autorizar casi 200 millones de euros en suplementos de crédito y créditos extraordinarios entre enero y junio de 2026 para garantizar el normal funcionamiento de las mutuas colaboradoras y de los servicios comunes de la Seguridad Social.
En un contexto de Presupuestos prorrogados desde 2023, el Ejecutivo ha recurrido a un total de 39 ampliaciones presupuestarias para evitar la parálisis operativa de estas entidades, según consta en documentos oficiales remitidos por la Seguridad Social al Congreso.
Las concesión de créditos extraordinarios y los suplementos de créditos están regulados en la Ley General Presupuestaria de 2003, que también obliga al Gobierno a remitir a las Cortes un informe trimestral de los créditos concedidos.
En el primer trimestre del año, el Ejecutivo tuvo que autorizar 13 operaciones de este tipo por un importe total de 76,16 millones de euros. En el segundo trimestre del ejercicio la cifra se elevó hasta los 121,2 millones de euros en 26 operaciones.
Los diferentes créditos concedidos, según consta en el documento, se han utilizado para hacer frente a las nóminas del personal, a gasto corriente en bienes y servicios y diferentes inversiones necesarias no contempladas en la planificación de hace tres años.
En lo que respecta a los gastos de personal, las mutuas han necesitado inyecciones millonarias para adaptar las retribuciones de sus plantillas a los incrementos salariales aprobados en los últimos ejercicios. Especialmente en el segundo trimestre, donde entra el mes de junio y muchos empleados cobran la paga extraordinaria de verano.
En este apartado destaca Asepeyo, que ha recibido un suplemento de crédito de 14,3 millones de euros entre abril y junio para pagar las nóminas. Siguiendo con los créditos destinados al pago de personal durante el segundo trimestre, la mutua M.A.Z ha recurrido a 5,27 millones; y le siguen Egarsat, con 4,9 millones; Mutua Balear, con 4,52 millones; y Solimat, con 1,48 millones de euros adicionales.
En el primer trimestre el único suplemento de crédito destinado a gasto de personal fueron los 2,22 millones concedidos a Mutua Navarra. No obstante, entre enero y marzo destacan los suplementos de 27,4 millones otorgados a Fremap, de 18,15 millones de Mutual Midat Cyclops y los 7,2 millones de Ibermutua. En los tres casos fueron destinados a gastos corrientes.
El documento remitido a las Cortes relativo al segundo trimestre revela además que la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) requirió un suplemento de crédito de 24,2 millones de euros destinado a transferencias corrientes, mientras que la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) fue autorizada a gastar un suplemento de 20,2 millones.
La autorización de estos créditos a la Seguridad Social se produce en un contexto de tensión financiera para la institución, que a cierre de 2024 acumulaba una deuda de 106.000 millones de euros, según el informe de fiscalización sobre la Cuenta General del Estado de ese año elaborado por el Tribunal de Cuentas.
El organismo fiscalizador alertó de que el balance de la Seguridad Social se financia principalmente con préstamos estatales y, además, avisó de un «importante déficit estructural» de 2.677,3 millones en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las propias mutuas.
